miércoles, 30 de julio de 2008

Declaración de los Derechos del Niño

  • Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959.
Artículo 1º: El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta declaración. Estos derechos serán reconocidos a todos los niños sin excepción alguna ni distinción o discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra condición, ya sea del propio niño o de su familia.
Artículo 2º: El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño.
Artículo 3º: El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una nacionalidad.
Artículo 4º: El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social.Tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud; con este fin deberán proporcionarse, tanto a él como a su madre, cuidados especiales, incluso atención prenatal y postnatal. El niño tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados.
Artículo 5º: El niño física o mentalmente impedido o que sufra algún impedimento social debe recibir el tratamiento, la educación y el cuidado especiales que requiere su caso particular.
Artículo 6º: El niño, para el pleno desarrollo de su personalidad, necesita amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material; salvo circunstancias excepcionales, no deberá separarse al niño de corta edad de su madre. La sociedad y las autoridades públicas tendrán la obligación de cuidar especialmente a los niños sin familia o que carezcan de medios adecuados de subsistencia. Para el mantenimiento de los hijos de familias numerosas conviene conceder subsidios estatales o de otra índole.
Artículo 7º: El niño tiene derecho a recibir educación que será gratuita y obligatoria por lo menos en las etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca su cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social y llegar a ser un miembro útil de la sociedad. El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación; dicha responsabilidad incumbe, en primer término, a sus padres. El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deben estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación; la sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de este derecho.
Artículo 8º: El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban protección y socorro.
Artículo 9º: El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trata.No deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima adecuada; en ningún caso se le dedicará ni se le permitirá que se dedique a ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar su salud o educación o impedir su desarrollo físico, mental o moral.
Artículo 10º: El niño debe ser protegido contra las prácticas que puedan fomentar la discriminación racial, religiosa, o de cualquiera otra índole. Debe ser educado en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y fraternidad universal, y con plena conciencia de que debe consagrar sus energías y aptitudes al servicio de sus semejantes.

Historia sobre los Derechos del Niño:
La Asamblea General de las Naciones Unidas recomendó que, a partir de 1956, se instituyera en todos los países un Día Universal del Niño, que se consagraría a la fraternidad y a la comprensión entre los niños del mundo entero y se destinaría a actividades propias para promover el bienestar de los niños del mundo.Convención sobre los Derechos del Niño fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en noviembre de 1989.La Convención de los Derechos del Niño es un conjunto de normas acordadas que deben respetar todos los países que la firmaron y ratificaron.Sus artículos proponen nuevos aportes a los contenidos en la Declaración de los Derechos del Niño de 1959. Y fundamentalmente avanza en el aspecto jurídico, al hacer a los Estados firmantes "jurídicamente" responsables de su cumplimiento.
Entrada en vigor: 2 de septiembre de 1990, de conformidad con el artículo 49.

lunes, 28 de julio de 2008

Delitos informáticos.

  • Por Andrea Fadelli.
El ingreso ilegítimo a sistemas informáticos, al correo electrónico o a los archivos de una computadora sin la pertinente autorización, causan una invasión a la esfera privada y a la intimidad del individuo, por lo que el acceso ilegal a ellos constituye una violación a derechos personalísimos.
Hace tiempo ya que se habla de este tema, así como de los mercados de venta de datos, por ello los países han ido dictando normas, reglamentaciones y creando organismos de protección.
Con la ley 26.388, sancionada en junio de 2008 en el Congreso, Argentina busca prevenir y reprimir delitos informáticos y la comisión de irregularidades en el tratamiento y transmisión de los datos.
Actualmente y con la sanción de la precitada ley, nuestro país se encuentra a la vanguardia de la legislación de delitos informáticos.
La norma en cuestión establece que el acceso indebido a un correo electrónico o a un sistema o dato indebido es un delito castigado por el Código Penal.
En efecto la norma determina que el término "documento" comprende toda representación de actos o hechos, con independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento, archivo o transmisión y que los términos "firma" y "suscripción" comprenden la firma digital, la creación de una firma digital o firmar digitalmente. De igual manera se establece en la ley que los términos "instrumento privado" y "certificado" comprenden el documento digital firmado digitalmente.
La nueva ley tipifica los delitos informáticos y establece que será reprimido con prisión de quince (15) días a seis (6) meses el que abriere o accediere indebidamente a una comunicación electrónica, que no le esté dirigida; o se apoderare indebidamente de una comunicación electrónica, aunque no esté cerrada; o indebidamente suprimiere o desviare de su destino una correspondencia o una comunicación electrónica que no le esté dirigida. También establece que en la misma pena incurrirá el que indebidamente interceptare o captare comunicaciones electrónicas o telecomunicaciones provenientes de cualquier sistema de carácter privado o de acceso restringido.
Asimismo la ley 26.388 contempla una pena de prisión de un (1) mes a un (1) año, si el autor además comunicare a otro o publicare el contenido de la carta, escrito, despacho o comunicación electrónica.
Y si el hecho lo cometiere un funcionario público que abusare de sus funciones, la pena se agrava con inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena.
La norma considera como delito al acceso indebido a un banco de datos e incluye a Internet como medio posible para la comisión de delitos contra la integridad sexual y contra la privacidad, y además contempla penas de prisión para quien a sabiendas accediere, sin la debida autorización o excediendo la que posea, a un sistema o dato informático de acceso restringido. Entre otros.
La prohibición de acceso a la correspondencia privada y la prohibición a la violación de morada, son supuestos que han servido de manera análoga a la regulación de la privacidad en Internet.
La amenaza más evidente, de la que todo el mundo es consciente, consiste en los ataques a la confidencialidad, autenticidad e integridad del correo electrónico. Hoy por hoy es muy común el hackeo de cuentas, aunque por otra parte se puede hacer frente a estos ataques mediante los protocolos de comunicaciones basados en procedimientos criptográficos.
Sin embrago, la mayoría de los usuarios no es consciente de la cantidad de información privada que, de forma inadvertida e involuntaria, está revelando a terceros, al hacer uso de Internet.
Es aquí donde podemos observar claramente que la ley 23.688 es un paso muy importante porque regula en parte el uso de la información en el ciberespacio.
CODIGO PENAL. Ley 26.388. Modificación. Sancionada: Junio 4 de 2008. Promulgada de Hecho: Junio 24 de 2008.

jueves, 24 de julio de 2008

DIFERENCIA CONCEPTUAL ENTRE INADMISIBILIDAD E IMPROCEDENCIA.

  • Por Andrea Fadelli.

    A través del presente haré una breve reseña de dos cuestiones -relacionadas entre sí, pero diferentes- que se presentan en la práctica forense y que suscitan ciertas contradicciones e imprecisiones.

    Plantear un tema como este exige aclarar determinadas cuestiones, que traspasan la probabilidad de ingresar de una forma más o menos profunda a la base esencial del mismo, y, que conforman concepciones generales que nos conducirán por la senda del debate.
    La inadmisibilidad y la improcedencia constituyen vocablos jurídicos absolutamente distintos y excluyentes. En efecto, se debe distinguir la figura de la inadmisibilidad con respecto a la improcedencia de la acción, por las consecuencias también diferentes que derivan de su declaratoria judicial: admisibilidad y procedencia.
    El problema es más complicado que una simple coincidencia o controversia de términos, y por esa misma razón en determinadas circunstancias no se le da la trascendencia que amerita.
    Desde hace tiempo los términos improcedencia e inadmisibilidad han sido considerados como sinónimos que no varían en si, ni formal ni sustancialmente.
    Ambos, se ha dicho, vendrían a ser rechazos de la pretensión por adolecer éstos de algún defecto que impida entrar a conocer sobre la pretensión del actor o recurrente.

    Tratando de diferenciar admisibilidad y procedencia, se puede decir que una vez interpuesta una demanda o planteado un recurso, el magistrado examinará si se han acatado los requerimientos y formalidades extrínsecas que la ley ordena para que el expediente pueda pasar a tratamiento.
    En ese supuesto se está produciendo una apreciación de "admisibilidad" de la pretensión.

    Se puede decir que la admisibilidad es un concepto que atañe al derecho procesal particularmente, y en especial a la acción interpuesta.

    Por otra parte una vez admitida una demanda o un recurso, se considera el mérito o fondo de la cuestión, decidiendo el juez respecto de la "procedencia o improcedencia" de las pretensiones finales del actor o del recurrente.

    Consiguientemente la procedencia concierne más al derecho material, es decir la composición en si de un asunto o una situación que suscite conocimiento jurisdiccional procedente, no depende en sí de la interposición de una demanda, sino que el hecho existe y está latente.
    En principio los conceptos inadmisibilidad e improcedencia, están vinculados, por definición, al derecho procesal, debido a que ambos parten ya de la conjetura que ha habido una manifestación de voluntad ante un juez (acción o recurso) y el mismo debe pronunciarse.
    El estudio de la admisibilidad es al solo efecto de desplegar la instancia, en cambio el examen de la procedencia se realiza para resolver el dilema de fondo. Si bien los términos nos enfocan al mismo fin, análisis y resolución, el tema es que no tienen ni pueden tener el mismo origen.
    Es por ello que se hace necesario establecer contornos y no perder de vista a qué se refiere cada uno de ellos, y bajo qué supuesto fáctico el juez estará facultado para realizar un pronunciamiento en uno u otro alcance.
    La declaración de inadmisibilidad se realiza como una diligencia previa, en la que se decide (apreciando aspectos de forma o motivos de evidencia), que no hay lugar a seguir sustanciando ciertos recursos o reclamaciones. En cambio la improcedencia es la falta de oportunidad, de fundamento o de derecho; por lo tanto una pretensión es declarada improcedente cuando no es conforme a derecho, inadecuada o extemporánea.
    Una cuestión que se muestra como opinable, es la oportunidad adecuada para un pronunciamiento sobre el punto.

    Desde mi punto de vista el traslado -de la demanda o recurso- a la otra parte, conlleva "implícitamente" el reconocimiento de admisibilidad y de procedencia formal del trámite, ello en base a los principios de eficacia y economía procesal. No obstante, existen distintas posturas al respecto. De hecho, hay algunos fallos que han establecido que este tipo de decisiones deben ser tomadas antes de la traba de la litis, porque después no puede (inesperadamente) dictarse una resolución sobre el fondo de la cuestión, alterándose el principio de preclusión.
    Sin embargo, hay doctrinarios que se inclinan por el criterio opuesto, expresando que en cualquier momento del proceso que el juez advierta que se encuentra en uno de los supuestos de inadmisibilidad o improcedencia, debe poner fin al proceso declarándolo así, e incluso puede hacerse a pedido de parte.
    De cualquier modo cabe resaltar que la especificación in limine, concuerda con la improcedencia y no con la in admisibilidad, pues resulta lógico que la inadmisibilidad alude a la intramitabilidad "ab initio" del proceso, dada la falta de acatamiento de los presupuestos procesales.

    En efecto, se puede decir que si el juzgador advierte que una demanda o recurso, se exhiben inadmisibles o constitutivamente inhábiles, de disponer su sustanciación, daría lugar a un dispendio jurisdiccional inútil y a la vez a un proceso inservible, que habrá nacido defectuoso desde su origen. Por ello el juzgador tiene no sólo la facultad, sino también el deber de examinar liminarmente la pretensión e igualmente fiscalizar para que el resultado de la actividad jurisdiccional resulte útil, aplicando adecuadamente los principios de eficacia y economía procesal.

    Propiamente la admisibilidad de la pretensión, se encuentra referida al cumplimiento de los requisitos legales que habiliten su tramitación, pero su declaratoria de ningún modo implica un pronunciamiento sobre el mérito del asunto debatido en el proceso.
    Por el contrario, la inadmisibilidad de la pretensión se origina por la falta de cumplimiento de esas exigencias que impiden la prosecución del proceso.
    Si la demanda o recurso carecieran de alguno de los requisitos exigidos, el juez los puntualizará y ordenará al demandante o recurrente que los subsane dentro del plazo legal, bajo apercibimiento de declararlos inadmisibles. Claro está, si la demanda se declara inadmisible el derecho "virtualmente" quedará a salvo y el actor podrá plantear nueva demanda.

    Por su parte, la procedencia se refiere a una investigación ya del fondo del asunto, infiere una confrontación entre la pretensión invocada y el derecho aplicable que conlleva a la declaratoria con lugar o sin lugar de la acción interpuesta.

    A ambos términos se los asemeja, pero ambas categorías poseen roles individuales que delimitan su contorno de aplicación.

    En tal sentido, si bien nada es absoluto, la intención es señalar, que no existe absoluta identidad y similitud entre admisibilidad y procedencia, toda vez que la inadmisibilidad está referida al incumplimiento de determinados presupuestos que hacen inviable el inicio del procedimiento; en tanto que, la improcedencia obedece a aquellos casos en que la pretensión del demandante no se adecua a lo establecido en el derecho sustantivo, a los efectos de conseguir su satisfacción a través de una decisión judicial.

    De todos modos y para finalizar, se puede decir que a pesar de las diferencias, existe una importante conjunción entre in admisibilidad e improcedencia, que se produce porque el análisis de procedencia en la oportunidad procesal de analizar la admisión encuentra su justificación en el principio de economía procesal, ya que no tiene coherencia admitir una acción que en definitiva no prosperará por resultar improcedente.

  • Esta nota fue publicada en el Dial.com
  • http://www.eldial.com/suplementos/procesal/tcdNP.asp?id=3824&id_publicar=5826&fecha_publicar=25/08/2008&camara=Doctrina

  • Esta nota fue publicada en Fojas Cero Nº 184 de Julio de 2008.
  • http://www.fojas0.com/FC184Fadelli2.htm

miércoles, 23 de julio de 2008

EL TORNILLO.

  • CUENTO TECNOLÓGICO.
Dedicado a todos aquellos profesionales que día a día se enfrentan con la desconsideración de quienes por su propia ignorancia no alcanzan a entenderlos.
•Algunas veces es un error juzgar el valor de una actividad simplemente por el tiempo que toma realizarla ...
•Un buen ejemplo es el caso del ingeniero que fue llamado a arreglar una computadora muy grande y extremadamente compleja ... una computadora que valía 12 millones de dólares.
•Sentado frente a la pantalla, oprimió unas cuantas teclas, asintió con la cabeza, murmuró algo para sí mismo y apagó el aparato.
•Procedió a sacar un pequeño destornillador de su bolsillo y dio vuelta y media a un minúsculo tornillo.
•Entonces encendió de nuevo la computadora y comprobó que estaba trabajando perfectamente.
•El presidente de la compañía se mostró encantado y se ofreció a pagar la cuenta en el acto.
•-"¿Cuánto le debo? "-preguntó.
•- "Son mil dólares, si me hace el favor".
•- "¿Mil dólares? ¿Mil dólares por unos momentos de trabajo? ¿Mil dólares por apretar un simple tornillito?
•¡Ya sé que mi computadora cuesta 12 millones de dólares, pero mil dólares es una cantidad disparatada!
•La pagaré sólo si me manda una factura perfectamente detallada que la justifique".
•El ingeniero asintió con la cabeza y se fue.
•- A la mañana siguiente, el presidente recibió la factura, la leyó con cuidado, sacudió la cabeza procedió a pagarla en el acto, sin chistar. La factura decía:
Detalle de servicios prestados.
•Apretar un tornillo: 1 dólar.
•Saber qué tornillo apretar: 999 dólares.
NOTA: "SE GANA POR LO QUE SE SABE, NO POR LO QUE SE HACE".

martes, 22 de julio de 2008

PADRES DE VISITA

  • Escrito por la Dra. MARIA ALICIA FAVOT.
    Jueza de Familia.

    La dolorosa experiencia de la separación de una pareja suele ser doble cuando tienen hijos.
    En teoría, ellos se separan, pero no se produce ninguna ruptura de lo que se ha dado en llamar "la pareja parental".
    Es decir, ambos progenitores continúan con sus deberes y derechos con respecto a sus hijos -los que deben ser compartidos- lo que incluye, por cierto necesariamente, una buena comunicación entre ellos.
    Lo que habitualmente se produce es una ruptura total de la comunicación. Por lo que el intercambio imprescindible de opiniones y los acuerdos con respecto a la crianza quedan en suspenso.
    En medio de esta tormenta, a veces silenciosa y otras con estruendo, quedan los hijos.
    Mudos testigos de los desencuentros, de las vergonzosas limitaciones y egoísmos de nosotros, los adultos, receptores pasivos de las enseñanzas de nuestras inconductas.
    De pronto, la persona con la que soñamos juntos el destino compartido, a quien le juramos fidelidad y amor eterno, se convierte en un perfecto desconocido. Pasible de las peores sospechas, carga cada uno con la presunción de la mala fe en todos y cada uno de sus actos.
    Mientras tanto, la vida sigue transcurriendo. La conmoción de la nueva situación, de la que hay que hacer el duelo, exige conductas que quizá nunca habíamos desarrollado: tolerancia, comprensión, paciencia, contención. Los hijos la requieren.
    Con o sin palabras, se ponen agresivos o discuten decisiones, intentan tomar el lugar del progenitor ausente, se evaden, abandonan los estudios o decaen sus intereses, asumen el papel de protectores o se alían con alguno de sus progenitores desconcertando y provocando más dolor en el no elegido, se encierran en sí mismos, se deprimen, se drogan... se nos empiezan a ir de las manos, nos desbordan.
    ¿Qué relación tiene esto con el padre de visita?
    Cuando me refiero a padre incluyo a ambos sexos, a cualquier progenitor que, separado, deba ejercer lo que a mi criterio se denomina tristemente "visita".
    Un padre o una madre que hasta ayer convivía con su pareja y sus hijos de pronto se ve compelido a pautar días y horarios para " visitarlos", esto es para llevar a cabo un "acto de cortesía" (tal es la acepción más común del verbo visitar).
    ¿Esto es todo? ¿Esto es lo que desean padres y madres que no conviven con sus hijos? ¿Esto es lo que desean los hijos?
    Es decir que a partir de ahora y "para siempre" aquél con quien el niño o la adolescente compartió horas cotidianas, aburridas o divertidas, serias, tristes o alegres, en fin las horas de su vida, se va a transformar en un pasajero de su infancia o adolescencia.
    No más salidas juntos sin horarios, no más los ritos comunes que establecen los niños con sus padres o madres: el beso de las buenas noches, el cuento en el borde de la cama mientras el sueño les cierra las pestañas, el cepillado de los dientes, la búsqueda de los amigos a la salida de la escuela, las vacaciones juntos, los reyes, el regalo de cumpleaños, el Día del Padre, las peleas y las disculpas, las confidencias, la primera salida a la disco, el boletín y un largo etcétera y una larga ausencia.
    La tristeza que se instala en los hijos cuando esto sucede es infinita. Daña seriamente, son los hijos que maduran de golpe y que nos miran desde el fondo de su inocencia, de la impotencia de las preguntas sin respuestas, desde lo inexpresable con palabras porque no se puede describir.
    Hay países que han intentado resolver esta experiencia en forma de tenencia compartida, o de convivencia alternada, donde quien cambia de domicilio para la convivencia son los padres y no los hijos y hasta con la aplicación de penas de prisión efectiva para quien obstaculice el contacto con el progenitor no conviviente.
    Lo que ningún sistema legal podrá lograr ni siquiera mínimamente es influir en la actitud emocional que los padres separados tengan con respecto a esta situación. No existe una ley que pueda obligar a amar, a ser generoso, comprensivo, a perdonar.
    Cualquier ley puede sabotearse, incumplirse, boicotearse. Todas esas conductas pueden castigarse sin obtener el resultado que queremos.
    Es por ello que tenemos ante nosotros, en estas situaciones, un enorme desafío: crecer.
    Convertir la adversidad de una ruptura en una oportunidad que nos da la vida para ser más sabios, mejores padres, más felices.
    Más sabios para aceptar que "el otro" no fue ni podrá ser nunca como quiero que sea, sino como es.
    Mejores padres para ayudar a los hijos a crecer bien, aun en situaciones desconocidas y difíciles sin que sean traumáticas.
    Más felices.
    MARÍA ALICIA FAVOT (*)
    Especial para "Río Negro"
    (*) Juez de Familia- Juzgado VII de Cipolletti.

    Esta nota fue publicada en el Diario Río Negro. Edición Impresa del día 12-06-2008. Pág. 20/21.

lunes, 21 de julio de 2008

DISCIPLINAS ASOCIADAS EN UN OBJETIVO COMPARTIDO: EL INTERES SUPERIOR DEL NIÑO.

  • Por Ana Silva y Andrea Fadelli.
A través del presente se pretende poner en evidencia que, en buena medida, la estructura valorativa y normativa de los derechos de los niños cobra eficacia y validez sólo desde el momento en que los reclamos por las violaciones de los mismos son eficazmente resueltos por las instancias jurisdiccionales a través de los mecanismos procesales. Todo un sistema de doctrinas, normas y valores sobre los derechos de los niños nada son, o poca es su eficacia, si quienes debemos velar por los mismos no estamos preparados adecuadamente. Si bien el maltrato o abuso a niños no es un fenómeno reciente, en los últimos años se están verificando algunas tendencias novedosas. Nuestra intención es volcar en estas líneas diferentes aspectos y matices, tratando de transmitir los conocimientos necesarios para que todas las personas involucradas en el desarrollo de los niños y jóvenes puedan transformarse en detectores, componedores y seguidores de situaciones de maltrato o abuso infantil. Para poder introducirnos al tema central de nuestro trabajo debemos comenzar por expresar que en la actualidad ha cobrado relevancia la dicotomía existente entre el maltrato o abuso concreto de un niño y lo que algunos denominan síndrome de alejamiento parental. Richard Gardner, en 1985, definió al síndrome de alienación o alejamiento parental como "un trastorno caracterizado por el conjunto de síntomas que resultan del proceso por el cual un progenitor transforma la conciencia de sus hijos, mediante distintas estrategias, con objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con el otro progenitor", es decir: uno de los progenitores manipula al menor con el fin de que éste rechace al otro. Algunos profesionales de la salud han considerado al síndrome de alienación parental como una alteración cognitiva, conductual y emocional a través de la cual el niño desprecia y critica a uno de sus progenitores. Como primer punto cabe destacar que esta contingencia es un desorden que suele aparecer en el contexto de las disputas familiares. Cabe aquí aclarar que los términos "síndrome" y "alienación" tienen distinto significado en la disciplina psicológica que en la jurídica, por ello es importante destacar que, cuando se habla de síndrome de alienación parental, la correspondencia en el léxico jurídico tiene relación directa con el mal desempeño de los deberes emergentes de la patria potestad, posteriores a una separación o divorcio conflictivo. Hecha la salvedad, se puede advertir que en ocasiones, cuando se denuncia un caso de maltrato o abuso de un niño, aparece como contrapartida otra denuncia por obstrucción de vínculo, basada por lo general en lo que se ha dado en llamar el síndrome de alejamiento parental. La arista opuesta de lo que llaman "alienación parental" es el rechazo que realmente siente un niño hacia alguno de sus progenitores como consecuencia del "maltrato" o "abuso" que efectivamente éste despliega sobre el niño. Quienes cuestionan el uso del SAP contra los niños y las niñas en la Justicia manifiestan que es una forma de violencia contra la niñez, ya que su aplicación conlleva la decisión de descalificar la palabra de los niños en virtud de que ellos podrían ser transmisores de ideas ajenas infundidas suspicazmente. El grave problema que se ha suscitado es que, cuando un niño sufre maltrato psicofísico real por parte de un progenitor, el otro (progenitor) debe realizar esfuerzos incansables para probar que no existe ningún tipo de manipulación. Pues bien, la resolución del tema en tales supuestos es una tarea difícil y de gran responsabilidad, por lo tanto consideramos que el funcionamiento judicial en el ámbito del derecho de familia requiere organización, un esquema teórico y estrategias que vinculen los conocimientos del derecho y los de la psicología, para totalizarlos y ordenarlos mediante interacciones y autorregulaciones que puedan originar una amalgama perfecta de conocimientos. Conjuntamente con lo mencionado, creemos firmemente que la labor consiste siempre en un trabajo interdisciplinario, con equipos de profesionales de la salud mental, profesionales del derecho y operadores de la Justicia en general, que ejerzan su trabajo con idoneidad atendiendo a la verdadera demanda, que sería preservar la salud psicofísica de los niños y jóvenes. Desde el ámbito de la salud mental el aporte que se brinda es atender a la demanda, lo que incluye saber realizar diversos tipos de diagnósticos: al niño, a la madre, al padre, y a la vez un diagnóstico familiar, todo ello con las correspondientes interconsultas o pericias si fuera necesario. Lo que significa que nunca podemos trabajar solos en estos casos. Consideramos que es fundamental diferenciar exactamente cuando la animosidad de un niño pueda deberse a un verdadero caso de negligencia, abuso o maltrato parental auténtico, ya que en ese caso no se podría decir que se trate de un conflicto de alienación parental. Por ello resaltamos la importancia que tiene el adecuado funcionamiento de la Justicia de menores. Sin embargo, reflexionamos que lo esencial ante todo es no negar a los niños y niñas el valor de verdad a sus palabras, destacando que de seguro, en el caso de los niños, nos vamos a encontrar frente a la ambivalencia amor-odio propia de la infancia, por lo que resulta muy significativo advertir que no sólo aparecerá el síntoma del rechazo sino que a la vez el niño seguramente mostrará que ama a su padre o madre. Como se puede contemplar, justamente la ambivalencia infantil es la que a veces hace que el niño sienta afectividad o piedad filial hacia el progenitor, aunque éste lo maltrate. Es por eso que tenemos que estar muy pendientes de lo que los niños manifiestan a través del lenguaje, tanto verbal como corporal. De hecho, a veces no aparecen signos claros de violencia física pero eso no quiere decir que el niño esté psico-físicamente bien; ello puede detectarse de diversas formas, todas a partir de los que están en contacto directo con los niños. Evidentemente, cuando un niño manifiesta diferentes síntomas, hay que preguntarse también quiénes están sosteniendo dichos síntomas. Hacer oídos sordos a las palabras de un niño o ignorar sus manifestaciones retrotrae la garantía de los derechos humanos. Debemos tener presente que, cuando uno de los padres maltrata o abusa de sus hijos, la aversión del niño queda plenamente justificada y la misma surge naturalmente, no por inducción. En efecto, el sólo hecho de que un progenitor no pase la cuota alimentaria a sus hijos denota de por sí una conducta vejatoria y omisa que requiere ser desentrañada y que, por ende, no debe pasarse por alto, a la vez que es ya un diagnóstico. Ineludiblemente debemos razonar que, cuando la animosidad del niño puede justificarse, como sucede en el caso de existir maltrato, abuso o negligencia parental real, el diagnóstico de síndrome de alejamiento parental no resultará de aplicación para explicar la hostilidad del niño. Por lo expresado resultará indispensable analizar y verificar que el progenitor objeto de la hostilidad no haya mostrado ningún comportamiento abusivo que pudiera justificar el repudio del niño. Quien pretenda aplicar el SAP debe previamente descartar por completo la existencia de cualquier forma de menoscabo o negligencia en los cuidados del niño, asegurándose que los reproches que el mismo realiza no se refieran a conductas o actitudes efectivamente reprensibles por parte del familiar a quien el niño rechaza. Lo esencial es realizar una investigación profunda, porque de esa forma se evitará, por un lado, que prosperen las falsas denuncias por abuso y, por otro lado, que los progenitores que realmente maltratan a sus hijos o que son abusadores infantiles utilicen el SAP como un artificio malicioso, causando la total desprotección de los niños y provocando daños irreparables en ellos. La idea no es que un niño no pueda ver más al progenitor que lo maltrata o que sea separado del familiar que lo manipula, y aquí mencionamos nuevamente la importancia del trabajo interdisciplinario, donde los profesionales deberán agotar todos los recursos para que esos padres y madres realicen los tratamientos que necesitan, a la vez que se puede implementar otra estrategia terapéutica como por ejemplo "el acompañante terapéutico", un recurso humano que, trabajando en conjunto con los profesionales a cargo de los tratamientos, podrá estar presente cuando un niño ve a un padre o madre con estas características. De la misma manera, es de vital importancia evaluar previamente el riesgo y asegurarse de que el progenitor que padece problemas psicológicos sea sometido a los tratamientos pertinentes, y no, en cambio, sostener terapias interminables y sin resultados efectivos con los niños solos. Obviamente siempre dependiendo del caso o de la gravedad del asunto, pues en ocasiones la situación es tan delicada que se hace imprescindible la restricción del contacto. Lo principal es no forzar la voluntad del niño a revincularse con aquel progenitor que verdaderamente lo perjudica. Entendemos que la vinculación no siempre es viable pero, en caso de serlo, debe darse única y exclusivamente cuando el niño realmente esté fortalecido. Cada caso de litigio debe estudiarse en su singularidad, no puede generalizarse y tampoco descreerse de la palabra de los niños. Algo que no debe hacerse jamás es defender el vínculo por sobre la integridad del menor. Desde nuestra posición podemos sustentar que, si bien las criaturas necesitan a ambos progenitores para su normal desenvolvimiento y desarrollo, ello no es a ultranza, por lo que, si es que se verifica que existe perjuicio para el niño, la cuestión no debe centrarse únicamente en mantener los lazos de sangre y la conexión de los hijos con un progenitor que lo mortifica, si además ese progenitor se resiste a los tratamientos propuestos. Cuando existe maltrato queda claro que la consanguinidad no garantiza que un progenitor pueda ejercer el rol psicológico de padre o madre. Todos somos conscientes de que el maltrato puede ser tanto físico como psicológico o emocional y debemos tratar de evitar que los niños sean manipulados o maltratados por sus progenitores o que se los incluya entre los "bienes" en disputa. Según nuestro punto de vista, cuando se dirime un conflicto en los procesos de familia debe existir a la par una justicia de acompañamiento, lo que implica el seguimiento de los efectos de las resoluciones tomadas y de las pautas para su cumplimiento. Finalmente queremos hacer hincapié en que los niños merecen relacionarse con quien los quiera, los respete y los considere personas con derechos humanos. Para ello debemos velar por la buena práctica interdisciplinaria en el ámbito judicial y psicológico, pues el derecho no puede estar ajeno a estos fenómenos y desamparar a los niños, quienes resultan ser en definitiva las víctimas.
ANDREA FADELLI (*) Y ANA SILVA (**) Especial para "Río Negro"
(*) Abogada.
estudiofadelli@afadelli.com.ar (**) Licenciada en Psicología. lic_anasilva@hotmail.com

Esta nota fue publicada el día 05 de Julio de 2008, en la
Edicion impresa pag. 22 y 23 del Diario Río Negro.

Esta nota fue publicada en BLOG DIARIO ESPAÑOL ONLINE "QUE.ES"
http://blogs.que.es/18247/2008/7/11/el-interes-superior-del-nino.

Esta nota fue publicada en BLOG ACAPASE (ASOCIACION CATALANA DE PADRES SEPARADOS).
http://www.padredesamparado.blogspot.com/

viernes, 18 de julio de 2008

FECUNDACION ASISTIDA Y EMBRIONES CONGELADOS CON DESTINO INCIERTO

  • Por Andrea Fadelli.
En la actualidad se dan situaciones que provocan disyuntivas que desconciertan, porque no son las tradicionales a las que estamos acostumbrados. El conocimiento se produce y se supera cada día con mayor rapidez, han salido a relucir los avances que se han venido logrando en los años recientes y que están abriendo todo un nuevo universo de prácticas -tales como la fecundación asistida y la congelación de embriones- que ponen a nuestro alcance la vida misma.
Ante esta situación el humanismo ha creado una nueva derivación de la ética, denominada bioética, que se vincula con el derecho como una ciencia normativa de contenidos éticos y a la vez se enlaza con las ciencias de la salud y de la vida.
Es difícil darle una solución categórica a la situación de hecho que se ha creado por la práctica de la congelación de embriones humanos, pero es importante buscar las opciones que mejor apunten a su protección.
A diferencia de lo que algunos consideran, reflexiono que para proteger a los embriones congelados no sería lógico prohibir las técnicas de reproducción artificial extracorpórea, porque los avances de la ciencia y la tecnología otorgan crecientes beneficios a nuestra sociedad. En consecuencia, creo que es menester favorecer su evolución. No obstante, ciertas actividades y conductas deben estar adecuadamente reguladas para evitar que se generen situaciones desventajosas.
De acuerdo con lo enunciado y dado que en nuestro país no existe regulación específica sobre la temática de los embriones congelados, se destacan la necesidad y la conveniencia de otorgar un marco legal a la cuestión. La ciencia y la tecnología avanzan a pasos agigantados y se renuevan constantemente, por lo tanto las reglas a dictarse deberán ser flexibles y abiertas, para que puedan ir abarcando las nuevas situaciones que se van presentando.
Si bien nuestro Código Civil establece que "desde la concepción en el seno materno comienza la existencia de las personas", hoy en día con la fertilización in vitro se puede concebir la vida "fuera del seno materno". Es justamente por ello que se ha creado la disyuntiva sobre si un embrión humano -fecundado fuera del útero- es persona o no y, evidentemente, la discusión sobre este asunto ha dividido a los expertos en bioética, médicos, científicos, religiosos y doctrinarios del Derecho.
La jurisprudencia argentina ha considerado que el óvulo fecundado es una persona que debe ser protegida. De todas maneras, en lo atinente al tema de los embriones congelados, existen diversas posiciones y opiniones, todas ellas muy respetables.
Desde la biomedicina se ha intentado aclarar que con los métodos de fecundación se procura transmitir vida, pero no crearla. Algunos especialistas destacan que se trabaja con pre-embriones y que los mismos son considerados como vida humana, pero no como persona.
Siendo que las divergencias y las discusiones en torno de este tema son múltiples, mi intención sólo se circunscribe a formular ciertas alternativas que favorezcan la protección de los embriones congelados.
Por el momento, los embriones crio-preservados tienen un "destino desconocido". Cuando aquel fecundado in vitro no se llega a implantar, debe conservarse. Pasado un tiempo prudencial, debe decidirse qué se hace con el embrión congelado supernumerario. Lo ideal sería descongelarlo y transferirlo al vientre, pero eso no siempre se da y es allí cuando se suscita la polémica. Algunos sostienen que el embrión debe mantenerse congelado indefinidamente, otros creen que se tiene que utilizar para investigación.
Muchos embriones resultan "objeto" o "sujeto" de interés por parte de quienes los encomendaron, en vistas de un futuro implante. Sin embargo, otros tantos son abandonados, generándose un dilema, pues los médicos desconocen qué destino deben dar a esos embriones.
A efectos de evitar la pérdida de ellos, con fundamento en el derecho a la vida, la dignidad de los "niños embrionarios congelados" y el respeto al embrión humano, se ha propuesto que se legisle la "filiación por dación" o la "adopción prenatal" de los embriones congelados. Destaco que no debería desestimarse la idea ya que tengo presente que, si no se legisla al respecto, el "implante de embriones ajenos" o por qué no el "alquiler de vientres" podrían darse de todos modos, pero en la clandestinidad. Indiscutiblemente ésas serían prácticas no deseadas, porque traerían aparejados problemas relacionados con el desdoblamiento de la paternidad biológica y la legal.
Considerando la falta de normas jurídicas claras y de no mediar previsión legal, o al menos una regulación mínima acorde a las circunstancias, puede que los sujetos queden alegóricamente desamparados y en permanente anormalidad.
Como existen tantos casos de abandono, abuso y maltrato infantil, soy partidaria de la adopción de un niño ya nacido y no de un embrión crio-conservado, aunque comprendo que casi todos tenemos el "sueño del auto-engendramiento". Por ello es entendible el deseo y la preferencia de una pareja de implantarse un embrión, aunque el mismo no sea propio.
No a todos les agrada la idea de donar sus embriones, aunque cabe precisar que la mayoría se despreocupa de los que quedaron congelados.
Por el momento y ante la irresolución del tema, los centros de fertilización han optado por mantener congelados a los embriones. Pero esta situación no puede mantenerse indefinida en el tiempo.
Ante el abandono de un embrión lo mejor sería "darlo en adopción" y brindarle un útero para que pueda continuar su desarrollo. Lo esencial es priorizar la protección de los embriones congelados y la adopción prenatal de los mismos resulta -para muchos- la solución más acertada y la que podría darles el destino más digno, la de desarrollarse en lugar de provocarle la extinción por descongelación.
A diferencia de la adopción de los niños nacidos, la "filiación por dación" o la "adopción prenatal" aparecen como soluciones hipotéticas pero no concretas, pues no están reguladas por nuestro ordenamiento.
En los tiempos actuales y dado que en nuestro país tenemos una altísima tecnología médica y biológica, a mi criterio resulta retrógrada la idea de que algunos tienen de prohibir las técnicas de fecundación asistida, incluso porque que en estos momentos ya están arraigadas en la sociedad.
El problema es que debido a los dilemas bioéticos y a que no ha habido un consenso necesario sobre el estatuto jurídico del embrión extrauterino, estamos frente a un vacío legal.
Por ello y asumiendo que algunos embriones crio-preservados tendrán un destino fatal, lo mejor que puede hacerse es darlos en adopción para salvarlos, sin intentar discernir si es moral o no, ni si se trastorna o no la concepción de la maternidad y de la filiación.
La filiación por dación puede llegar a resguardar de alguna forma el destino de los embriones congelados. Es por eso que se necesita una legislación flexible y adaptable que regule la actividad.

ANDREA FADELLI (Abogada)
Especial para "Río Negro".

Esta nota fue publicada en la Edición del día 02 de Junio de 2008, en la
Edicion impresa pag. 14 y 15 del DIARIO RIO NEGRO.
http://rionegro.com.ar/diario/2008/06/02/20086o02b03.php

EMPRESAS DE SERVICIOS EVENTUALES

  • EMPRESAS DE SERVICIOS EVENTUALES Y EMPRESAS USUARIAS. NUEVAS MODALIDADES DE FRAUDE EN EL DERECHO LABORAL. LOS CONTRATOS EVENTUALES Y A PLAZO FIJO.

    Por Andrea Fadelli.

    ● Introducción.
    En este informe se hace referencia a regímenes de contratación laboral específicos que tienen trascendencia a nivel social, ellos son los Contratos Laborales a través de las Empresas de Servicios Eventuales. Es importante conocer la legislación vigente para combatir el desempleo, puesto que es sabido que este terreno es campo propicio para el fraude laboral.
    ● Empresas de Servicios Eventuales.
    Se considera Empresa de Servicios Eventuales a la entidad que, constituida como persona jurídica, tenga por objeto exclusivo poner a disposición de terceras personas -en adelante usuarias- a personal industrial, administrativo, técnico o profesional, para cumplir, en forma temporaria, servicios extraordinarios determinados de antemano o exigencias extraordinarias y transitorias de la empresa, explotación o establecimiento, toda vez que no pueda preverse un plazo cierto para la finalización del contrato.Cabe expresar que no se trata de empresas para proveer cualquier clase de personal, sino aquel que vaya a cumplir tareas eventuales. Obviamente, no son tales, las que realizan las empresas selectoras de personal, las empresas de colocación de personas u otras similares que, sin embargo, proveen personal, pero encubren su realidad, y son reprobadas por la OIT.
    ● Empresas Usuarias. Son aquellas que tienen a su cargo empleados de carácter temporal que son contratados a través de las Empresas de Servicios Eventuales.
    ● Las normas por excelencia que rigen a las Empresas de Servicios Eventuales son el Decreto 1694/2006, Resolución 267/2008, 07-mar-2008, Resolución 182/2007 , Resolución 1225/2007, Decreto 342/92 (Derogado) y la Disposición 104/92.

    CONDICIONES ESTIPULADAS EN EL DECRETO 1694/2006.
    Establécese que quedan sujetas a las normas de la presente reglamentación las empresas dedicadas a la prestación de servicios eventuales, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificaciones y la Ley de Empleo Nº 24.013 y sus modificaciones. Deróganse los Decretos Nros. 342/1992 y 951/1999.

    Art. 2º — Se considera Empresa de Servicios Eventuales a la entidad que, constituida como persona jurídica, tenga por objeto exclusivo poner a disposición de terceras personas —en adelante empresas usuarias— a personal industrial, administrativo, técnico, comercial o profesional, para cumplir, en forma temporaria, servicios extraordinarios determinados de antemano o exigencias extraordinarias y transitorias de la empresa, explotación o establecimiento, toda vez que no pueda preverse un plazo cierto para la finalización del contrato.
    Art. 3º — En toda documentación, especialmente laboral, perteneciente a las empresas de servicios eventuales, en sus folletos, tarjetas, contratos con las empresas usuarias, carteles que las anuncien y cuando se las promocione, publicite o se las dé a conocer por cualquier medio, deberán colocar en forma destacada la leyenda "EMPRESA DE SERVICIOS EVENTUALES" y su número de habilitación.
    Art. 4º — Los trabajadores que la empresa de servicios eventuales contrate para prestar servicios en su sede, filiales, agencias u oficinas, serán considerados vinculados por un contrato de trabajo permanente continuo, pudiéndose utilizar también las modalidades previstas en el Título III de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificaciones, cuando circunstancias excepcionales así lo justifiquen.
    Los trabajadores que la empresa de servicios eventuales contrate para prestar servicios bajo la modalidad de trabajo eventual, serán considerados vinculados a la empresa de servicios eventuales por un contrato de trabajo permanente discontinuo.
    A todos los trabajadores dependientes de la empresa de servicios eventuales, ya sea que presten servicios continuos o discontinuos, les serán de aplicación toda disposición legal, estatutaria, convencional, laboral y de la seguridad social vigente.
    Los aportes y contribuciones a la seguridad social respecto de los trabajadores permanentes discontinuos se efectuarán de acuerdo a la legislación aplicable en la empresa usuaria.
    Art. 5º — Cuando la relación de trabajo entre la empresa de servicios eventuales y el trabajador fuere permanente y discontinua, la prestación de servicios deberá sujetarse a las siguientes condiciones:
    a) El período de suspensión entre las asignaciones para prestar servicios bajo la modalidad eventual en las empresas usuarias, no podrá superar los CUARENTA Y CINCO (45) días corridos o los NOVENTA (90) días, alternados en UN (1) año aniversario.
    b) El nuevo destino de trabajo que otorgue la empresa de servicios eventuales podrá comprender otra actividad o convenio colectivo sin menoscabo de los derechos correspondientes del trabajador.
    c) El nuevo destino de trabajo que otorgue la empresa de servicios eventuales podrá modificar el régimen horario, pero el trabajador no estará obligado a aceptar un trabajo nocturno o insalubre, o a tiempo total o parcial cuando no lo haya aceptado anteriormente.
    d) El lugar de prestación de tareas deberá estar comprendido dentro de un radio de TREINTA (30) kilómetros del domicilio del trabajador.
    e) Durante el período de suspensión, previsto en el inciso a), la empresa de servicios eventuales deberá notificar al trabajador, por telegrama colacionado o carta documento, su nuevo destino laboral, informándole nombre y domicilio de la empresa usuaria donde deberá presentarse a prestar servicios, categoría laboral, régimen de remuneraciones y horario de trabajo.
    f) Transcurrido el plazo máximo fijado en el inciso a) sin que la empresa de servicios eventuales hubiera asignado al trabajador nuevo destino, éste podrá denunciar el contrato de trabajo, previa intimación en forma fehaciente por un plazo de VEINTICUATRO (24) horas, haciéndose acreedor de las indemnizaciones que correspondan por despido sin justa causa y por falta de preaviso.
    g) En caso de que la empresa de servicios eventuales hubiese asignado al trabajador nuevo destino laboral en forma fehaciente, y el mismo no retome sus tareas en el término de CUARENTA Y OCHO (48) horas, la empresa de servicios eventuales podrá denunciar el contrato de trabajo en los términos y condiciones previstos en el artículo 244 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificaciones.
    Art. 6º — La empresa de servicios eventuales sólo podrá asignar trabajadores a las empresas usuarias, cuando los requerimientos de las segundas tengan por causa exclusiva alguna de las siguientes circunstancias:
    a) Ante la ausencia de un trabajador permanente, durante ese período.
    b) En caso de licencias o suspensiones legales o convencionales, durante el período en que se extiendan, excepto cuando la suspensión sea producto de una huelga o por fuerza mayor, falta o disminución de trabajo.
    c) Cuando se tratase de un incremento en la actividad de la empresa usuaria que requiera, en forma ocasional y extraordinaria, un mayor número de trabajadores.
    d) Cuando deba organizar o participar en congresos, conferencias, ferias, exposiciones o programaciones.
    e) Cuando se requiera la ejecución inaplazable de un trabajo para prevenir accidentes, por medidas de seguridad urgentes o para reparar equipos del establecimiento, instalaciones o edificios que hagan peligrar a los trabajadores o a terceros, siempre que las tareas no puedan ser realizadas por personal regular de la empresa usuaria.
    f) En general, cuando por necesidades extraordinarias o transitorias deban cumplirse tareas ajenas al giro normal y habitual de la empresa usuaria.
    La inobservancia a estas previsiones, dará lugar a la aplicación del artículo 25 del presente decreto y a las sanciones previstas en el artículo 20, inciso b), de este decreto, sin perjuicio de los derechos que pudieran corresponderles a los trabajadores involucrados.
    Art. 7º — Los requerimientos a que se refiere el artículo precedente, deberán respetar una proporción razonable y justificada de trabajadores eventuales en relación con el número de trabajadores permanentes de la empresa usuaria, como así también una extensión temporal adecuada con los servicios eventuales a brindar.
    Mediante negociación colectiva se establecerán las pautas que permitan determinar los límites mencionados para cada actividad o sector.
    La violación a dichos límites, dará lugar a la intervención del Observatorio de Buenas Prácticas en materia de servicios eventuales creado por este decreto y, en su caso, a la aplicación del artículo 25 de la presente medida, sin perjuicio de los derechos que pudieran corresponderles a los trabajadores involucrados.
    Art. 8º — Cuando el empleador requiera de trabajadores para destinarlos a prestar servicios en eventos temporarios de exhibición, promoción o venta de sus productos, ya sea en ferias, congresos, conferencias, exposiciones o programaciones, deberá optar por:
    a) contratarlos y registrarlos como trabajadores propios con las modalidades permitidas en la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificaciones; o
    b) contratar sus servicios a través de una empresa de servicios eventuales, adecuando esta contratación a las normas que regula esta última actividad; o
    c) subcontratar el evento a terceras empresas, cuya actividad sea de publicidad y promoción. En este caso la contratante deberá, además de cumplir con los recaudos del artículo, 30 segundo párrafo, de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976), retener las contribuciones con destino a la Seguridad Social que deban efectuarse por los trabajadores destinados a la promoción, exhibición y venta de sus productos, conforme a la normativa que a tal efecto dicte la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (A.F.I.P.), entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION.
    Art. 9º — Bimestralmente, las empresas de servicios eventuales deberán proveer al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, UN (1) resumen de su actividad, en el que constará el detalle de la nómina completa de los trabajadores contratados para prestar servicios bajo la modalidad de contrato de trabajo eventual, individualizando respecto de cada uno de ellos:
    a) Su número de C.U.I.L.;
    b) la empresa usuaria en la que presta o prestó tareas, señalando su número de C.U.I.T. y lugar de prestación de servicios;
    c) la fecha en que el trabajador eventual comenzó sus prestación de servicios en la empresa usuaria;
    d) calificación profesional y remuneración del trabajador;
    e) si al cese en esas tareas fue incorporado como trabajador por tiempo indeterminado de la usuaria;
    El MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL determinará la forma en que deberá presentarse este informe, el que podrá realizarse en formato digital.
    El MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL proporcionará al sindicato con personería gremial que represente a los trabajadores de la empresa usuaria, en tanto le sea solicitado, un listado de los contratos suscriptos, en el que consten los datos enumerados en los incisos a) a d) de este artículo.
    Art. 10. — Los montos que en concepto de sueldos y jornales paguen las empresas de servicios eventuales no podrán ser inferiores a los que correspondan por la convención colectiva de la actividad o categoría en la que efectivamente preste el servicio contratado y a los efectivamente abonados en la empresa usuaria, en relación a la jornada legal total o parcial desempeñada.
    Art. 11. — Las empresas de servicios eventuales, respecto de la facturación de sus servicios a las empresas usuarias deberán, además de cumplir las normas que al respecto establezca la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (A.F.I.P.), entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, observar las siguientes disposiciones:
    1) La factura o documento equivalente que emita la empresa de servicios eventuales a la empresa usuaria del servicio, deberá contener en forma discriminada, entre otros, los siguientes datos:
    a) Precio del servicio de intermediación.
    b) Conceptos e importes de los gastos relacionados con los rubros a que se refiere el inciso precedente.
    Deberá incorporarse en la factura como elemento informativo, la cantidad de trabajadores que prestaron servicio en la empresa usuaria y el importe total de los conceptos asentados en el Anexo regulado en el apartado 2) del presente artículo.
    2) Formará parte integrante de dicha factura o documento equivalente, al solo efecto de la exigibilidad de su cobro y acreditación de pago, UN (1) anexo que deberá contener la leyenda "ANEXO DECRETO Nº ......." y cumplir con las formalidades para su confección y registración que a tal efecto determine el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, en el que como mínimo se deberá especificar:
    a) Importe total de los rubros remuneratorios y no remuneratorios, que correspondan a los salarios de los trabajadores que prestaron el servicio en la empresa usuaria.
    b) Detalle e importes de las contribuciones con destino a la Seguridad Social, originadas por las remuneraciones aludidas en el inciso precedente, indicando las que deben ser retenidas por la empresa usuaria.
    c) El número de la factura de la que es anexo.
    Dicho anexo deberá conservarse en archivo junto con la respectiva factura o documento equivalente, por el mismo plazo establecido para estos últimos, conforme a las normas específicas a tal efecto.
    3) La falta de cumplimiento a lo dispuesto en los apartados precedentes, estará sujeta a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones.
    Art. 12. — Las empresas usuarias que ocupen trabajadores a través de empresas de servicios eventuales, habilitadas por la autoridad competente, serán agentes de retención de las obligaciones derivadas de los regímenes de la Seguridad Social.
    Las empresas de servicios eventuales abonarán en forma directa a los sindicatos que correspondan las cuotas sindicales, los aportes empresariales y las retenciones a los trabajadores que resulten del convenio colectivo de trabajo aplicable a la actividad de la empresa usuaria.
    Art. 13. — Las empresas usuarias y de servicios eventuales deberán llevar una sección particular del libro especial del artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificaciones, que contendrá:
    1. EMPRESAS USUARIAS
    a) Individualización del trabajador que preste servicios a través de una empresa de servicios eventuales;
    b) categoría profesional y tareas a desarrollar;
    c) fecha de ingreso y egreso;
    d) remuneración denunciada por la empresa de servicios eventuales o el importe total de la facturación;
    e) nombre, denominación o razón social, número de C.U.I.T., número de habilitación y domicilio de la empresa de servicios eventuales a través de la cual fue contratado el trabajador.
    2. EMPRESAS DE SERVICIOS EVENTUALES
    a) Individualización del trabajador que preste servicios bajo la modalidad de contrato de trabajo eventual;
    b) categoría profesional y tarea a desarrollar;
    c) fecha de ingreso y egreso en cada destino;
    d) remuneración;
    e) nombre, denominación o razón social, número de C.U.I.T. y domicilio de las empresas usuarias donde fuera destinado el trabajador.
    Las registraciones que se realicen de conformidad con las exigencias de este artículo, además de las que efectúe la empresa de servicios eventuales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley Nº 24.013 y sus modificaciones, respecto de los trabajadores que prestan servicios en las empresas usuarias, en todos los casos surtirán plenos efectos, respecto de estas últimas, en lo que hace a la obligación de registración.
    Art. 14. — Las empresas de servicios eventuales deberán gestionar su habilitación por ante el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL a los fines de obtener su inscripción en el Registro pertinente.
    Serán requisitos indispensables los siguientes:
    a) Tener como mínimo un capital social inicial equivalente a CIEN (100) sueldos básicos mensuales del personal administrativo, categoría A, del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 130/75, para empleados de comercio, o el que lo reemplace, vigente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la jornada legal o convencional, excluida la antigüedad.
    b) Presentar los documentos constitutivos de la sociedad y de la designación de administradores, directores, gerentes o responsables legales según el tipo societario de que se trate.
    c) Declaración de las áreas geográficas dentro de las que se prestará el servicio a las empresas usuarias.
    d) Denunciar el domicilio de la sede central, locales, oficinas y sucursales.
    e) Acreditar las inscripciones impositivas y de la seguridad social.
    f) Acreditar la contratación del seguro de vida obligatorio.
    g) Constituir las garantías a la que se refiere el artículo 78 de la Ley Nº 24.013.
    h) Constituir domicilio en la sede de su administración el que surtirá efectos respecto de los trabajadores, las empresas usuarias, la Autoridad de Aplicación y demás organismos fiscales y de la seguridad social.
    Cualquier cambio o modificación de los precitados requisitos, así como también la apertura de nuevos locales, oficinas, agencias o sucursales, deberá ser comunicado a la Autoridad de Aplicación con una antelación de DIEZ (10) días hábiles a su realización.
    Art. 15. — Al momento de solicitarse la inscripción en el registro especial las empresas de servicios eventuales deberán constituir a favor del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL las siguientes garantías:
    1) Garantía principal: Depósito en caución de dinero en efectivo, valores o títulos públicos nacionales equivalentes a CIEN (100) sueldos básicos mensuales del personal administrativo, categoría A, del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 130/75, para empleados de comercio, o el que lo reemplace, vigente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la jornada legal o convencional, excluida la antigüedad.
    La equivalencia de los valores o títulos públicos nacionales se determinará según su valor de cotización en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires o en el Mercado de Valores S.A., a la época de constituirse la garantía, el que será certificado por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA, donde deberá efectuarse el depósito.
    Los títulos públicos que no registren cotización en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, o en el Mercado de Valores S.A., no podrán ser utilizados para el depósito en caución.
    El ESTADO NACIONAL no abonará intereses por los depósitos en garantía, pero los que devengaren los valores o títulos públicos nacionales pertenecerán a sus depositantes.
    Sin perjuicio de lo expuesto, a partir de la constitución de esta garantía todo retiro que efectúen las empresas de servicios eventuales deberá ser autorizado por el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO y SEGURIDAD SOCIAL.
    2) Garantía accesoria: Además del depósito en caución, las empresas de servicios eventuales deberán otorgar, a favor del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, una garantía por una suma equivalente al triple de la que surja del apartado 1) del presente artículo.
    Esta garantía se otorgará, a elección de la empresa de servicios eventuales, a través de los siguientes medios:
    a) Dinero en efectivo, valores o títulos públicos nacionales.
    b) Aval bancario o póliza de seguro de caución emitido por una entidad autorizada por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION, los que deberán tener vigencia hasta el 31 de marzo de cada año.
    c) Constitución de un derecho real de hipoteca sobre un inmueble propio de la empresa de servicios eventuales, cuya valuación fiscal, a la fecha de constitución de la garantía, sea igual o superior al importe que garantice, la que se inscribirá en el Registro de la Propiedad Inmueble que corresponda a la jurisdicción en que se encuentre ubicado.
    El inmueble sobre el que se pretenda constituir el derecho real de hipoteca no deberá tener otro gravamen y su titular debe estar libre de inhibiciones.
    Sólo procederá el levantamiento de la hipoteca cuando sea reemplazada la garantía por cualquiera de las previstas en los incisos a) y b) de este apartado o en su caso cumplidos los recaudos del artículo 18 de este decreto.
    3) Sin perjuicio de mantenerse como mínimo la base prevista en los apartados 1) y 2) que preceden a valores vigentes al tiempo del reajuste, ambas garantías se reajustarán anualmente, en los términos, plazos y con las formalidades previstas en el artículo 16 del presente decreto, en base a la escala que se dispone a continuación:
    El total de las remuneraciones brutas de cada mes abonadas durante el año inmediatamente anterior, que surjan de las declaraciones juradas mensuales que deben presentarse ante la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (A.F.I.P.), será dividido por el sueldo básico del personal administrativo, categoría A, del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 130/75, para empleados de comercio, o el que lo reemplace, vigente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la jornada legal o convencional, excluida la antigüedad. El sueldo anual complementario (S.A.C.) se lo incluirá en el mes en que figura abonado. Se sumará el resultado obtenido en cada uno de los meses y ese total se lo dividirá por TRECE (13) y el número que resulte se denominará "coeficiente de garantía" y será el que se aplicará para el reajuste de las garantías previstas en este artículo.
    Si el "coeficiente de garantía" fuese menor a UN MIL (1.000) regirán las garantías establecidas en los apartados 1) y 2) a los valores vigentes al tiempo del reajuste. A partir de este número por cada CIEN (100) o fracción mayor de TREINTA (30) que arroje el "coeficiente de garantía" las garantías principal y accesoria, se incrementarán respectivamente con UNO (1) y TRES (3) sueldos básicos del personal administrativo, categoría A, del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 130/75 para empleados de comercio, o el que lo reemplace, vigente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la jornada legal o convencional, excluida la antigüedad.
    Art. 16. — Antes del 31 de marzo de cada año la empresas de servicios eventuales deberán presentar una declaración jurada certificada por Contador Público Nacional con firma legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas que corresponda, actualizando los datos consignados en el artículo 14 de este decreto y en la que deberá constar el total de las remuneraciones brutas abonadas por la empresa de servicios eventuales a sus dependientes durante el año inmediato anterior, cantidad real de trabajadores ocupados en este mismo período, el "coeficiente de garantía" establecido en el artículo 15, apartado 3), del presente decreto y de la descripción detallada de la operación aritmética efectuada para arribar a dicho resultado.
    Juntamente con la declaración jurada deberá acreditarse la constitución de las garantías a valores actualizados acordes a esa declaración.
    Cuando se hubiese optado por el aval bancario o mediante póliza de seguro de caución emitida por una entidad autorizada por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION, como garantía accesoria, la empresa de servicios eventuales deberá presentar los documentos constitutivos de los mismos con anterioridad al 15 de febrero de cada año, más su vigencia comenzará a regir el primero de abril siguiente.
    La renovación o reemplazo del certificado de aval bancario o póliza de caución, no podrá realizarse por valores inferiores al que hubiere correspondido al año anterior.
    Luego de haberse renovado este medio de caución o de haberse sustituido por otro de los autorizados, la empresa de servicios eventuales podrá requerir la restitución del certificado de aval bancario o póliza de caución cuya vigencia corresponda al período anterior.
    En el supuesto de que la empresa de servicios eventuales no presentare los instrumentos constitutivos al 15 de febrero de cada año, correspondientes al aval bancario o a la póliza de seguro de caución, cuando hubiese optado por este medio, será intimada por la Autoridad de Aplicación, para su cumplimiento en un plazo no mayor de DIEZ (10) días, bajo apercibimiento de cancelar su habilitación.
    Esta intimación será puesta en conocimiento de la entidad avalista o de la aseguradora que emitiera la garantía a renovar.
    Vencido ese plazo sin que la empresa de servicios haya presentado en legal forma los instrumentos constitutivos del nuevo aval o caución, o los haya sustituido por dinero en efectivo, valores o títulos públicos nacionales, la avalista o aseguradora deberá, previa intimación, depositar en caución antes de que se opere el vencimiento del aval o la garantía a favor del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, en dinero en efectivo, valores o títulos públicos nacionales, las sumas totales de la garantía o aval. La equivalencia de los valores o títulos públicos nacionales se determinará según el valor de la cotización de los títulos a la época de realizarse el depósito, en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, o en el Mercado de Valores S.A., lo que será certificado por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA, donde deberá efectuarse el mismo. De no cumplir con esta obligación quedará expedita la vía ejecutiva.
    Art. 17. — Si al producirse el ajuste anual de garantía establecido en el artículo 15, apartado 3), de este decreto, se generase un excedente resultante de la cotización al momento del reajuste en los valores o títulos públicos nacionales en depósito para la constitución de la garantía, será de libre disponibilidad para las empresas de servicios eventuales, no procediendo ningún otro tipo de restitución. En tal supuesto, con posterioridad al 31 de marzo se autorizará el retiro de la diferencia acreditada a favor de la empresa.
    Art. 18. — Para la restitución de los valores o títulos públicos nacionales depositados en caución, la empresa de servicios eventuales deberá solicitar la baja de la habilitación y cumplir con los siguientes recaudos:
    a) Acompañar declaración jurada en la que conste: fecha de cesación de actividades, nómina del personal ocupado, haber abonado la totalidad de las remuneraciones e indemnizaciones, detalle de los Sindicatos, Obras Sociales y regímenes de la Seguridad Social en las que se encuentren comprendidas las actividades desarrolladas. Esta declaración deberá estar certificada por Contador Público Nacional, con firma legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas que corresponda, el que deberá detallar la fecha de vencimiento de los pagos de aportes y contribuciones y el cumplimiento en tiempo o el pago de los recargos, intereses, multas y actualizaciones por los efectuados tardíamente.
    b) Acompañar certificados de libre deuda o constancia equivalente otorgados por la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (A.F.I.P.), en relación con sus obligaciones con destino a la seguridad social.
    c) Publicación de Edictos por el término de CINCO (5) días en el Boletín Oficial y en el Provincial que corresponda a las áreas geográficas de actuación, emplazando a los acreedores laborales y de la seguridad social, por el término de NOVENTA (90) días corridos. Estas publicaciones deberán ser efectuadas por el interesado.
    d) No tener juicios laborales en trámite. A tal efecto, el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL deberá oficiar a los tribunales que entiendan en la materia laboral correspondiente a las áreas geográficas de actuación a fin de que informen si la empresa que requiere su cancelación tiene juicios laborales o de la seguridad social pendientes, corriendo su diligenciamiento por cuenta de la empresa de servicios eventuales.
    e) No tener anotados embargos o cualquier otra medida cautelar. En caso de que la empresa peticionante se halle afectada por un embargo ejecutorio o preventivo o cualquier otra medida cautelar, no le será restituida la parte de los valores depositados en caución afectados por dicha medida o las garantías o avales caucionados de no ser suficientes aquéllos, salvo aceptación judicial de sustitución de embargo.
    f) No haber sido sancionada con la cancelación de habilitación para funcionar. En este supuesto, se procederá conforme lo establece el artículo 80 de la Ley Nº 24.013.
    Art. 19. — Cumplidos todos los requisitos establecidos en este decreto y no existiendo otros impedimentos, la autoridad de aplicación autorizará la restitución de los valores, títulos públicos nacionales y la liberación o cancelación de los avales y garantías otorgadas en caución dentro del plazo de TREINTA (30) días.
    Art. 20. — Sin perjuicio de las sanciones que correspondan por aplicación del Anexo II del Pacto Federal del Trabajo, ratificado por la Ley Nº 25.212, la violación a las disposiciones de este decreto serán sancionadas conforme al procedimiento previsto en la Ley Nº 18.695, según el siguiente régimen:
    a) Las personas físicas o jurídicas de cualquier carácter o denominación, sus coautores, cómplices o encubridores, que pretendiesen actuar o actuaren, por sí o encubiertamente, como empresas de servicios eventuales autorizadas, o que por cualquier medio invocaren, indujeran o publicitaren esa calidad, sin ajustar su ejercicio a las normas de habilitación y reconocimiento estatuidas por la Ley Nº 24.013 y el presente decreto, serán sancionadas con la clausura de sus oficinas y secuestro de toda la documentación existente y una multa que se graduará de VEINTE (20) a CIEN (100) sueldos básicos del personal administrativo, categoría A, del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 130/75 para Empleados de Comercio, o el que lo reemplace, vigente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la jornada legal o convencional, excluida la antigüedad.
    b) Las empresas de servicios eventuales que no cumplieran efectivamente, en tiempo y forma, con las obligaciones establecidas en este decreto, serán pasibles de una multa en pesos que se graduará entre el UNO POR CIENTO (1%) y el CUATRO POR CIENTO (4%) de las garantías que debieran tener constituidas en dicho momento, según lo previsto en el artículo 15, apartados 1, 2 y 3, del presente decreto.
    Sin perjuicio de la multa referida en el párrafo anterior, la empresa de servicios eventuales que no tuviese su garantía constituida en legal tiempo y forma en la fecha establecida en el artículo 16, primer párrafo, deberá cumplir con esa obligación dentro de los DIEZ (10) días de intimada por la Autoridad de Aplicación.
    Transcurrido dicho plazo o en su caso el establecido en el artículo 16, sexto párrafo, del presente decreto, sin que la empresa de servicios eventuales cumplimente lo requerido, se la sancionará con la pérdida de la habilitación administrativa, la cancelación de la inscripción en el Registro Oficial y la clausura en caso que continúe con la actividad.
    c) Las empresas de servicios eventuales que perciban del trabajador alguna suma por su inscripción o contratación, o practiquen a éstos por tales hechos otros descuentos que no sean los autorizados por Ley o Convenio, serán sancionadas con la pérdida de la habilitación administrativa y cancelación de la inscripción en el Registro Oficial.
    En todos los casos, encontrándose firme la pérdida de la habilitación administrativa y la cancelación de la inscripción en el registro especial, se publicarán edictos por UN (1) día en el Boletín Oficial y en el Provincial que corresponda al área o áreas geográficas de actuación, con cargo a la empresa de servicios eventuales.
    Art. 21. — Para que proceda la asignación del remanente de la caución al Fondo Nacional de Empleo prevista en el Artículo 80 de la Ley Nº 24.013, cuando la empresa de servicios eventuales haya sido sancionada con la cancelación, deberán cumplirse los siguientes requisitos:
    a) Haber transcurrido el plazo de CINCO (5) años desde que la cancelación de la habilitación se encuentre firme.
    b) Una vez vencido el plazo a que se refiere el inciso anterior, el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL oficiará a los tribunales que entiendan en materia laboral correspondientes a las áreas geográficas de actuación, a fin de que informen si la empresa tiene juicios en trámite.
    Si de las respuestas surgiera la inexistencia de juicios pendientes, se publicarán edictos por UN (1) día en el Boletín Oficial y en el Provincial que corresponda al área o áreas geográficas de actuación. Cumplido sin que se presenten acreedores, se procederá a la asignación del remanente en forma inmediata.
    En caso de existir juicios pendientes se dispondrá del remanente cuando hayan concluido y el tribunal que intervenga otorgue certificado en el que conste que la parte actora fue desinteresada de las acreencias que emanan de la sentencia dictada o, en su caso, que nada tiene que reclamar en la causa.
    c) La solicitud de informes relativos a los créditos de la seguridad social, se cumplirá con una requisitoria a los entes recaudadores que correspondan.
    Art. 22. — La cancelación de la autorización para funcionar de la empresa de servicios eventuales, extinguirá de pleno derecho los contratos de trabajo que la misma hubiera celebrado para prestar servicios bajo la modalidad de trabajo eventual. En tal supuesto deberá abonar a los trabajadores involucrados las indemnizaciones que correspondan por despido injustificado y falta de preaviso.
    La cancelación de la autorización para funcionar de la empresa de servicios eventuales extinguirá, con los mismos alcances, los contratos de trabajo permanentes y continuos, los que podrán continuar su ejecución sólo por el tiempo necesario para la conclusión de las operaciones pendientes.
    Art. 23. — La prestación de servicios a favor de una empresa usuaria de personal provisto por una empresa de servicios eventuales no habilitada por el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, hará de aplicación las disposiciones del artículo 29, párrafos primero y segundo, de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificaciones.
    En tales supuestos, el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL o la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (A.F.I.P.) podrán requerir a la empresa usuaria el cumplimiento de las obligaciones que al empleador le imponen los distintos regímenes de la seguridad social. A tal efecto, se computará como fecha de ingreso la fecha en que hubiese comenzado la prestación de servicios en la empresa usuaria.
    Asimismo, la empresa usuaria será solidariamente responsable con la empresa de servicios eventuales no habilitada, de la multa especificada en el artículo 20, inciso a), del presente decreto, sin perjuicio de las demás sanciones que le pudieran corresponder a título directo.
    Art. 24. — El MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL será la autoridad exclusiva y excluyente para la habilitación y cancelación de las empresas de servicios eventuales. La fiscalización en todo lo referido a la calidad y condiciones de trabajo de los trabajadores vinculados por contrato permanente discontinuo, según lo reglamentado en la presente norma, será ejercida por el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
    Art. 25. — Cuando la empresa usuaria o la empresa de servicios eventuales, según corresponda, no acrediten que la prestación de servicios eventuales se ajusta a los límites establecidos en los artículos 6º y 7º de este decreto, la Autoridad de Aplicación procederá conforme a las facultades conferidas por la Ley Nº 25.212 y el Convenio Nº 81 de la ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO (O.I.T.). A tal efecto, labrará el acta que corresponda, efectuará los emplazamientos e intimaciones pertinentes, realizará la imputación del incumplimiento constatado y, en su caso, aplicará las sanciones establecidas por este decreto y por el Anexo II del Pacto Federal del Trabajo, ratificado por la Ley Nº 25.212.
    Las infracciones a los límites que se fijen en los convenios colectivos de trabajo, de acuerdo a las previsiones del artículo 7º del presente, en tanto se refieran a un exceso en la extensión temporal, se imputarán a la empresa usuaria y a la empresa de servicios eventuales. En cuanto se traten de una desproporción irrazonable e injustificada de trabajadores eventuales con el número de trabajadores permanentes de la empresa usuaria, se imputarán, como infractor, a quien corresponda.
    Art. 26. — El MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL constituirá, con carácter permanente, un Observatorio de Buenas Prácticas en materia de servicios eventuales, el que estará compuesto por representantes de los sindicatos con personería gremial con ámbito de actuación personal en la actividad principal de la empresa usuaria, de la asociación representativa de las empresas de servicios eventuales y de las asociaciones representativas de las empresas usuarias y tendrá por objeto evaluar las condiciones generales y particulares en que se desarrolla la actividad para una mejor aplicación de las disposiciones de la presente medida.
    1. A tal efecto, el Observatorio de Buenas Prácticas podrá:
    a) Recibir denuncias o pedidos de convocatoria de cualquiera de sus integrantes, a los fines de analizar si los servicios denunciados se ajustan a las pautas del presente decreto y, en su caso, dar intervención a la Autoridad de Aplicación del mismo;
    b) solicitar y recibir informes de la inspección de trabajo sobre los relevamientos efectuados y sobre sus resultados;
    c) procurar arribar a fórmulas de acuerdo en las controversias que voluntariamente le sean sometidas;
    d) analizar los casos particulares cuando se denuncie una proporción irrazonable e injustificada en el número de trabajadores eventuales contratados en relación con el número de trabajadores permanentes de la empresa usuaria, como así también cuando no respete una extensión temporal adecuada con los servicios eventuales a brindar.
    e) elaborar recomendaciones de buenas prácticas en materia de servicios eventuales:
    f) proponer, con carácter no vinculante, modificaciones a la reglamentación de la actividad de las empresas de servicios eventuales.
    2. Las normas complementarias determinarán la cantidad de representantes titulares y alternos que integrarán el Observatorio, los que permanecerán en esa condición por DOS (2) años.
    En la designación de los sindicatos y de las asociaciones representativas de las empresas usuarias se deberá tener en cuenta las actividades que usualmente demanden los servicios que se reglamentan en el presente.
    Si el Observatorio debiera intervenir en otras actividades no representadas, en los casos puntuales se deberá permitir la intervención del sindicato con personería gremial y de la asociación representativa de las empresas usuarias en la actividad de que se trate.
    Art. 27. — Ante toda iniciación de un expediente administrativo o judicial donde se denuncie la actuación de una empresa de servicios eventuales no habilitada, la autoridad a cargo deberá cursar una notificación al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
    Art. 28. — Las empresas que se encuentren inscriptas deberán adecuarse a las normas reglamentarias establecidas por el presente decreto dentro de los SESENTA (60) días a contar desde su vigencia. Transcurrido dicho plazo, caducará automáticamente la inscripción de la empresa de servicios eventuales en el registro especial.

    Clases de Contratos.
    La ley de Contrato de Trabajo prevé tres tipos de contratos que pueden utilizarse en ocasiones excepcionales: eventual, de plazo fijo y de temporada.“La utilización de estas figuras debe ser extraordinaria. La ley es clara en que no pueden utilizarse estos contratos para cubrir puestos de trabajo permanente”. La normativa establece que el contrato que rige por excelencia es “por tiempo indeterminado”, es decir, la incorporación de un empleado efectivo.Existen Contratos que no reúnen los requisitos exigidos por la ley para ser Eventuales o de Plazo Fijo. Eso significa que en ciertos casos el Contrato Eventual o de Plazo Fijo es sólo una pantalla para desnaturalizar la verdadera figura de la vinculación laboral, esto es una relación continua, por tiempo indeterminado y sin plazo.
    1)- Contrato eventual: El trabajador satisface una necesidad extraordinaria y transitoria de la empresa como licencias del personal o exigencias no habituales del mercado. El evento debe ser especificado por escrito en el contrato y debe cumplir los requisitos para ser eventual. Aquí no se coloca fecha de finalización, pero se entiende que la relación laboral termina cuando concluye el evento.
    2)- Contrato de plazo fijo: Es por tiempo determinado, que se especificará por escrito. También debe responder a un hecho extraordinario de la empresa, pero que sí se sabe cuando termina. Se puede extender hasta cinco años y el empleador debe preavisar antes de finalizar la relación laboral.
    3)- Contrato de temporada. Ésta es una modalidad por tiempo indeterminado pero sin continuidad lineal. El contratado trabaja por una cantidad de tiempo en el año (por ejemplo, durante el verano, en las zonas turísticas) pero es empleado de la empresa, quien la debe volver a convocar al año siguiente. Si así no sucede, el trabajador la puede intimar para que lo incorpore o lo despida con la debida indemnización. Por otra parte, si la empresa piensa que el trabajador de la temporada puede serle útil en el futuro, también podría recurrir a un contrato por tiempo indeterminado y utilizar el período de prueba para conocerlo (tres meses en general, o seis meses para Pymes).

    ● Los contratos a término o eventuales. Precisiones sobre la calidad de eventual en el contrato de trabajo.
    Su caracterización en el Art. 99 L. C. T. incluyó todas las modalidades de trabajos transitorios (accidentales, suplentes, eventuales, etc.) dentro una categoría única: la de contrato eventual. Es el trabajo contratado, por su naturaleza misma (permanente o transitorio), el que define el carácter de la relación, el contrato será eventual cuando el servicio prometido por el trabajador sea único y determinado, sin posibilidades de prolongarse en el tiempo o de repetirse, o sea intrínsecamente transitorio. Se trata de una tarea circunstancial, destinada a agotarse, que no admite expectativas de continuidad o permanencia; de un contrato que concluye con la obra que significó su objeto.La ley 24.013 introdujo una precisa reglamentación de este tipo de contrato en sus artículos 68 a 74 y de los requisitos para el funcionamiento de empresas de servicios eventuales en sus Arts. 75 a 80.
    El Decreto 342/92, reglamentario de estos artículos de la ley, derogado por el Decreto 1694/2006, establecía una detallada normativa sobre las empresas de trabajo eventual, fijando los supuestos en que estas empresas podían suministrar personal a terceros.

    ● Características y Normas de los Contratos.
    La Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744, tiene como norma básica o general en su Art. 90º la Indeterminación del plazo. El contrato de trabajo se entenderá celebrado por tiempo indeterminado, salvo que su término resulte de las siguientes circunstancias:
    a) que se haya fijado en forma expresa y por escrito el tiempo de su duración;
    b) que las modalidades de las tareas o de la actividad, razonablemente apreciadas, así lo justifiquen.
    La formalización de contratos por plazo determinado en forma sucesiva, que exceda a las exigencias previstas en el apartado b de este artículo, convierte al contrato en uno por tiempo indeterminado.Los empleados conocidos como “contratados” también tienen los mismos derechos y obligaciones que los demás empleados.Hay situaciones en las que se pretende disimular o esconder la relación laboral de algunos trabajadores bajo la forma de contratos a término o eventuales.
    Como primera cuestión, se debe tener en cuenta que este tipo de contratación es considerada como excepcional por la Ley de Contrato de Trabajo.Como situación excepcional que es, la Ley 20.744 requiere situaciones y establece normas especiales.
    Así exige que:
    a) El contrato esté confeccionado por escrito, con fecha de vencimiento, establezca salario y tareas a realizar. b) Que las tareas sean extraordinarias o que justifiquen esta excepción. En caso contrario se entiende que dicho contrato es nulo.S e debe tener en cuenta, además, que: -Si el contrato tiene una duración superior a un año, también goza de indemnización. -Si se reitera más de una vez se lo considera como un contrato de trabajo por tiempo indeterminado o sin plazo de vencimiento. La Ley dice que el período de prueba no rige en las contrataciones que constituyen excepción al principio de la indeterminación del plazo (contrato a plazo fijo, contrato eventual, contrato de aprendizaje) ni en el contrato de trabajo de temporada (Art. 96). Cabe aclarar que los contratos promovidos ya no existen más en la legislación argentina: sólo quedaron los de aprendizaje y pasantías, que se rigen por leyes de educación. En estos casos, el empleado eventual o por plazo fijo debe incorporarse en las mismas condiciones del convenio colectivo de la actividad (salario, licencias y otros beneficios), además de contar con los aportes correspondientes, los seguros de riesgos de trabajo y la obra social del resto del personal. El empleador está obligado a registrarlo igual que a los demás.Por otra parte, deben cumplirse los requisitos de eventualidad, aunque en la práctica esto no siempre ocurre. Estos dependientes están reglados bajo la modalidad de personal eventual discontinuo. Tienen relación de dependencia por tiempo indeterminado con la empresa de servicios eventuales, donde rigen las indemnizaciones, aportes y beneficios (aguinaldo, vacaciones, entre otros) de la ley de Contrato de Trabajo. Tiene la particularidad de que el empleado puede estar sin trabajar sólo 60 días corridos.
    ● Artículo 99 de la L.C.T.Cualquiera sea su denominación, se considerará que media contrato de trabajo eventual cuando la actividad del trabajador se ejerce bajo la dependencia de un empleador para la satisfacción de resultados concretos, tenidos en vista por éste, en relación a servicios extraordinarios determinados de antemano o exigencias extraordinarias y transitorias de la empresa, explotación o establecimiento, toda vez que no pueda preverse un plazo cierto para la finalización del contrato. Se entenderá además que media tal tipo de relación cuando el vínculo comienza y termina con la realización de la obra, la ejecución del acto o la prestación del servicio para el que fue contratado el trabajador.El empleador que pretenda que el contrato inviste esta modalidad, tendrá a su cargo la prueba de su aseveración (Texto según Ley 24.013). CONCORDANCIAS: L.C.T. Arts. 21, 22, 37, 48, 50, 90 y 100, L. E. Arts. 69 a 72.
    ● Artículo 100 de la L.C.T.Los beneficios provenientes de esta ley se aplicarán a los trabajadores eventuales, en tanto resulten compatibles con la índole de la relación y reúnan los requisitos a que se condiciona la adquisición del derecho a los mismos. CONCORDANCIAS: L.C.T. Arts. 92, 94, 95, 99 y 250; L. E. Arts. 69 a 74.
    ● Consideraciones: Muchas firmas que tienen la necesidad de cubrir actividades puntuales de la empresa, como por ejemplo un aumento de demanda o las vacaciones del personal, buscan a las denominadas Empresas de Servicios Eventuales, las que a veces también funcionan también como seleccionadoras de personal. Ésta no es la única alternativa, pues los empleadores pueden utilizar algunas modalidades específicas para incorporar trabajadores en forma directa, sin intermediarios, recurriendo a los Contratos.Para ser Empresa de Servicios Eventuales, es necesario cumplir una serie de requisitos que están estipulados en el Decreto 342/92, ahora Decreto 1694/2006, es decir que no todas las Empresas están habilitadas para ser de “Servicios Eventuales”.Estas empresas deben llevar un registro minucioso de cada trabajador y deben tener en cuenta que deben cumplir con los requisitos de los contratos eventuales o a término.
    Normas vigentes Ley de Contrato de Trabajo (20.744). Ley de Empleo (24.013) y Decreto 1694/2006, que derogó al Decreto 342/92.
    Se ha puesto muy de moda el uso (o más bien abuso) de las “Agencias de Servicios Eventuales” como intermediarias en la contratación de trabajadores para labores que no revisten la calidad de eventualidad.
    Muchas Empresas realizan una intermediación fraudulenta a través de “Agencias de Trabajo Eventual”, las que en estos momentos son uno de las vías más utilizadas para ultrajar ilegalmente el contrato de trabajo. Numerosas “Empresas de Servicios Seudo-Eventuales” se aprovechan de estas nuevas usanzas para sacar suculentos beneficios respecto de muchísimos trabajadores. Éste es presumiblemente uno de los tipos de fraude más común en el derecho laboral.Probablemente este tipo de fraude se produce porque los trabajadores contratados bajo esta figura eventual no tienen real conciencia del engaño y desconocen sus derechos. Son muy pocos los empleados que desconfían y recurren a un asesor legal. Lamentablemente muchos trabajadores recién se anotician del fraude que se cometió con ellos cuando son despedidos. El paso que deben dar los trabajadores en el caso de verse defraudados por Empresas de Servicios Seudo-Eventuales, es rechazar el despido que se les comunica al cabo de un lapso más o menos prolongado de relación laboral, intimando el pago de las indemnizaciones correspondientes a un contrato por tiempo indeterminado.La ley 24.013 introdujo un mecanismo de regularización de empleo no registrado con sanciones económicas importantes. El Decreto 1694/2006 (que derogó al 342/92) también prevé sanciones para las Empresas que no cumplen con los requisitos que el mismo exige.

    ● Empresa Usuaria. Responsabilidad directa y Solidaridad.
    En caso de fraude y de falta de cumplimiento de la normativa legal, la Empresa Usuaria de los servicios contratados por el intermediario es considerada empleadora directa, quedando automáticamente sometida en forma directa e inmediata a todas las obligaciones, deberes y cargas de la relación contractual, incluso la carga de registro prevista en el Art. 52 L. C. T. Se trata de una imposición legal de la relación de trabajo con el empresario que utiliza los servicios, una relación directa con supresión del agente intermediario.Si se provee la prestación por el trabajador de servicios que no son eventuales sino permanentes, la relación cae bajo el principio general que rige a la sub-empresa de mano de obra, por lo que se instituye una relación directa y permanente con el empresario que utiliza los servicios del trabajador, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria del intermediario.La empresa usuaria que pide personal a otra, aunque ésta esté habilitada como empresa de servicios eventuales, se hace empleadora directa de dicho personal si no ha sido contratado para tareas eventuales. No se debe confundir la responsabilidad directa como empleador con la consagrada en la norma del Art. 29 bis L. C. T. (incorporado por Art. 76 L. N. E.). En algunos casos la responsabilidad de la Empresa Usuaria es directa como empleador, en otros supuestos la responsabilidad es solidaria con la intermediaria en la medida en que esta última no cumpla en forma debida con sus obligaciones laborales, debiendo la usuaria retener los aportes y contribuciones respectivos para los organismos de seguridad social y depositarlos en término. Si se considera que la empresa usuaria es el empleador directo, de esa condición se desprende su responsabilidad. Si considera que hubo intermediación, es la empresa de servicios eventuales la empleadora directa, y la responsabilidad por parte de la usuaria es en carácter de solidaria.
    El Art. 29 L. C. T. tiende a imposibilitar la interposición fraudulenta al decir que:"Los trabajadores que habiendo sido contratados por terceros con vista a proporcionarlos a las empresas serán considerados empleados directos de quien utilice su prestación". El mismo Artículo establece una Excepción: "Los trabajadores contratados por empresas de servicios eventuales habilitadas por la autoridad competente para desempeñarse en los términos de los artículos 99 de la presente y 77 a 80 de la Ley Nacional de Empleo, serán considerados en relación de dependencia, con carácter permanente continuo o discontinuo, con dichas empresas". La norma es clara. Para excepcionarse de la regla general deben darse dos supuestos: 1) que el trabajador haya sido contratado por una empresa de servicios eventuales habilitada por el Ministerio de Trabajo; 2) que haya sido contratado para realizar tareas eventuales (Arts. 99 LCT y 77 LNE).
    A su vez el Art. 77 de la Ley 24.013 dispone que las empresas de servicios eventuales únicamente podrán mediar en la contratación de trabajadores bajo la modalidad de trabajo eventual. De igual modo en los Arts. 2º y 3º del Decreto 342/92, derogado por el Decreto 1694/2006, se reitera el requisito de que las tareas sean eventuales. El nuevo Decreto 1694, matuvo esa premisa. Cuando el personal suministrado por una empresa de servicios eventuales no presta tareas que revisten la calidad de eventual, se torna evidente que la empresa usuaria y la agencia han incurrido en fraude laboral. Es muy común en el derecho laboral que las Empresas de Servicios Eventuales intermedien respecto de personal que no va a cumplir tareas eventuales, cosa que les está expresamente prohibida por el Art. 77 L. N. E. La calidad de eventualidad delimita claramente el papel que pueden jugar las agencias intermediarias en el suministro de mano de obra. Del mismo modo la contratación de empleados para tareas no eventuales, a través de Empresas de Servicios Eventuales también es una práctica muy utilizada por las Empresas Usuarias, las que recurren a una intermediación para trabajo no eventual disfrazándolo de tal, intentando de esa forma librarse de la responsabilidad directa como empleadora real que le fija el Art. 29 L. C. T.

    ● Intimaciones de regularización y Multas de la ley 24.013. En efecto, si se considera que la empresa usuaria es empleadora directa de los trabajadores contratados para tareas no eventuales a través de empresas de servicios eventuales, esta empleadora carga con las obligaciones propias de la relación contractual, entre ellas la de registración prevista en el Art. 52 LCT. Esta obligación no puede ser suplida por la agencia intermediaria, la que no es obviamente la empleadora directa del trabajador no eventual sino una mera responsable solidaria de las obligaciones de la usuaria. La obligación de registración del Art. 52, tiene razón de ser, más allá de asegurar que se practiquen las retenciones y se efectúen los aportes de ley.Por lo tanto, el trabajador que se encuentra en situación irregular está plenamente habilitado para intimar a la empresa usuaria el registro de la relación contractual conforme normativa vigente y en los términos de los Arts. 8 y 11 de la ley 24.013.Si no se cumplió con el débito previsto en las normas previsionales, la empresa usuaria será también responsable directa y no solidaria.En tal sentido los trabajadores afectados podrán cursar intimaciones a la empresa usuaria, quien es la verdadera empleadora.Veamos entonces, según el Art. 29, la intermediación de mano de obra para servicios que no son eventuales determina que la relación se configure directamente entre el trabajador y quien utiliza sus servicios, la empresa usuaria, respondiendo la contratista en forma solidaria por su complicidad con el desplazamiento de la figura del empleador.La regularización de la relación laboral impone que quien deba registrar la relación sea quien efectivamente actuó como empleador, determinándose así los sujetos reales del contrato de trabajo, la obligación de hacer que la ley impone no puede ser suplida por un tercero sin alterar el contenido esencial de la obligación.La empresa usuaria no puede oponer a la intimación del empleado la existencia de una registración por parte de la agencia de servicios eventuales, porque ésta última sólo se constituye como un tercero con responsabilidad solidaria con la real empleadora (empresa usuaria) en la relación contractual. Dicha responsabilidad solidaria surge por haber colaborado en la concreción del fraude (Art. 14 LCT).En este marco conceptual no queda espacio para la duda en cuanto a la procedencia de las multas previstas en el mecanismo de regularización laboral de la Ley 24.013.Si la empresa usuaria desconoce la relación laboral dependiente denunciada por el trabajador, y rechaza el reclamo cuando es intimada a registrar el contrato, habilita al empleado al despido indirecto y a la consecuente acción donde se demandarán las indemnizaciones previstas en la LCT y las multas previstas en los Arts. 8 y 15 de la LNE.Si el trabajador realiza la intimación en forma correcta, la empresa usuaria deberá responder como obligada directa de las multas previstas en los Arts. 8 y 15 LNE; y, la empresa de servicios eventuales también responderá como deudora solidaria.

    ● Conclusión.
    El trabajador que es defraudado, está habilitado para reclamar su reconocimiento como dependiente de una empresa usuaria contando con herramientas de gran eficacia para la defensa de sus derechos laborales.En la medida en que la empresa usuaria es considerada empleadora directa en los casos de fraude por no ser eventuales las tareas contratadas, y se entiende que el registro del trabajador en el libro del Art. 52 LCT por parte de la intermediaria no suple la obligación registrable de aquélla, la procedencia de la intimación del Art. 11 LNE y de las consecuentes multas previstas en los Arts. 8 y 15 LNE puede convertir en sumamente costosa esta variante de fraude laboral.Por supuesto que ello no frena el despido, salvo en casos muy especiales, pero sí le hace sentir a la empresa usuaria las consecuencias gravosas de su accionar fraudulento. La garantía al trabajo puede sufrir, y de hecho ha ocurrido, los embates de contratos modales creados especialmente para no responder por el despido, el funcionamiento irregular y abusivo de las Empresas de Servicios Eventuales, la disminución de las indemnizaciones por despido, la tolerancia de las normas procesales por los incumplimientos del pago de las indemnizaciones debidas por sentencia o de los acuerdos concertados, etc.
    En suma, esta garantía al trabajo requiere la toma de conciencia de los legisladores, jueces, abogados y protagonistas de que no es una mera fórmula, sino que debe ser acompañada por una protección que alcance a la legislación de fondo del instituto, es decir, aun en el funcionamiento y regulación de otras instituciones laborales, que acompañan la protección al despido, así como también a la legislación de forma y a la aplicación de ambas.

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