jueves, 24 de julio de 2008

DIFERENCIA CONCEPTUAL ENTRE INADMISIBILIDAD E IMPROCEDENCIA.

  • Por Andrea Fadelli.

    A través del presente haré una breve reseña de dos cuestiones -relacionadas entre sí, pero diferentes- que se presentan en la práctica forense y que suscitan ciertas contradicciones e imprecisiones.

    Plantear un tema como este exige aclarar determinadas cuestiones, que traspasan la probabilidad de ingresar de una forma más o menos profunda a la base esencial del mismo, y, que conforman concepciones generales que nos conducirán por la senda del debate.
    La inadmisibilidad y la improcedencia constituyen vocablos jurídicos absolutamente distintos y excluyentes. En efecto, se debe distinguir la figura de la inadmisibilidad con respecto a la improcedencia de la acción, por las consecuencias también diferentes que derivan de su declaratoria judicial: admisibilidad y procedencia.
    El problema es más complicado que una simple coincidencia o controversia de términos, y por esa misma razón en determinadas circunstancias no se le da la trascendencia que amerita.
    Desde hace tiempo los términos improcedencia e inadmisibilidad han sido considerados como sinónimos que no varían en si, ni formal ni sustancialmente.
    Ambos, se ha dicho, vendrían a ser rechazos de la pretensión por adolecer éstos de algún defecto que impida entrar a conocer sobre la pretensión del actor o recurrente.

    Tratando de diferenciar admisibilidad y procedencia, se puede decir que una vez interpuesta una demanda o planteado un recurso, el magistrado examinará si se han acatado los requerimientos y formalidades extrínsecas que la ley ordena para que el expediente pueda pasar a tratamiento.
    En ese supuesto se está produciendo una apreciación de "admisibilidad" de la pretensión.

    Se puede decir que la admisibilidad es un concepto que atañe al derecho procesal particularmente, y en especial a la acción interpuesta.

    Por otra parte una vez admitida una demanda o un recurso, se considera el mérito o fondo de la cuestión, decidiendo el juez respecto de la "procedencia o improcedencia" de las pretensiones finales del actor o del recurrente.

    Consiguientemente la procedencia concierne más al derecho material, es decir la composición en si de un asunto o una situación que suscite conocimiento jurisdiccional procedente, no depende en sí de la interposición de una demanda, sino que el hecho existe y está latente.
    En principio los conceptos inadmisibilidad e improcedencia, están vinculados, por definición, al derecho procesal, debido a que ambos parten ya de la conjetura que ha habido una manifestación de voluntad ante un juez (acción o recurso) y el mismo debe pronunciarse.
    El estudio de la admisibilidad es al solo efecto de desplegar la instancia, en cambio el examen de la procedencia se realiza para resolver el dilema de fondo. Si bien los términos nos enfocan al mismo fin, análisis y resolución, el tema es que no tienen ni pueden tener el mismo origen.
    Es por ello que se hace necesario establecer contornos y no perder de vista a qué se refiere cada uno de ellos, y bajo qué supuesto fáctico el juez estará facultado para realizar un pronunciamiento en uno u otro alcance.
    La declaración de inadmisibilidad se realiza como una diligencia previa, en la que se decide (apreciando aspectos de forma o motivos de evidencia), que no hay lugar a seguir sustanciando ciertos recursos o reclamaciones. En cambio la improcedencia es la falta de oportunidad, de fundamento o de derecho; por lo tanto una pretensión es declarada improcedente cuando no es conforme a derecho, inadecuada o extemporánea.
    Una cuestión que se muestra como opinable, es la oportunidad adecuada para un pronunciamiento sobre el punto.

    Desde mi punto de vista el traslado -de la demanda o recurso- a la otra parte, conlleva "implícitamente" el reconocimiento de admisibilidad y de procedencia formal del trámite, ello en base a los principios de eficacia y economía procesal. No obstante, existen distintas posturas al respecto. De hecho, hay algunos fallos que han establecido que este tipo de decisiones deben ser tomadas antes de la traba de la litis, porque después no puede (inesperadamente) dictarse una resolución sobre el fondo de la cuestión, alterándose el principio de preclusión.
    Sin embargo, hay doctrinarios que se inclinan por el criterio opuesto, expresando que en cualquier momento del proceso que el juez advierta que se encuentra en uno de los supuestos de inadmisibilidad o improcedencia, debe poner fin al proceso declarándolo así, e incluso puede hacerse a pedido de parte.
    De cualquier modo cabe resaltar que la especificación in limine, concuerda con la improcedencia y no con la in admisibilidad, pues resulta lógico que la inadmisibilidad alude a la intramitabilidad "ab initio" del proceso, dada la falta de acatamiento de los presupuestos procesales.

    En efecto, se puede decir que si el juzgador advierte que una demanda o recurso, se exhiben inadmisibles o constitutivamente inhábiles, de disponer su sustanciación, daría lugar a un dispendio jurisdiccional inútil y a la vez a un proceso inservible, que habrá nacido defectuoso desde su origen. Por ello el juzgador tiene no sólo la facultad, sino también el deber de examinar liminarmente la pretensión e igualmente fiscalizar para que el resultado de la actividad jurisdiccional resulte útil, aplicando adecuadamente los principios de eficacia y economía procesal.

    Propiamente la admisibilidad de la pretensión, se encuentra referida al cumplimiento de los requisitos legales que habiliten su tramitación, pero su declaratoria de ningún modo implica un pronunciamiento sobre el mérito del asunto debatido en el proceso.
    Por el contrario, la inadmisibilidad de la pretensión se origina por la falta de cumplimiento de esas exigencias que impiden la prosecución del proceso.
    Si la demanda o recurso carecieran de alguno de los requisitos exigidos, el juez los puntualizará y ordenará al demandante o recurrente que los subsane dentro del plazo legal, bajo apercibimiento de declararlos inadmisibles. Claro está, si la demanda se declara inadmisible el derecho "virtualmente" quedará a salvo y el actor podrá plantear nueva demanda.

    Por su parte, la procedencia se refiere a una investigación ya del fondo del asunto, infiere una confrontación entre la pretensión invocada y el derecho aplicable que conlleva a la declaratoria con lugar o sin lugar de la acción interpuesta.

    A ambos términos se los asemeja, pero ambas categorías poseen roles individuales que delimitan su contorno de aplicación.

    En tal sentido, si bien nada es absoluto, la intención es señalar, que no existe absoluta identidad y similitud entre admisibilidad y procedencia, toda vez que la inadmisibilidad está referida al incumplimiento de determinados presupuestos que hacen inviable el inicio del procedimiento; en tanto que, la improcedencia obedece a aquellos casos en que la pretensión del demandante no se adecua a lo establecido en el derecho sustantivo, a los efectos de conseguir su satisfacción a través de una decisión judicial.

    De todos modos y para finalizar, se puede decir que a pesar de las diferencias, existe una importante conjunción entre in admisibilidad e improcedencia, que se produce porque el análisis de procedencia en la oportunidad procesal de analizar la admisión encuentra su justificación en el principio de economía procesal, ya que no tiene coherencia admitir una acción que en definitiva no prosperará por resultar improcedente.

  • Esta nota fue publicada en el Dial.com
  • http://www.eldial.com/suplementos/procesal/tcdNP.asp?id=3824&id_publicar=5826&fecha_publicar=25/08/2008&camara=Doctrina

  • Esta nota fue publicada en Fojas Cero Nº 184 de Julio de 2008.
  • http://www.fojas0.com/FC184Fadelli2.htm

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