lunes, 27 de enero de 2014

Compra de Dólares. Resolución General 3583.

Impuesto a las Ganancias. Impuesto sobre los Bienes Personales. Adelanto de impuesto. Adquisición de moneda extranjera para tenencia de billetes extranjeros en el país en función a las pautas operativas que determine el Banco Central de la República Argentina. Su implementación.

Bs. As., 24/1/2014
VISTO el Artículo 22 de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, el Artículo 39 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, y CONSIDERANDO: Que la Resolución General Nº 3.450 y su modificatoria, estableció un régimen de adelanto de impuesto a las ganancias y/o bienes personales respecto de ciertas operaciones. Que decisiones de política económica aplicadas por el gobierno nacional tornan aconsejable extender la utilización de esa herramienta fiscal a la adquisición de moneda extranjera efectuada por personas físicas para tenencia de billetes extranjeros en el país, de acuerdo a las pautas operativas que, en el marco de la política cambiaria, determine el Banco Central de la República Argentina (B.C.R.A.). Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación, las Subdirecciones Generales de Asuntos Jurídicos, de Fiscalización, de Recaudación, de Coordinación Técnico Institucional, de Sistemas y Telecomunicaciones y de Técnico Legal Impositiva, y la Dirección General Impositiva. Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 22 de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, el Artículo 39 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, y por el Artículo 7° del Decreto N° 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios.

Por ello,
EL ADMINISTRADOR FEDERAL DE LA ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS RESUELVE:

OBJETO

Artículo 1° — Establécese un régimen de percepción del VEINTE POR CIENTO (20%) que se aplicará sobre las operaciones de adquisición de moneda extranjera efectuadas por personas físicas para tenencia de billetes extranjeros en el país de acuerdo a las pautas operativas que, en el marco de la política cambiaria, determine el Banco Central de la República Argentina (B.C.R.A.). No será aplicable la percepción cuando la moneda extranjera adquirida sea depositada, por un lapso no inferior a 365 días, en una cuenta de una entidad financiera comprendida en la Ley N° 21.526 y sus modificaciones, a nombre del adquirente de la misma y conforme el procedimiento que establezca el Banco Central de la República Argentina. En el supuesto de que la moneda extranjera adquirida y depositada se retire antes del plazo de 365 días, la percepción se aplicará en oportunidad de su retiro de la cuenta bancaria respectiva.

CARACTER DE LA PERCEPCION

Art. 2° — La percepción que se practique por el presente régimen se considerará pago a cuenta de los tributos que, para cada caso, se indica a continuación: a) Personas Físicas adheridas al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) y que no resultan responsables del Impuesto a las Ganancias: Impuesto sobre los Bienes Personales. b) Demás Personas Físicas: Impuesto a las Ganancias.

SUJETOS OBLIGADOS A ACTUAR COMO AGENTES DE PERCEPCION Y SUJETOS PASIBLES DE RETENCION

Art. 3° — Deberán actuar en carácter de agentes de percepción las entidades autorizadas a operar en cambios por el Banco Central de la República Argentina (B.C.R.A.). Serán pasibles de la percepción que se establece en el presente régimen las personas físicas que efectúen las operaciones señaladas en el Artículo 1°.

OPORTUNIDAD EN QUE DEBE PRACTICARSE LA PERCEPCION. COMPROBANTE DE LA PERCEPCION.

Art. 4° — La percepción deberá practicarse en el momento de efectivizarse la operación cambiaria o, en su caso, en la oportunidad aludida en el tercer párrafo del Artículo 1°.

INGRESO E INFORMACION DE LA PERCEPCION

Art. 5° — A los efectos del ingreso e información de las percepciones se utilizarán los códigos que, para cada caso, se detallan a continuación:
ImpuestoRégimenDenominación
219909Venta de moneda extranjera para tenencia - Personas Físicas - Régimen Simplificado para pequeños contribuyentes.
217910Venta de moneda extranjera para tenencia - Demás personas físicas.

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 6° — La Resolución General Nº 3.450 y su modificatoria, será de aplicación supletoria en todo lo no previsto en la presente.

Art. 7° — Las disposiciones de la presente resolución general entrarán en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 8° — Regístrese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Ricardo Echegaray.

Fuente: http://www.boletinoficial.gov.ar/Inicio/Index.castle

miércoles, 4 de septiembre de 2013

Anulan fallo de Juzgado en presunta maniobra fraudulenta contra un menor

Cipolletti (ADN).- El Superior Tribunal de Justicia declaró la nulidad de una resolución del Juzgado Civil Nº7 de Cipolletti, dictada hace 13 años, que homologó un acuerdo de pago para la cancelación de un conflicto sucesorio. En medio de la cuestión está un menor y la presunta actuación fraudulenta que supondría ocultamiento de valiosos bienes inmuebles, entre los que figuran un hotel en Neuquén.
La nulidad de la resolución del Juzgado cipoleño fue dispuesta el 29 de agosto pasado por el máximo organismo judicial rionegrino.
Oportunamente, la Procuración General del Poder Judicial consideró que “los vicios de fondo advertidos de consuno con la ausencia de un accionar protectivo en salvaguarda del interés superior de quien fuera -por entonces- menor de edad; más la prueba producida ante el juez delegado de trámite que evidencia el ocultamiento fraudulento del acervo, constituyen una cuestión de gravedad institucional que amerita la declaración de nulidad de la homologación del acuerdo particionario y de todo lo actuado con posterioridad”.
Agregó la inconveniencia del acuerdo para los intereses del menor y señaló que “es evidente la existencia de una actuación fraudulenta que supuso el ocultamiento de bienes, la utilización de valuaciones fiscales irrisorias en beneficio de . C.(hermano de la causante) y en claro perjuicio del entonces menor de edad manipulando de esta manera los derechos del recurrente”.
Describió que, de la prueba ofrecida, surge la existencia de una sociedad de hecho vinculada con un comercio de venta de zapatos cuyo contrato data del 30 de mayo de 1986; sociedad que no fue incluida oportunamente en el acervo hereditario, no obstante el conocimiento de su existencia y de la participación de la madre (ya fallecida) del menor, con un 15 por ciento del capital social en el contrato originario, evidenciándose así “el ocultamiento malicioso de los bienes administrados por la mencionada sociedad”.
La maniobra fraudulenta consistió además en el cambio de contrato social y la sociedad comenzó a girar comercialmente con otro nombre y que operó comercialmente en actividades de tienda-calzados-deportes y servicio de hotelería.
El organismo judicial indicó también se despojó al menor de cualquier porcentaje que como heredero le correspondía.
La dimensionar la cuestión planteada la pericia efectuada por una perito tasadora situó el valor del hotel (ubicado en Neuquén) en $4.921.000 al año 2010. “Ello vale para ilustrar la clara maquinación fraudulenta de los adultos intervinientes en la sucesión en perjuicio del entonces menor de edad”.
Entre otras consideraciones, el juez superior Enrique Mansilla coincidió con el dictamen de la Procuración General.
En un párrafo de la extensa resolución del STJ se añadió que “…se desprende que a enero de 1999, sólo por la supuesta exclusión maliciosa de la causante de la sociedad de hecho que conformaba con sus padres y hermanos, se estaría perjudicando al sucesorio en un monto estimado mínimo de U$S 241.505,00 al 31 de enero de 1999”. (ADN).
Fuente: http://adnrionegro.com.ar/2013/09/anulan-fallo-de-juzgado-en-presunta-maniobra-fraudulenta-contra-un-menor/

Ver fallo:
 http://www.jusrionegro.gov.ar/inicio/redjudicial/muestraprov_action_eab.php?id=5225378

lunes, 8 de julio de 2013

Control de los límites de embargabilidad del salario (FALLO INÉDITO).


Organismo: Camara Laboral 1, Sec 2

Ciudad: Cipolletti

N° Expediente: 14596

N° Receptoría: 14596

Fecha: 2013-07-04

Carátula: LUCINI ERNESTO ALFREDO C/ BANCO PATAGONIA S.A S/ ACCION DE AMPARO (ART. 43 C. PCIAL)

Descripción: AMPARO

En Cipolletti, Provincia de Río Negro, a los días del mes de Julio del año Dos Mil Trece, reunidos en acuerdo los Sres. Jueces de la Cámara del Trabajo de la Cuarta Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, con asiento de sus funciones en esta ciudad, para resolver en los autos caratulados: “LUCINI ERNESTO ALFREDO C/ BANCO PATAGONIA S.A. S/ AMPARO” (Expte. Nº14.596-CTC-2013).-----------------------------

VISTOS: Los autos precitados, puestos a despacho para su resolución, en los que a fs. 1/16 vta., se presenta el amparista Sr. Ernesto Alfredo Lucini, con patrocinio letrado y constituyendo domicilio procesal, iniciando formal Acción de Amparo contra el Banco Patagonia S.A., a fin de que le libere/restituya los fondos depositados por su empleador, el Consejo Provincial de Salud de la Provincia de Río Negro, en concepto de haberes y en su cuenta sueldos en fecha 6 y 7 de mayo de 2013, que resultaran ilegítimamente retenidos por dicha entidad bancaria. Solicita se declare la ilegitimidad e ilegalidad de la medida. Argumenta la urgencia de lo peticionado por el carácter alimentario del salario y por no contar con otro medio de vida que no sea su profesión dependiente. Alude a la competencia de este Tribunal para entender en el presente trámite. Relata que es agente público, médico de planta permanente en el área de salud, prestando servicios en el Hospital Cipolletti. Que percibe sus haberes mediante una cuenta sueldos que individualiza, abierta en el Banco Patagonia S.A. –agente financiero del Estado rionegrino-. Que dicha cuenta se utiliza sólo para el depósito de sus haberes. Que asimismo contaba con tarjetas de crédito Visa y Mastercard y un préstamo personal otorgados por la entidad bancaria. Que por situaciones personales se le inhibieron las referidas tarjetas con un saldo deudor que debe afrontar y que detalla respecto a cada tarjeta. Que con los salarios de Abril/2013 el Banco efectuó un bloqueo de $6000 en su cuenta sueldos para imputarlo al pago de la tarjeta Mastercard, lo que motivó que notificara al banco su voluntad de cese de los descuentos que excedieran los $2000, a efectos de renegociar el pago adeudado y a su vez permitirle atender sus necesidades elementales, y solicitó al banco le restituyera lo retenido en exceso. Que formalizó propuestas de pago, que al principio el banco se pronunció por la viabilidad de alguna modalidad de pago consensuada, pero que luego rechazó telefónicamente el día viernes 3 de mayo de 2013. Que pese a la orden de cesar con los débitos, el banco le retuvo el 100% de su salario para imputarlo al cobro de sus acreencias. Que luego en fecha 7 de mayo, y al depositarle su empleador las horas extras trabajadas, el banco volvió a bloquear y retenerle el 100% de lo depositado esta vez para cubrir en parte las obligaciones de la tarjeta Visa -$4930,51- y el saldo -$2301,53 fue imputado a amortización del préstamo otorgado, cuyo mecanismo de pago habitual no es el débito en cuenta. Que el banco se irroga facultades de juez ejecutivo. En síntesis, manifiesta que el banco retiene el total del salario sin intervención ni control judicial alguno, haciendo caso omiso al decreto 6754/43 ratificado por ley nacional 13.894. Que la conducta del banco es abusiva y perjudicial para su economía de asalariado y que vulnera los más elementales derechos del ciudadano. Cita diversos fallos judiciales. Fundamenta los requisitos formales de admisibilidad de la acción de amparo. Ofrece prueba documental. Funda en derecho. Solicita como medida cautelar la acreditación en cuenta y libre disponibilidad de los haberes depositados en fechas 6 y 7 de mayo de 2013, arguyendo que se dán los presupuestos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora, ofreciendo como contracautela la caución juratoria. Peticiona en consecuencia.--------------------

A fs. 17, se lo tiene por presentado, parte y con domicilio constituído, por iniciada acción de amparo, y en cumplimiento del art. 43 de la Constitución Nacional se requiere mediante oficio un pedido de informes al Banco Patagonia S.A. Suc. Cipolletti, el que a fs. 20 es reiterado por el Tribunal para que dicha entidad bancaria cumplimente lo solicitado, bajo apercibimiento de una multa diaria y remisión a la justicia penal por incumplimiento a una orden judicial.------------------

A fs. 22, el amparista denuncia como hecho nuevo haber advertido otro débito de su cuenta sueldos, en fecha 24/5/2013, esta vez por la suma de $1563,32, correspondiente y aplicado a amortización sobre el préstamo adeudado, aclarando que su cuenta sueldo en dicha oportunidad se encontraba en cero, y que luego de ese nuevo descuento la cuenta ha quedado con saldo negativo, es decir vulgarmente se encuentra “en rojo”.--------------------

A fs. 23/24, el Banco Patagonia S.A. contesta el pedido de informes solicitado por este Tribunal.--------------------------

A fs. 25, se fija audiencia de conciliación para el día 5 de junio de 2013 a las 12.00 hs., en uso de las facultades del art. 12 de la L.1504.----------------------------------------

A fs. 27 y vta., el amparista se presenta nuevamente y solicita el dictado de una medida cautelar con pronto despacho, a efectos de que el Banco Patagonia S.A. no efectúe otros descuentos en su caja de ahorros hasta tanto se dicte sentencia en autos, fundamentando el pedido en su angustiante situación, por la que ya no cuenta con el dinero mínimo para solventar sus necesidades más esenciales; a lo que a fs. 28, el Tribunal resuelve librar oficio al Banco Patagonia S.A. Sucursal Cipolletti, a fin de que proceda a suspender los descuentos efectuados sobre los fondos que tenga depositados el amparista, hasta tanto se resuelva la cuestión planteada en autos.------------------------------------

A fs. 35/36, el amparista denuncia el incumplimiento de la orden judicial por parte de la entidad bancaria, efectuándole nuevos descuentos.----------------------------------

A fs. 38, obra acta de la audiencia de conciliación, a la que asisten el Sr. Lucini con su letrado patrocinante el Dr. Larrion, y por la demandada lo hace el Dr. Jorge Gómez, constituyendo domicilio, y comprometiéndose a regularizar la situación en un plazo de 48 horas dando debido cumplimiento a la orden judicial y restituyendo al actor en su cuenta las sumas indebidamente descontadas con posterioridad al 30 de mayo de 2013, con la rendición y acreditación en autos de su debido cumplimiento dentro del mismo plazo. Asimismo se compromete a acompañar, en un plazo con vencimiento en fecha 12 de junio, la documentación suscripta por las partes y relacionada con todos los productos bancarios que el Sr. Lucini tenga con el banco demandado. En ese estado las partes solicitan la suspensión del trámite hasta dicha fecha a los fines de posibilitar un acuerdo que ponga fin a la controversia planteada, a lo que el Tribunal resuelve tener presente lo manifestado y acordado por las partes.---------------------------------------------------------

A fs. 39/42 y vta., el Dr. Gómez acredita personería en representación del Banco Patagonia S.A., acompaña resumen de cuentas y hace saber que su representada devolvió la suma de $3740 debitada al amparista el 5/6/2013 en concepto de cuota de amortización del préstamo adeudado, y en cumplimiento de la orden judicial emanada de este Tribunal. Realiza además apreciaciones que surgen de las registraciones existentes en dicho resumen, en particular hace mención a cuatro extracciones por cajero automático realizadas por el actor y diferentes débitos automáticos, indicando que el accionante intenta frustrar al banco el cobro de su crédito.-----------------------

A fs. 44, el amparista, ante la inexistencia de tratativas de acuerdo, solicita se dicte sentencia, y en un “otrosi digo”, a mano alzada, agrega que lo que el banco interpreta como un intento de frustrar su crédito por parte del actor, son sencillamente gastos de subsistencia que se solventan mediante extracciones por cajero.----------------------------------------

A fs. 45/93, el apoderado del banco accionado, acompaña documentación en cumplimiento a lo dispuesto en la audiencia de fecha 5/6/2013. En su escrito, bajo el título de Antecedentes, hace mención y detalla los productos y servicios que el Sr. Lucini tiene contratados con el banco en un sistema denominado “Patagonia Plus”, y que ofrece: cuenta corriente, caja de ahorro, tarjeta de débito, tarjetas de crédito Visa y Mastercard, crédito en cuenta corriente, préstamo personal y un anticipo de fondos proporcional al sueldo que se denomina “Patagonia Anticipo”. Especifica y se refiere en extenso a las cláusulas contractuales pactadas, algunas de las cuales transcribe en su escrito, y a las condiciones y compromisos asumidos por las partes del sinalagma. Dedica un apartado al préstamo gestionado y otorgado al amparista, que detalla y sobre lo cual adjunta documental, transcribiendo las condiciones pactadas que regulan dicho préstamo bancario. En otro punto, se refiere a la deuda por tarjetas de crédito y al acuerdo de crédito en cuenta corriente. Y como corolario, sostiene que la cuestión ventilada es de naturaleza comercial, vinculada con la actividad bancaria, y que esta vía excepcional del amparo no es la idónea para vehiculizar la pretensión actoral. Que el amparo no es la herramienta para revisar el contenido de los contratos, ni para ser utilizado como un proceso concursal contra ciertos y algunos acreedores. Que tampoco puede corregir o neutralizar desequilibrios financieros provocados por una mala administración del propio deudor. Y concluye, diciendo que el amparista es deudor del banco. Que el banco tiene derecho a cobrar las deudas impagas a través de los mecanismos contractuales pactados. Que el banco está autorizado a debitar de cualquiera de las cuentas del deudor los créditos a cobrar. Que el amparista actuó de mala fé al querer frustrar la cobranza de sus deudas, instruyendo a su empleador para que no le descontara más la cuota del préstamo, sustrayendo los fondos acreditados en sus cuentas, y luego promoviendo este amparo invocando urgencia y necesidad con la finalidad de impedirle al banco que cobre sus legítimas acreencias. Por último, que el Banco Patagonia no es responsable del endeudamiento del actor, ni de su mala administración, por lo que no corresponde que sus derechos sean postergados. Solicita el cese de la medida cautelar y el rechazo de la demanda de amparo.-------

A fs. 94, se corre traslado al actor por el término de ley, quien se presenta a fs. 95 y vta. para contestar. Impugna la documentación acompañada por el banco, por abusiva, que el banco ofrece un producto financiero específicamente ideado para trabajadores dependientes que perciben sus haberes a través del Banco Patagonia. Que cualquier afectación del salario por encima de los límites legales resulta de dudosa legalidad. Que los contratos bancarios deben ceder ante el Orden Público y que de ninguna manera sus cláusulas pueden importar una renuncia a derechos indisponibles del trabajador. Que su carácter de deudor no aparece controvertido, ni se ha cuestionado el derecho del banco acreedor a percibir su crédito. Sólo se agravia por la modalidad con que el mismo ha procedido. Ratifica para el caso la idoneidad de la vía del amparo. Que a la demandada puede resultarle razonable y hasta justo la retención total del salario a una persona en cumplimiento de compromisos asumidos, pero esa razonabilidad surge evidentemente encontrada con la verdadera legalidad y el más elemental criterio de justicia. Que no ha actuado de mala fé. Que innumerables veces concurrió al banco a efectos de buscar una solución previo a solicitarle a su empleadora la suspensión de los débitos. En resumen, dice que no justifica el banco en qué normativa se escuda para disponer sin juicio de la totalidad del salario de un trabajador.------------

A fs. 97, se le tiene por contestado el traslado, y se pasan los autos al Acuerdo para Resolver; y ------------------------------

CONSIDERANDO: que atento a la plataforma fáctica predescripta, lo que surge de la documental acompañada y agregada a la causa, y conforme ha quedado trabada la litis, primeramente corresponde indicar los hechos no controvertidos, del que son contestes las partes, muchos de los cuales se encuentran documentados, y que resultan de relevancia para resolver el remedio impetrado dentro de su limitado marco cognitivo y con la celeridad y urgencia que la situación amerita, a saber:----------------------------------

a)Que el amparista es un empleado público de planta permanente, dependiente del Consejo Provincial de Salud de la Provincia de Río Negro, y que en tales condiciones, ejerciendo su profesión de médico, presta servicios en el Hospital de Cipolletti.-------

b)Que consecuentemente, como en el general de los casos y el común de los empleados públicos provinciales, percibe sus haberes mediante depósito en una cuenta sueldo –caja de ahorro- abierta a tales fines en el Banco Patagonia S.A. –como agente financiero del Estado Provincial-, por su empleador el Consejo Provincial de Salud.--------------------------------------------

c)Que asimismo el Sr. Lucini, además de la mencionada cuenta sueldo, tiene contratado con dicha entidad bancaria otros productos y servicios, como son: cuenta corriente, tarjetas de debito y crédito, y ha gestionado y se le ha otorgado un préstamo personal; todo lo cual surge de la respectiva documental que al efecto fuera acompañada en autos por el Apoderado de la entidad bancaria.---------

d)Que el Sr. Lucini reconoce ser deudor de la entidad bancaria, por deudas de tarjetas de crédito Visa y Mastercard, y por el préstamo personal otorgado.-----------

e)Que las sumas depositadas al amparista, lo son exclusivamente en concepto de haberes, por acreditación plan sueldos, y por ser el banco accionado el agente financiero del Estado provincial empleador del actor.----------------------------------------

f)Que en fecha 6/5/2013 y 7/5/2013, el banco le bloqueó y le debitó al Sr. Lucini el 100% (ciento por ciento), es decir la totalidad, de las sumas depositadas en su cuenta sueldo, bajo la descripción “acreditación plan sueldos”, o sea en concepto de haberes, para imputar al pago de lo adeudado por tarjetas de crédito Visa y Mastercard y amortización préstamo otorgado (véase los últimos movimientos de cuenta a fs. 6).--------------

g)Que con posterioridad, y durante la tramitación de la presente acción, el banco demandado realizó otros débitos de la cuenta sueldo del actor, y luego dio cumplimiento a la orden judicial emanada de este Tribunal de que se suspendan los descuentos al actor hasta que se resuelva la causa, reversando –por ende- lo debitado a posteriori del 30/5/2013.----------------------------

h)Que el amparista solicitó a su empleador cese el descuento que le venía realizando en sus haberes para el pago de la cuota del préstamo bancario mencionado.-----------------------------------

Por su parte, ya adentrándonos en el análisis sobre la procedencia procesal y sustantiva del remedio intentado, cabe señalar a modo de introducción del tema, que el Amparo previsto en el art. 43 de la Constitución Provincial y Nacional, constituye una vía de excepción y es de carácter restrictivo, que exige la imprescindible acreditación de los requisitos de urgencia, gravedad, ilegalidad manifiesta, irreparabilidad del daño y afectación a un derecho constitucional, como así también la configuración de una situación que ante la urgencia y la arbitrariedad evidenciada no pueda encontrar remedio en otra vía idónea disponible más rápida y efectiva.-----------------------

Sobre el punto, y siguiendo la télesis que hace a la ya referida esencia excepcional del recurso que se promueve, cabe resaltar entonces que el Amparo no es la única acción judicial con que cuenta quien se considera afectado para acudir en protección de los derechos que cree vulnerados, sino que este recurso es un remedio excepcional y urgentísimo, para superar un daño actual y presente que constituya una lesión que no pueda revisarse por algún otro medio previsto en la legislación vigente, que requiere de urgencia y de una solución inmediata por el perjuicio que dicha lesión le ocasiona al afectado por la medida dispuesta.-----------

En este orden de ideas y con carácter de regla de principio, tiene dicho esta Cámara que “el amparo en nuestra Constitución Provincial resulta una garantía utilizable frente a la violación palmaria y manifiesta de un derecho constitucional, ante lo cual se otorga el de pedir judicialmente que se remueva el obstáculo. Reclama por ello urgencia, manifiesta violación a un precepto magno y libertad humana, y a su vez, la inexistencia de otras vías alternativas, que encausen el conflicto posible” (conf. Sentencia del 23-04-12, autos “SOTO NORBERTO ANTONIO Y OTROS S/ AMPARO”, Expte. Nº 13922/2012).- Destácase en este sentido, el carácter excepcionalísimo que tiene la medida intentada, que requiere un análisis restrictivo, reservado por exclusión para casos de lesividad actual o inminente, cuya ilegitimidad sea manifiesta, evidente y que no puedan resolverse por ninguna otra vía o medio, toda vez que el amparo solo es utilizable contra actos administrativos que muestran arbitrariedad manifiesta en los cuales el desconocimiento de los preceptos legales pertinentes sean lo suficientemente claros e inequívocos como para imponerse de una manera palmaria, sin que ello permita sustituir o obviar las instancias ordinarias a la que deben someterse las partes cuando consideran afectados sus derechos.--

"Las acciones procesales específicas (arts. 43 a 45 de la Constitución Provincial) quedan reservadas para los casos de extrema urgencia y de una gravedad tal que habilitan al Juez a proveer el amparo del derecho vulnerado…Así, se ha dicho que la acción de amparo sólo procede cuando se han cercenado derechos y garantías constitucionales que no encuentran adecuados medios para su defensa. Puesto que en las acciones previstas en los arts. 43, 44 y 45 de la Constitución Provincial son de imprescindible acreditación los requisitos de urgencia, gravedad, irreparabilidad del daño e ilegalidad manifiesta, requisitos que adquieren valor jurídico cuando caracterizan una violación a un derecho constitucional…Esta garantía…sólo está contemplada para aquellas situaciones que ante la urgencia y la ilegalidad o arbitrariedad manifiesta no puedan hallar remedio en otras vías idóneas disponibles (STJRNCO in re “SACHETTO” Se. 34/06 del 29-03-06; Se. Nº 6/11 en autos “A., P. J. A. Y OTROS S/ MANDAMUS”; entre otras).---------------------

En el sub-exámine, a prima facie, consideramos cumplimentados los requisitos exigidos por la norma y la doctrina de nuestro máximo Tribunal para habilitar la procedencia de la acción como única vía idónea por su urgencia, pero en el limitado marco excepcional y cognoscitivo que tiene el amparo, y aunque en la especie, conforme ha quedado trabada la controversia, no va a ser posible arribar a una solución en lo que hace al fondo del conflicto planteado que versa sobre cláusulas contractuales pactadas, al menos en esta instancia y por intermedio de este remedio judicial, para lo cual va a ser necesario otra acción de mayor conocimiento, con amplio debate, debido ejercicio del derecho de defensa y producción de prueba que permita resolver dicha cuestión de fondo, y que es un derecho que le asiste tanto al banco accionado como al propio amparista.------------

En este cuadro de situación, dentro del marco regulatorio que impone la acción de amparo, y hasta tanto la partes ejerzan sus derechos mediante otras posibles acciones habilitadas a sus efectos y conforme ut-supra se expuso, en el sub-lite deberá resolverse, al menos lo que es urgente, atañe y es materia del fuero laboral, dentro del régimen protectorio del Derecho del Trabajo y sus normas de Orden Publico, toda vez que puede observarse con meridiana claridad, que sin una orden judicial que lo autorice, el banco acreedor, de motus propio, unilateralmente y sin el debido consentimiento del amparista, con el solo argumento de las cláusulas contractuales convenidas, ha procedido a realizarle débitos de su cuenta sueldo en el ciento por ciento de las sumas percibidas en concepto de “Salario/Haberes”, lo cual encontramos comprobado en autos al menos en dos ocasiones, en fechas 6 y 7 de mayo de 2013, respectivamente; lo que sin perjuicio de las cláusulas contractuales que pudieron las partes pactar, ello es palmariamente violatorio del Orden Público Laboral en el marco tutelar del Derecho del Trabajo, dentro del cual rige el principio protectorio de irrenunciabilidad a favor de los derechos del trabajador (Art. 12, RCT), que entre otros le dá especial protección al salario que percibe por su indiscutida intangibilidad y estricta naturaleza y carácter alimentario que detenta, siendo que en el común de los casos no puede verse afectado –ante una deuda contraída por el trabajador- más allá del veinte por ciento, por disposición legal y previa orden judicial.-------------------------------------------------------

Entre los principios y caracteres que fundamentan el Derecho del Trabajo, encontramos: 1) el de suficiencia: concepto que supone la idea de que el salario sea suficiente para el sustento no sólo del trabajador, sino de su familia, suministrándole lo necesario para satisfacer sus necesidades normales de alimentación, habitación, vestuario, asistencia sanitaria, entre otros rubros. De esta manera el elemento de suficiencia integra, necesariamente, el de justicia. Esto implica que no resulta posible que el trabajador se vea obligado a cobrar la suma de pesos cero, como lo ocurrido en el caso que nos ocupa. Ello porque no solamente se ve comprometida su propia subsistencia, sino la de su propio grupo familiar. Este planteamiento sobre el "salario subsistencia", entronca con las propias enseñanzas de la Doctrina Social de la Iglesia. 2) El carácter alimentario del salario, que significa que se encuentra protegido en la forma que la ley establece en cuanto a su tutela, semejante a los créditos alimentarios. 3) La irrenunciabilidad: esto significa que las condiciones laborales establecidas por las leyes, no pueden desactivarse por otras leyes, ni convenios, ni acuerdo de partes.---------------------------------------------------------

Uno de los pilares del Derecho del Trabajo se asienta sobre el principio protectorio, de reconocida raigambre constitucional (art. 14 bis de la Const. Nac.), del cual se desprenden, entre otros, el de irrenunciabilidad que postula la imposibilidad jurídica de las partes para convenir la supresión o reducción de los derechos que conforman el denominado Orden Público Laboral, es decir, los reconocidos por las normas integrantes del bloque de legalidad laboral (Ley de Contrato de Trabajo, Estatutos Profesionales y Convenciones Colectivas de Trabajo; arg. art. 12 L.C.T.). En sentido estricto, dicha directiva informa todo el ordenamiento jurídico laboral y se proyecta en cada una de las instituciones que lo conforman (jornada, vacaciones, suspensiones, remuneración, indemnizaciones por extinción, etc.).----------------------------------------------------------

Desde esta perspectiva puede decirse que el sueldo o la remuneración goza de la protección brindada por el principio de irrenunciabilidad de modo tal que, prima facie, no resulta legalmente admisible que las partes del contrato de trabajo celebren a su respecto ningún negocio derogatorio o liberatorio que altere, restrinja o suprima, en perjuicio del trabajador, los derechos que normativamente le han sido reconocidos; lo cual también deviene aplicable frente a terceros, como ocurre en el analizado caso de marras.---------------------------------------

Nuestro máximo Tribunal, la Corte Suprema de Justicia de Nación, ha admitido que las prestaciones de índole salarial, tienen un rasgo distintivo común dado por la naturaleza alimentaria de tales prestaciones, lo que determina la necesidad de una eficaz protección legal y, de ser necesario, jurisdiccional.-----------

Por el contrario, entender que la voluntad de las partes se encuentra antes y por encima de las disposiciones constitucionales y supra legales protectorias, menoscaba el Orden Público, concepto éste, receptor de los cuatro elementos del bien común (social, cultural, económico y político) que debe ser respetado siempre, mientras tengan vigencia las normas aludidas; no pudiendo los particulares, ya sea en forma unilateral o conjunta -con su equívoca voluntad-, derogar la protección constitucional mínima del salario o remuneración.----

A mayor abundamiento, si bien el trabajo prestado a favor del Estado -sea nacional, provincial o municipal- está regulado por regímenes laborales específicos y a los que, en principio, no les resultan aplicables las reglas de la LCT, la retribución que los agentes estatales reciben como compensación por sus servicios, posee las mismas características que el “salario” del dependiente privado y, consecuentemente, merece similar tutela, máxime frente a terceros acreedores del trabajador.-------------

"El trabajador dependiente también debe ser protegido, en cierta medida, contra sus posibles acreedores para que éstos, mediante el embargo, no puedan afectar el crédito de remuneración de tal modo que el trabajador se vea privado de sus recursos necesarios de existencia" (KROTOSCHIN, Ernesto, Tratado práctico de Derecho del Trabajo, 3 ' ed., Depalma, Buenos Aires, 1977, vol. I, ps. 302 y 304).--

En razón de lo antes fundamentado, surge de modo diáfano, que la conducta desplegada por la entidad bancaria para con el amparista, en principio, deviene arbitraria y de manifiesta ilegalidad, ya que ha obrado a sabiendas de que lo retenido es el salario íntegro y en su totalidad del actor, no pudiendo escudarse en disposiciones contractuales que violentan el Orden Público, normas constitucionales y pacífica jurisprudencia que en este sentido no generan duda alguna ni posible discusión en lo que a este respecto y en materia salarial incumbe, lo cual el Juzgador no puede soslayar ni permitir siquiera con el consentimiento del propio actor (lineamiento que emana de normativa tal como el Art. 12, 131, 133, ley de Contrato de Trabajo, Constitución Nacional y Tratados Internacionales de rango supra legal de protección del salario en sus diversas formas), por su claro efecto lesivo, en violación a derechos amparados en la Carta Magna (Arts. 14, 14 bis, 17, 18 y cdtes.), y de gravedad tal que exige un pronunciamiento jurisdiccional urgente y de excepción como lo es la acción de amparo a resolver, sin perjuicio de futuras acciones que podrán promover las partes involucradas en defensa de sus derechos, además de toda posible renegociación extrajudicial que puedan consensuar para dirimir el conflicto.--------------------------------------

Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE:--------------------------

I.- Hacer lugar parcialmente a la Acción de Amparo interpuesta, ordenándole al Banco demandado le restituya al amparista, dentro del plazo perentorio de 48 hs. de notificado, mediante reintegro por depósito en su cuenta sueldo, las sumas que indebidamente le fueran debitadas en fecha 6 y 7 de Mayo de 2013, respectivamente, y que consisten en el excedente del 20% (veinte por ciento) de los importes acreditados en su cuenta en dichas fechas y en concepto de haberes; bajo apercibimiento de ley y de sanciones conminatorios para el caso de incumplimiento de la orden judicial impartida.---------------------------------------

II.- Asimismo, deberá reintegrarle, bajo la misma modalidad dentro del mismo plazo y bajo el mismo apercibimiento, la suma también debitada de su cuenta sueldo en fecha 24/5/2013 y por $1.563,32, en razón de la naturaleza salarial de dicha cuenta y por no registrar saldo suficiente a la fecha del débito realizado que lo justifique, conforme la constancia de los movimientos de la cuenta obrante a fs. 21.----------------------

III.- Disponer para el futuro, en el marco del Amparo y de los fundamentos legales citados, que el Banco demandado sólo podrá realizarle bloqueos y/o débitos en la cuenta sueldo del amparista para el cobro de su acreencia derivada de cualquier contratación celebrada entre las partes, únicamente en la oportunidad que se le acrediten al mismo sus haberes en cuenta y por sumas que no podrán exceder el 20% (veinte por ciento) de lo depositado en dicho concepto.------------------------------

IV.- Atento la excepcionalidad del recurso y el modo en que se resuelve, las costas causídicas deberán ser soportadas en el orden causado.----------------------------------

V.- Regúlense los Honorarios profesionales de los letrados intervinientes en representación del amparista, Dr. Javier Larrion y Dra. Andrea Fadelli, en la suma de PESOS XXXXXX ($.XXXXX.-) (cinco JUS) en conjunto; y los del Dr. Jorge A. Gómez, en representación del Banco demandado, en PESOS XXXXX ($.XXXXXXX.-) (cinco JUS).-

VI.- Cúmplase con el aporte a la Ley Nº869 de Caja Forense.-----

VII.- Regístrese en (S).- Notifíquese.--------------------------

Con lo que terminó el acuerdo firmando los Sres. Jueces Dr. Raúl F. Santos, Dr. Luis F. Mendez y Dr. Luis E. Lavedan, por ante mi que certifico.-------------------------

DR. RAUL F. SANTOS DR. LUIS F. MÉNDEZ DR. LUIS E. LAVEDAN

Juez de Cámara Juez de Cámara Juez de Cámara

DR. JORGE A. BENATTI

Secretario de Cámara.
 
 

lunes, 3 de octubre de 2011

Cuando la discriminación no es tal

(*) ANDREA FADELLI, Abogada de AMSE ESTACION LIMAY.

COMENTARIO REALIZADO POR EL DR. MARCELO ANTONIO ANGRIMAN EN EL DIARIO RIO NEGRO.


Con fecha 20/9/11 el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro confirmó el fallo dictado por la Cámara Civil, Comercial y de Minería de Cipolletti en los autos "Fabi José María y otra c/Provincia de Río Negro s/ Apelación. Ratificó así el rechazo de la demanda contencioso administrativa iniciada por los padres de una menor contra el CPE de Río Negro (citando como tercero a la AMSE Estación Limay) a los fines de que se revocara el subsidio que se le acuerda a un colegio público de gestión privada y se dispusiera el cese de los aportes o cooperación económica que percibe dicho establecimiento educativo por todo concepto.
La demanda se basaba en la denuncia de supuestos hechos de discriminación, desinterés y exclusión por parte de la institución escolar hacia su hija menor con síndrome de Down.
Para llegar a tal conclusión, el primer voto de Víctor Sodero Nievas tuvo en cuenta el dictamen de la procuradora general, quien concluyó que "no se evidencia acreditado el absurdo en la convicción de los magistrados, o la mencionada falta del fundamento y consecuente motivación del fallo".
Interpreta luego que al no acreditarse la existencia de un hecho puntual discriminatorio no puede concluirse que resulte razonable la quita del subsidio que el Estado otorga con fines generales y que como tal expande beneficios a un colectivo que se vería así privado de los mismos.
Señala que con anterioridad tanto el Inadi como la Defensoría del Pueblo dieron por solucionado el problema y por archivadas las actuaciones.
A su vez, el decisorio afirma que las diferencias de enfoques técnicos no pueden sustentar la nulidad de un subsidio a una institución sobre la cual no se ha logrado acreditar que tenga actitudes discriminatorias con sus alumnos y a la cual la niña al tiempo de interponerse la demanda ya había dejado de concurrir.
Sin perjuicio de lo expuesto, el tribunal cimero provincial dedica algunos párrafos de la sentencia para reivindicar el derecho a la educación "al que todos los niños y niñas son titulares de derechos básicos y el Estado está obligado a garantizar la educación de una persona con síndrome de Down, o que padece una severa disminución física, como de quien posee un coeficiente intelectual apabullante" y que "el rechazo de la demandada no significa que este tribunal desconozca la plena vigencia del derecho a una educación inclusiva tal como nuestra Constitución provincial lo garantiza en los artículos 36, 62 y 63".
La resolución del STJ resulta esclarecedora a la hora de diferenciar un acto discriminatorio –los que merecen mi más categórico repudio– de otro que no lo es.
Amerita asimismo una reflexión la estrategia perseguida por la demanda al intentar despojar a una mutual de un subsidio que permite estudiar a muchos de los alumnos que a ella concurren.
Tal error propositivo supone una verdadera paradoja ya que, en aras de reivindicar la inclusión educativa, de haberse alcanzado el objetivo pretendido cientos de estudiantes totalmente ajenos a la situación planteada podrían haberse visto compelidos a abandonar la institución.
Coincido plenamente con quienes, como el Dr. Luis Bulit Goñi, opinan que "la inclusión educativa es un proceso, un camino que hay que ir construyendo todos los días". Para ello la sociedad en general debe madurar y derribar muchos prejuicios. Mas disiento en cuanto a que tal loable fin se alcance con planteos como los expuestos –quita de subsidio a una escuela–, que lejos de lograr una permeabilización fundamentada y razonable en la sociedad consiguen un efecto totalmente inverso.
Tampoco son felices las expresiones vertidas por el mencionado profesional –a la postre presentado como amicus curiae en la causa– en un artículo publicado por este diario el 20/10/10, titulado "La noche de los muertos vivos", al criticar la decisión de la cámara y una columna del suscripto llamada "Discriminación e inclusión escolar" (5/10/10).
En ellas Bulit Goñi de manera desafortunada sostiene que las mismas "contribuyen a mantener el mapa cultural en el que se esconde –aun de buena fe, reitero– la violación a los derechos humanos", para cerrar diciendo: "Y peor aún es contribuir a que la discriminación que declamamos desterrada de nuestras escuelas, como en una película de terror, vuelva a la vida con la grotesca máscara de una mera diferencia de criterios que se burla del derecho".
Pues bien, tanto el Inadi como la Defensoría del Pueblo, la Cámara Civil y la corte provincial han resuelto, luego de ahondar en los hechos, que el acto discriminatorio alegado no se ha configurado, con lo cual es absolutamente impensable hablar de violación de derecho alguno.
Tampoco es sano y hasta resulta ofensivo que por los medios se den por sentados ciertos hechos o calificaciones cuando los mismos no han sido debidamente probados.
Cabe decir al respecto que mientras las denuncias y los clichés rimbombantes no vayan acompañados por hechos constatables, dirigidos correctamente ante quienes corresponda, flaco favor se le hará a la invocada inclusión educativa.
La inclusión educativa supone un ejercicio de tolerancia, tal como el que hay que poner en práctica ante opiniones diferentes o a las decisiones de quienes tienen a su cargo la administración de justicia. Ello, en la convicción de que en un Estado de derecho cuando las partes no llegan a un avenimiento es la Justicia la que debe velar por resolver los conflictos –concretos, no abstractos– sobre la base de proposiciones bien planteadas y pruebas conducentes que surjan del expediente, con absoluta prescindencia de declamaciones, presiones mediáticas, citas dogmáticas o títulos efectistas.
(*) Abogado. Profesor Nacional de Educación Física. marceloangriman@ciudad.com.ar

viernes, 29 de julio de 2011

Elecciones Primarias. Lo que hay que saber.

Ley 26.571 LEY DE DEMOCRATIZACION DE LA REPRESENTACION POLITICA, LA TRANSPARENCIA Y LA EQUIDAD ELECTORAL.


ARTICULO 24. — Los electores deben emitir un (1) solo voto por cada categoría de cargos a elegir, pudiendo optar por distintas listas de diferentes agrupaciones políticas.

ARTICULO 40. — En cuanto al procedimiento de escrutinio, además de lo establecido en el Código Electoral Nacional, se tendrá en cuenta que:
a) Si en un sobre aparecieren dos (2) o más boletas oficializadas correspondientes a la misma lista y categoría, se computará sólo una de ellas, destruyéndose las restantes;
b) Se considerarán votos nulos cuando se encontraren en el sobre dos (2) o más boletas de distintas listas, en la misma categoría, aunque pertenezcan a la misma agrupación política.

http://www.mininterior.gov.ar/asuntos_politicos_y_alectorales/dine/infogral/archivos_legislacion/Ley_26571_.pdf

http://www.elecciones.gov.ar/elecciones_primarias/primarias.htm

¿Cómo se vota?
Se vota como en las elecciones que ya conocemos, presentando el documento e ingresando al cuarto oscuro. En el cuarto oscuro encontraremos las boletas de los partidos y alianzas, en distintos colores y con fotografías de los precandidatos, para que cada elector pueda identificar mejor la boleta de su preferencia. En caso que una agrupación política presente varias precandidaturas, aunque las boletas sean del mismo color y denominación, se podrán distinguir por la letra que sigue al número de lista y por los nombres y las fotografías de los precandidatos.
En cada categoría, cada elector podrá votar por una sola precandidatura o lista de precandidatos de su preferencia. Luego de votar, el presidente de mesa sellará y firmará el documento del elector y se lo devolverá.
En la próxima Elección Primaria (también llamada Interna Abierta y Simultánea), dentro del sobre, debemos poner UNA SOLA BOLETA: LA DEL PARTIDO O CANDIDATO QUE DESEAMOS COMPITA EN LA ELECCIÓN NACIONAL.
Circula un mail, o cadena de mails, diciendo lo contrario que solo tiene la intención de confundir a la gente de buena fe aprovechándose de la circunstancia que éste sistema electoral es la 1º vez que se practica en la República Argentina.
Si logran que sean NULOS gran cantidad de votos en la primaria, por colocar en el sobre boletas de varios partidos, luego pedirán que sea anulada la elección en sí misma; con eso intentan boicotear la futura elección Nacional para Presidente y Vice.
La información falsa que ya circula a través de cadenas de mails es que, a la hora de votar, no hay que elegir una única boleta sino la de todos los candidatos que el votante desea que participen de los comicios de octubre. Si eso fuera así, el voto quedaría anulado.
Ver link:

martes, 5 de octubre de 2010

Discriminación e inclusión escolar

NO HUBO DISCRIMINACION: La Justicia rechazó demanda por discriminación interpuesta por los padres de una niña con Síndrome de Down contra el CPE (y AMSE ESTACION LIMAY).
(*) ANDREA FADELLI, Abogada de AMSE ESTACION LIMAY.

COMENTARIO REALIZADO POR EL DR. MARCELO ANTONIO ANGRIMAN EN EL DIARIO RIO NEGRO.
SENTENCIA Nº 1179-SC.

Discriminación e inclusión escolar

Hay palabras cargadas de un alto componente emotivo. Una de ellas es "discriminación". Su utilización genera una predisposición favorable –casi intuitiva– para con la víctima del supuesto trato.
El término hoy se utiliza recurrentemente y día a día nos informamos acerca de casos teñidos de un barniz discriminatorio. Mas las atendibles percepciones individuales de un hecho disvalioso no siempre se traducen en discriminaciones jurídicamente relevantes.
Por ello es importante discernir concretamente cuándo hay para el derecho discriminación y cuándo no.
La definición de "discriminación" en su acepción legal es la de "dar trato de inferioridad a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, etcétera" (Diccionario de la Lengua Española Larousse, página 226). Implica por sí un tratamiento despectivo o peyorativo.
El principio fundamental de igualdad de trato obliga a conceder las mismas ventajas a todos los que estén en iguales condiciones, a menos que se pueda justificar objetivamente su denegación. Siempre que exista una razón justificada, fundada y atendible que impida una decisión arbitraria, será erróneo hablar de discriminación.
La discriminación lleva ínsita la arbitrariedad. Ésta ha sido calificada del "acto o proceder contrario a la justicia, a la razón o las leyes dictado sólo por la voluntad o el capricho". (Diccionario de la Real Academia Española, página 111 de la 19ª edición. 1970. Espasa Calpe SA)
Existirá arbitrariedad cuando no se pueda fundamentar razonablemente una medida que aparezca como segregatoria. La Suprema Corte de Estados Unidos ha sostenido que la justificación debe ser genuina, no hipotética o inventada, post hoc en respuesta al litigio.
Por su parte, nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido, al interpretar el artículo 16 de nuestra carta magna, que "La igualdad ante la ley significa que no se deben conceder excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se otorga a otros en igualdad de condiciones". (Fallos 198:112)
Un avance en orden a entender en un caso concreto cuándo existe discriminación o no la ha dado el fallo dictado el 27/9/10 –por ende, no firme– en autos "Fabi José María y otra c/provincia de Río Negro s/contencioso administrativo" (Expte. Nº 1179-SC). En él, la Cámara Civil, Comercial y de Minería de Cipolletti, por unanimidad, rechaza la demanda contencioso administrativa iniciada por los padres de una menor contra el CPE de Río Negro (citando como tercero a la AMSE Estación Limay) a los fines de que se revoque el subsidio que se le acuerda a un colegio público de gestión privada y se disponga el cese de los aportes o cooperación económica que percibe dicho establecimiento educativo por todo concepto.
Fundaron su requerimiento en hechos de supuesta discriminación, desinterés y exclusión por parte de la institución escolar hacia su hija menor con síndrome de Down.
La sentencia remarca que existe en esta demanda un error propositivo grave: "Se pretende que la existencia de un hecho de discriminación pruebe la existencia de una política de discriminación que lleva a la cancelación de un subsidio que el Estado otorga con fines generales y que como tal expande beneficios a un colectivo que se vería así privado de los mismos. Y esos beneficios, no es un dato menor, son oportunidades de acceso a la educación para cientos de niños y adolescentes".
Luego avanza sobre los hechos debatidos concluyendo que "No existió discriminación por parte del Establecimiento, ni del personal docente, ni del personal técnico de la escuela respecto de la niña ni del ETAP. Existieron sí diferencias de enfoque, que quedaron de manifiesto en la audiencia de prueba, entre el equipo de asistencia terapéutica y el pedagógico... pero en modo alguno ello implica la existencia de discriminación".
Para ejemplificar cita una situación puntual que fue planteada como discriminatoria en la demanda y que según la cámara permite concluir que "la llamada discriminación no es más que su discrepancia con los métodos pedagógicos de la escuela y más concretamente de la docente a cargo".
La misma consistió en la aparición de una raya que correspondía a la hija de los demandantes en el boletín donde cada niño que egresaba de jardín ponía su nombre. Ello fue interpretado en el reclamo como una negación de la existencia de la menor.
Para la cámara "el reproche de discriminación para con este acto se revela notoriamente erróneo y consiste en una imputación injusta. (...) la niña (...) firmó tal como ella había aprendido a hacerlo y esto está fuera de toda duda. ¿Por qué el hecho de que su firma no supusiera el 'dibujo' tentativo del nombre constituiría un desmedro y por ende un acto de discriminación? Es un error grave, no se espera que los niños en esta etapa escriban y, además (lo que es más grave), ni en ésa ni en ninguna otra edad la firma tiene que ser la reproducción del nombre". En tanto, la maestra consignó: "Que la lectura que yo hago es que escribió su nombre y que en ese momento lo escribió tal vez para ella. O sea, ella en la lectura de ese papel encontraba su nombre...". "Nuevamente: podrá discutirse desde el punto de vista psicológico y psicopedagógico cuál hubiera sido la mejor estrategia a seguir en esa instancia, pero el hecho para nada revela propósito discriminador, antes bien todo lo contrario".
Del mismo modo, con anterioridad se habían expedido la Defensoría del Pueblo y el Inadi, descartando la hipótesis discriminatoria.
Tampoco resoluciones como la expuesta implican suponer que todo se relativiza y que nada es discriminatorio. La misma cámara –con diferente integración– en autos Martínez Pedro y otros c/YPF SA s/ordinario s/apelación, Expte. 829 del 12/5/08, condenó por discriminación a la petrolera por haber confeccionado y utilizado listas de exclusión –o "listas negras"– destinadas a privarles el acceso al trabajo a ex operarios de empresas contratistas que en alguna oportunidad hubieran reclamado solidariamente contra la demandada.
En dicha oportunidad, con todo énfasis sostuvo que "la práctica intentada instaurar en la especie por algunos agentes de YPF SA reproduce una de las peores prácticas antisociales, esto es: aquella conducta que, por encima de toda legalidad pero bajo la apariencia de ella, busca amedrentar todo intento de reclamo de derecho, conduciendo a personas, grupos, sectores, a comunidades enteras incluso, a un silencio obligado por el temor. Es la orden del poder contra la palabra de la ley".
Volviendo al caso escolar citado, la cámara entendió que sí pudo haber discriminación cuando en un principio la institución no aceptó la incorporación de la menor, situación que luego fue superada cuando se revisó dicha postura y la alumna ingresó a la escuela en la que permaneció como alumna por espacio de tres años.
Indudablemente queda mucho camino por recorrer. Muchas veces las escuelas responden de modo ineficiente más por desconocimiento o por verse superadas ante los cambios vertiginosos que deben afrontar a diario que por una intencionalidad segregatoria.
La escuela inclusiva es un fin pretendido por la mayoría de las personas de buena voluntad. Mas, para acceder a ella y que tal propósito no se convierta en una quimera vacía de contenido, hace falta una política estructural con presupuesto, adaptación edilicia, capacitación docente y equipos interdisciplinarios.
Mientras ello no suceda, todo quedará reducido a un mero voluntarismo y la inclusión escolar, lejos de ser una realidad, será simplemente un eslogan de campaña.

(*) Abogado. Profesor nacional de Educación Física. marceloangriman@ciudad.com.ar

MARCELO Antonio Angriman (*)

 

miércoles, 18 de agosto de 2010

PROTECCION DE LOS DATOS PERSONALES. HABEAS DATA. Decreto 1160/2010

Modifícase el Anexo I del Decreto Nº 1558/01.
Bs. As., 11/8/2010
VISTO el Expediente Nº 140.546/03 del registro del MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS, la LEY DE PROTECCION DE LOS DATOS PERSONALES Nº 25.326 y su Decreto Reglamentario Nº 1558 de fecha 29 de noviembre de 2001, y
CONSIDERANDO:
Que la DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, organismo dependiente de la SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES de la SECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES del Ministerio citado en el Visto, su carácter de órgano de control de la Ley Nº 25.326, tiene encomendada la función de investigar y controlar que el tratamiento de los datos personales se realice en los términos de la citada Ley.
Que, asimismo, tiene asignada la misión de imponer las sanciones administrativas que correspondan por violación a las normas de la Ley Nº 25.326 y de las reglamentaciones que se dicten en su consecuencia.
Que por la Disposición Nº 7 del 8 de noviembre de 2005 del registro de la DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, se aprobó la "Clasificación de Infracciones" y la "Graduación de las Sanciones" a aplicar ante violaciones a las normas antes mencionadas.
Que el inciso 2 del artículo 31 de la Ley Nº 25.326 dispone que la reglamentación determinará el procedimiento para la aplicación de las sanciones previstas en el mismo artículo.
Que el Anexo I del Decreto Nº 1558/01, reglamentario de la Ley Nº 25.326, estableció en el inciso 3 del artículo 31, las reglas a las que debía ajustarse el procedimiento.
Que resulta conveniente sustituir dicho precepto, estableciendo un procedimiento que, aun cuando mantiene el esquema actualmente vigente, regule con mayores precisiones y simplifique la actividad de la DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES relativa a sus funciones de investigación y control, con miras a la procedencia de la aplicación de sanciones, con resguardo de las reglas del debido proceso y del derecho de defensa.
Que asimismo, la antes citada Disposición DNPDP Nº 7/05 creó el REGISTRO DE INFRACTORES LEY Nº 25.326 con el objeto de organizar y mantener actualizado un registro de los responsables de la comisión de las infracciones contempladas en el Anexo I de la disposición mencionada.
Que se considera conveniente, en cumplimiento de la garantía de publicidad de los actos de gobierno, conforme lo prevé el Decreto Nº 1172 de fecha 3 de diciembre de 2003, que las constancias del Registro mencionado en el considerando precedente, sean publicadas en la página web de la DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, siempre y cuando se trate de sanciones que se encuentren firmes.
Que han tomado la intervención que les compete la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS y la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 2 de la CONSTITUCION NACIONAL.
Por ello,
LA PRESIDENTA DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:
Artículo 1º — Sustitúyese el inciso 3. del artículo 31 del Anexo I del Decreto Nº 1558/01 por el siguiente:
"3. El procedimiento se ajustará a las siguientes disposiciones:
a) La DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES (DNPDP) iniciará actuaciones administrativas en caso de presuntas infracciones a las disposiciones de la Ley Nº 25.326, sus normas reglamentarias y complementarias, de oficio o por denuncia de quien invocare un interés particular, del Defensor del Pueblo de la Nación o de asociaciones de consumidores o usuarios.
b) Para el cumplimiento de sus cometidos, la DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES podrá:
I) Comprobar la legitimidad de todas las operaciones y procedimientos sistemáticos, electrónicos o no, que permitan la recolección, conservación, ordenación, almacenamiento, modificación, relacionamiento, evaluación, bloqueo, destrucción y en general el procesamiento de datos personales, así como también su cesión a terceros a través de comunicaciones, consultas, interconexiones o transferencias.
II) Constatar el funcionamiento adecuado de los mecanismos de control interno y externo del archivo, registro, base o banco de datos para el efectivo resguardo de los datos personales que contiene.
III) Verificar la observancia de las normas sobre integridad y seguridad de datos por parte de los archivos, registros o bancos de datos.
IV) Velar por el cumplimiento de los plazos establecidos en los artículos 14 y 16 de la Ley Nº 25.326 para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión, actualización y confidencialidad reconocidos a los titulares de datos personales.
V) Realizar investigaciones e inspecciones, así como requerir de los responsables o usuarios de bancos de datos personales y de su tratamiento, información, antecedentes, documentos, programas u otros elementos relativos al tratamiento de los datos personales que estime necesario y también solicitar el auxilio de los cuerpos técnicos y/o, en su caso, la autorización judicial que corresponda, a sus efectos.
VI) Solicitar la presentación de informes a los responsables de bancos de datos y de su tratamiento.
VII) Formular requerimientos ante las autoridades nacionales, provinciales y municipales.
VIII) Realizar inspecciones y labrar el Acta de Inspección pertinente, la que junto con las comprobaciones técnicas que se dispusieren, constituirá prueba suficiente de los hechos así comprobados.
IX) Solicitar al juez competente el auxilio de la fuerza pública para realizar el allanamiento de domicilios; la Clausura de registros; el secuestro de documentación y toda otra medida tendiente al cabal cumplimiento de la actividad investigativa.
c) Para el inicio del procedimiento, el denunciante deberá presentar ante la DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES un escrito, el que deberá contener fecha, firma y aclaración; documento de identidad (DNI-CUIL-CUIT), domicilio, la relación del hecho denunciado con las circunstancias de lugar, tiempo y modo de ejecución y demás elementos que puedan conducir a su comprobación, como mínimo. Deberá acompañar en el mismo acto la documentación y antecedentes que confirmen sus dichos y acreditar en el momento de la interposición de la denuncia, las gestiones previas ante el responsable de la base de datos, cuando se tratare de cuestiones referidas a los derechos de acceso, actualización, rectificación, supresión, confidencialidad o bloqueo, regulados en los artículos 14, 16 y 27 de la Ley Nº 25.326.
La DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES podrá habilitar un sistema telemático para facilitar la interposición de la denuncia.
d) Iniciado el procedimiento, se requerirá del responsable de la base de datos sobre la que recae la denuncia, un informe acerca de los antecedentes y circunstancias que hicieren al objeto de la denuncia o actuación de oficio, así como de otros elementos de juicio que permitan dilucidar la cuestión sujeta a investigación o control. La información requerida deberá ser contestada dentro de los DIEZ (10) días hábiles, salvo que el denunciado solicite en tiempo y forma una prórroga la que no podrá superar los DIEZ (10) días hábiles. Este plazo podrá ampliarse en casos debidamente justificados teniendo en cuenta la magnitud y dimensión de la base de datos. En su primera presentación, el denunciado deberá acreditar personería y constituir domicilio legal.
e) El funcionario actuante admitirá las pruebas que estime pertinentes sólo cuando existieren hechos controvertidos y siempre que no resultaren manifiestamente inconducentes. La denegatoria de las medidas de prueba no será recurrible.
f) En las distintas etapas del procedimiento, se podrá requerir al denunciante que aporte información o documentación que sea pertinente para la dilucidación de la investigación.
g) Cuando se considere "prima facie" que se han transgredido algunos de los preceptos de la Ley Nº 25.326, sus normas reglamentarias y complementarias, se labrará un Acta de Constatación, la que deberá contener: lugar y fecha, nombre, apellido y documento de identidad del denunciante; una relación sucinta de los hechos; la indicación de las diligencias realizadas y su resultado y la o las disposiciones presuntamente infringidas, como mínimo. En ésta se dispondrá citar al presunto infractor para que, dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles, presente por escrito su descargo y, en caso de corresponder, acompañe las pruebas que hagan a su derecho.
h) Concluida la investigación y previo dictamen del servicio permanente de asesoramiento jurídico del MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS, el Director Nacional de Protección de Datos Personales dictará la respectiva disposición, la que deberá declarar:
I) que los hechos investigados no constituyen una irregularidad, o
II) que los hechos investigados constituyen una infracción, quiénes son sus responsables y cuál es la sanción administrativa que corresponde aplicar, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 25.326, sus normas reglamentarias y complementarias y lo establecido en la Disposición DNPDP Nº 7 de fecha 8 de noviembre de 2005.
La resolución que se dicte deberá ser notificada al infractor.
i) Contra la resolución definitiva procederá la vía recursiva prevista en el REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (Decreto Nº 1759/72 - t.o. 1991) y sus modificatorios.
j) Dictada la resolución que impone una sanción administrativa, la constancia de la misma deberá ser incorporada en el REGISTRO DE INFRACTORES LEY Nº 25.326, que lleva la DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES. Las constancias de dicho Registro relativas a aquellas sanciones aplicadas que se encuentren firmes deberán publicarse en el sitio de Internet de la DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES (www.jus.gov.ar/dnpdpnew).
k) Resultarán de aplicación supletoria la LEY NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Nº 19.549; el REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (Decreto Nº 1759/72 - t.o. 1991) y sus modificatorios y el CODIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION".
Art. 2º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Aníbal D. Fernández. — Julio C. Alak.

martes, 17 de agosto de 2010

Cuota alimentaria

No existe una norma legal que obligue a los padres a seguir pasando la cuota alimentaria una vez que los alimentados han cumplido 21 años. A partir de ese momento la obligación alimentaria se transformaría, en una obligación natural, y precisamente lo que distingue a éstas de las obligaciones civiles es que no confieren acción para exigir su cumplimiento (art. 515 C.C.).
La ley 26.579, promulgada el 21 de Diciembre de 2009 por el Congreso de la Nación con un total de 6 artículos, produjo una modificación parcial del Código Civil. En su art. 1º al modificar el art. 126 del C.C. establece que “Son menores las personas que no hubieren cumplido la edad de DIECIOCHO (18) años”, pero en su art. 3º dispone agregar como segundo párrafo del artículo 265 el siguiente: ‘La obligación de los padres de prestar alimentos a sus hijos, con el alcance establecido en artículo 267, se extiende hasta la edad de veintiún años, salvo que el hijo mayor de edad o el padre, en su caso, acrediten que cuenta con recursos suficientes para proveérselos por sí mismo’.
El cese de la cuota debería operar “ipso iure” por el sólo hecho de arribar el alimentado a la edad de 21 años, que dispone el art. 3 de la Ley 26.579. Sobre todo si el alimentado no padece de ningún impedimento físico o psíquico para trabajar.
De acuerdo a la Ley 26.579, a los 18 años cesa automáticamente la patria potestad y al haber llegado el alimentado a los 21 años, debe cesar también automáticamente y por ende, la obligación alimentaria.
Cito jurisprudencia:
"Los alimentos del hijo menor cesan de pleno derecho, cuando aquel llega a la mayoría de edad o se emancipa, de manera que es innecesaria petición alguna al respecto por parte del alimentante quien puede, sin más, cesar en el pago de las costas" (CNCIV, Sala C 13/5/88, Rep JA, 1988-8, n 33. CN Civ., Sala A 21/8/86, R19.241).
"La mayoría de edad alcanzada por el hijo hace cesar ipso iure el deber alimentario de sus padres, salvo que con anterioridad a ese momento hubiera demostrado que le son indispensables y que no está en condiciones de procurárselos". (CN Civ. Sala C Diciembre 3-990 Vde. M Vc MN - La Ley 1991-E.290 DJ 1992-1-66-ED-142-373).
"La cesación del deber alimentario particular de los padres a favor de los hijos se produce de pleno derecho cuando alcanzan la mayoría de edad (arts. 265, 267, 268 y cons. C. Civ. En tales circunstancias, los hijos mayores de edad o emancipados solo podrán reclamar la prestación alimentaria en los términos y bajo las condiciones impuestas por el art. 367 del citado ordenamiento" (Tfamilia Formosa, octubre-2-996- USMC MJR -LL Litoral, 1997 -416-DJ, 1997-3-513).