jueves, 26 de febrero de 2009

Digo yo: ¿Leen? Por suerte, a veces si

  • Por Alejandro Díaz Lacoste.
  • La Corte Suprema de la Nación ha asumido la señera posición que cabe a un tribunal de garantías que resguarda, como máximo órgano constitucional de un estado en crisis, la vigencia de aquellas tutelas sin las cuales el sistema jurídico mismo sucumbe: el debido proceso y la defensa en juicio. Ninguna libertad, salvaguarda o prerrogativa tanto como ningunas de las facultades, potestades ciudadanas colectivas y/o derechos singulares de los habitantes, pueden mantenerse inalterados si, en los hechos, la excelsa protección de la Corte Suprema no se mantiene incólume a lo largo del tiempo.
Suelo afirmar que el debido proceso emerge como una "garantía hipostasiada" a partir del racionalismo normativista, algo así como un "lindo cuentito" literario. Pese a ello, y aunque también pueda entendérsela como una tautología: preguntémonos sino ¿qué es lo debido del proceso sino el cabal cumplimiento de la ley o las leyes que lo rigen?, lo cierto es que su vigencia refleja una importancia mayúscula si de considerar que el sistema formal de reglas inferiores se nutre de propia efectividad.
En efecto, si cualquiera de las "pautas normativas derivadas" (Art. 30 y 31 de la Constitución Nacional) no satisfacen el debido proceso (sustantivo o formal), no pueden sostenerse como reglas válidas del sistema, perdiendo este gran parte de su propia "eficacia". Y si, a su vez, los órganos que han de aplicarlas, tampoco satisfacen ese principio, el ordenamiento todo se resiente en sus parámetros más básicos: universalidad, logicidad, coherencia, publicidad, entre otros axiomas que operan como mecanismos de ajuste de una (por cierto utópica) "funcionalidad cuasi perfecta".
Poca reflexión exige, por caso, considerar que si un juez, llamado a dictar sentencia, lo hace sin haber leído los autos -por sí, sin intermediarios- esta poniendo en ejercicio una delegación no prevista en la ley (que rige las formas prescriptas para el acto) y suscribe entonces un texto "vacío de sustancialidad" constitucional. Su responsabilidad profesional u orgánica, si la hubiere, es harina de otro costal. Pero la vigencia del debido proceso, como garantía del justiciable, ya ha quedado frustrada; y nada puede sustituir o recomponer la alteración del sistema jurídico que ello trajo aparejado.
Es en tal marco que hoy traemos a colación dos modelos de jueces que enaltecen la vigencia de principios y de las pautas operativas más básicas por las que bregamos hace años.
De un lado, la Corte Suprema de la Nación ha resuelto -sin leer nuestra columna de Fojas Cero-, que es nula -y que debe declararse aún de oficio- la sentencia que refleja que ninguno de los órganos preintervinientes en el legajo, en forma grosera, dio lectura a elementos básicos del sumario. Véase su texto completo en "Domínguez, Alcides Armando s/ causa Nº 525" - CSJN - 11/12/2007. Conforme a esta señera decisión, un juez convocado a integrar como vocal subrogante un tribunal, no advirtió que había pre-intervenido como defensor y que nadie tampoco se había ocupado de despachar los planteos que, in pauperis, había realizado el imputado indefenso en forma y sustancia. Concluyendo que "…a partir de la sentencia condenatoria, se fueron sucediendo una serie de circunstancias que vulneraron el derecho federal a una efectiva asistencia legal del encausado, provocándole un estado de indefensión que invalida todo lo actuado"; derecho este "cuya protección no es función exclusiva de esta Corte, sino que debió ser objeto de atención por parte de los jueces de los tribunales inferiores…"
De otro lado, la Cámara de Apelaciones en lo Civil del Departamento Judicial de San Martín (Provincia de Buenos Aires) ha venido recientemente a satisfacer la ineficacia sustantiva de un certificado bancario ejecutivo, cuya indebida emisión y utilización posibilitó una medida cautelar que obstaculizó hace 10 años -vigente el reglamento del Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires de 1934- la asunción como Juez de grado y/o como Juez de Cámara de Apelaciones de un antiguo funcionario judicial. La revocación que la Sala Segunda ha hecho del fallo de grado, en pieza jurídica que refleja profundo análisis por parte del juez de primer voto, ha venido a recomponer el previo déficit de lectura y de comprensión de los jueces civiles y penales preintervinientes en el caso, así como sentar señero precedente en materia de abuso de derecho bancario en ocasión del ejercicio de las facultades de fedación conferidas por el polémico artículo 793 del Código de Comercio.
El debido proceso, tardíamente satisfecho, jamás logra por cierto recomponer el sistema jurídico desviado en los hechos por operadores jurídicos, tal vez ligeros, talvez inescrupulosos.
*alejandrodiazlacoste@yahoo.com.ar

jueves, 19 de febrero de 2009

Facebook en medio de la polémica



  • DIARIO RIO NEGRO
  • Dio marcha atrás en la modificación de sus normas. Le daban control total sobre los contenidos.
  • NUEVA YORK (AP) - Facebook decidió dar marcha atrás en su cambio de normas de uso tras un torrente de protestas en internet, mientras intenta decidir cómo resolver la pregunta de quién controla la información compartida en el sitio de contactos sociales.
    El sitio, que cuenta con unos 175 millones de usuarios en todo el mundo, había actualizado de manera discreta sus términos de uso hace un par de semanas.
    Los cambios causaron una enfurecida respuesta luego de que Consumerist.com, un grupo que defiende el derecho de los usuarios, denunció las nuevas prácticas el domingo.
    Consumerist.com dijo que "los nuevos términos de servicio de Facebook es: Podemos hacer lo que se nos antoje con su información. Y para siempre".
    Facebook ha tratado de apaciguar a sus usuarios, decenas de miles de los cuales se han unido a grupos de protesta en el sitio, diciendo que Consumerist.com no había informado bien sobre las nuevas normas.
    Pero, ayer por la mañana, los usuarios que se conectaron con Facebook fueron saludados con un mensaje señalando que el sitio volvía a usar las pautas antiguas, mientras trata de resolver los tópicos en discusión.
    Facebook dijo que "no reclama derechos de cualquiera de vuestras fotos o de otro contenido. Necesitamos una licencia para ayudarlos a compartir la información con vuestros amigos, pero no reclamamos la posesión de vuestra información´´.
    Decenas de miles de usuarios se unieron a grupos de protesta en Facebook, diciendo que los nuevos términos garantizan al sitio la capacidad de controlar la información para siempre, inclusive después de que un usuario cancela su cuenta.
    Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, dijo el lunes a usuarios, en un blog, que "en Facebook las personas son dueñas de su información y controlan aquello que comparten con otros".

FUENTE: http://www.rionegro.com.ar/diario/2009/02/19/1235009373160.php

miércoles, 18 de febrero de 2009

Destacan los cambios en el contrato de trabajo a tiempo parcial

  • Fernanda Sabbatini, del estudio Negri & Teijeiro Abogados, analiza los aspectos más salientes de la reciente reforma laboral introducida por la ley 26474.
La ley 26.474, que modificó las normas sobre el empleo a tiempo parcial, mantiene la extensión de la jornada (inferior a los dos tercios de la jornada habitual) y la prohibición de realizar horas extras.
Sin embargo, prevé que la violación al límite de la jornada parcial generará la obligación de pagar la jornada completa. La ley también modifica la proporción en que deberán hacerse los aportes y contribuciones para la obra social, estableciendo que serán idénticos a los de un trabajador a tiempo completo de la misma categoría.
La nueva norma contempla también que los convenios colectivos podrán determinar el porcentaje máximo de trabajadores a tiempo parcial que podrá admitir cada establecimiento.
  • La jornada reducida
La ley aclara la situación de los trabajadores con jornada reducida. Así, establece que el empleado que se desempeñe en una jornada de estas características (superior a la parcial pero inferior a la habitual) percibirá la misma remuneración que un trabajador de tiempo completo.
Este agregado pone fin al vacío normativo existente, ya que si bien la antigua norma no contemplaba la posibilidad de pagar el salario en proporción a las horas trabajadas, algunos fallos establecieron la posibilidad de hacerlo, fundándose en el principio de equidad.
  • Consideraciones finales
Claramente, las modificaciones atentan contra la flexibilización de la jornada, toda vez que un empleado con jornada reducida o que exceda la parcial, tendrá el mismo costo para las empresas que uno que se desempeña a tiempo completo. Si bien la medida pareciera beneficiar al trabajador, le quita la posibilidad de pactar una jornada inferior a la legal, lo que en muchos casos resulta conveniente también para el empleador.
Fernanda Sabbatini, Negri & Teijeiro Abogados.

domingo, 15 de febrero de 2009

Monotributo: rigen nuevos valores mensuales

  • Los prestadores de servicios cancelarán entre $115 y $292. Para las demás actividades, el monto llega a $587. Conozca el nuevo esquema vigente.
  • La decisión del Gobierno de actualizar los aportes destinados a las obras sociales se traduce en una suba de hasta casi un 10% en las cuotas mensuales que pagan los monotributistas. La medida afecta a casi 1,2 millones de contribuyentes de manera retroactiva a diciembre pasado.

  • Puntualmente, de acuerdo al nuevo esquema ya oficializado, los particulares y empresas de servicios cancelarán un monto que va desde $115 hasta $292, de acuerdo a las características de cada contribuyente.

  • De igual manera, para los monotributistas que realicen el resto de las actividades, el nuevo esquema prevé un monto máximo que se ubica en 587 pesos.

  • Asimismo, también se modifican los aportes y contribuciones que recaen sobre el personal doméstico. Más precisamente, el monto a cancelar podrá alcanzar el máximo de $81,75; de acuerdo a la cantidad de horas trabajadas semanalmente.

  • Nuevos valores
La resolución general 2538, emitida por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y publicada en el Boletín Oficial, establece un aumento del 26% de los aportes que los monotributistas destinan a las obras sociales.
La nueva norma fija una suba de $37 a $46,75 en el aporte mensual del contribuyente titular y de $31 a $39 en la cápita que debe pagar por cada familiar a cargo.
El aporte destinado a la obra social es uno de los componentes que integran la cuota mensual que afronta mes a mes cada monotributista.
En líneas generales, respecto a los pequeños contribuyentes que se desempeñan como prestadores de servicios el incremento va del 3,50% al 9,30%. Para el resto de las actividades el impacto en la cuota mensual se ubica entre el 1,70% y el 9,30 por ciento.
Vale aclarar que los monotributistas se ubican en las distintas categorías de acuerdo al monto de facturación anual, los metros cuadrados destinados al desarrollo de la actividad y el consumo anual de energía eléctrica. Así, si bien numéricamente el incremento para todas las categorías alcanza $9,75, el impacto porcentual varía de acuerdo al monto total de la cuota mensual. Ante un mayor valor de la cuota, el incremento en términos porcentuales disminuye.
Por ejemplo, para un contribuyente que se ubica en la categoría “A” o “F” la suba alcanza un 9,29%. En cambio, aquellos monotributistas que responden a la categoría “B” y “G” afrontan una suba del 8,78%.
Asimismo, para los monotributistas categoría “C” y “H” el impacto se ubica en 6,63%. La menor suba la sienten los pequeños contribuyentes que se encuentran entre las categorías “K” y “M” ya que afrontan un incremento que va del 1,69% al 2,55 por ciento.A fin de obtener más detalles la AFIP puso a disposición de los particulares y las empresas un instructivo online en donde se explica el alcance del incremento.
  • Personal doméstico
Complementariamente, la resolución también actualiza el esquema de aportes y contribuciones a ingresar por cada empleada doméstica.
Los cambios recaen sólo sobre dos categorías de personal doméstico. Para el caso de las trabajadoras que tienen más de 18 años y superan las 16 horas semanales, el monto de aportes y contribuciones pasa de $72 a 81,75 pesos.
Si la empleada supera las 16 horas semanales y tiene entre 16 y 18 años, el monto mensual a ingresar aumenta de $37 a 46,75 pesos.


FUENTE: http://contadores.infobaeprofesional.com/notas/78451-Monotributo-rigen-nuevos-valores-mensuales.html




miércoles, 11 de febrero de 2009

El saber no ocupa lugar

  • El valor de lo tangible está dado por el hincapié que se hace en lo intangible, ya que lo tangible es una consecuencia de lo intangible. Por este motivo las compañías que quieran prosperar deberán enfocarse en los conocimientos como generadores de valor.
  • Legal Today
La frase que se me viene a la mente es: "el saber no ocupa lugar". En el pasado, el conocimiento tenía el mismo significado que tiene ahora, lo que sucede es que antes no se le daba el valor que merecía porque había otros bienes tangibles que superaban el valor de este intangible. Las máquinas de la era industrial, los recursos naturales de la era agraria, la información de la era de la información y la tecnología de la era digital suplantaban el valor del conocimiento para ponerlo en otro plano inferior en importancia.
Lo que ha cambiado no es el valor del conocimiento, si no el valor que le asigna el mercado. El valor de los conocimientos también favorece al capital humano, pero quizá sea un poco más difícil de entender para el management, ya que si hablamos de tangibles se puede comprender que si tengo U$S 500 y lo divido entre dos personas, sé que corresponden U$S 250 para cada una; pero al dividir los conocimientos no se resta, sino que se multiplica.
El compartir conocimientos incrementa el valor del capital humano, pero para llevarlo a transformarse en capital intelectual hace falta una gestión que lo transforme en capital organizacional y capital mercado como paso previo.

Haga un hueco en su vida profesional a estos contenidos. Ya sabe: El saber no ocupa lugar.

Texto extraído de Por qué el conocimiento, de Pablo L. Bally.

martes, 10 de febrero de 2009

vLex firma un acuerdo estratégico de distribución para toda Latinoamérica

  • vLex firma un acuerdo estratégico de distribución para toda Latinoamérica.
La editorial jurídica vLex acaba de firmar un acuerdo estratégico de distribución con el Grupo Difusión Científica, principal proveedor de información electrónica e impresa de toda Latinoamérica.
Este nuevo acuerdo supondrá para vLex el afianzarse como la principal base de datos jurídica de México; al mismo tiempo que refuerza su implantación en el resto de países de América Latina tanto a través de su producto global como de los productos nacionales.
David Mouriño, Gerente del Grupo Difusión Científica ha afirmado que "hemos apostado por vLex debido a la transparencia de la editorial y al prestigio de sus documentos y colecciones nacionales e internacionales". Por su parte, el Sr. Lluís Faus, Director General de vLex, ha destacado que "con este nuevo acuerdo hemos querido profundizar en nuestra apuesta por México y por nuestro mercado latinoamericano. Gracias a la implantación e importancia del Grupo Difusión Científica, vLex consolidará su presencia en Latinoamércia".
Por último, dicho acuerdo permitirá reforzar los avances de ambas compañías en todas sus áreas de actuación. De este modo, vLex podrá ofrecer a sus clientes un servicio homogéneo de información jurídica global de calidad, sea cual sea el país de Latinoamérica desde donde se opere.
  • A cerca del Grupo Difusión Científica
Con casi 20 años de experiencia, el Grupo Difusión Científica (www.difusion.com.mx) sigue consolidándose como la empresa líder de Latinoamérica en la distribución de información impresa y electrónica. Entre sus principales clientes se encuentran instituciones académicas, de salud, bancarias, consultorías y entidades de gobierno.
  • Acerca de vLex
vLex (www.vlex.com) es el más avanzado proveedor de información jurídica global, dando acceso desde una única plataforma online a contenidos de 102 países en 13 idiomas diferentes. Mantiene acuerdos con editores de todo el mundo, como la Oficina de Publicaciones del Banco Mundial, la Unión Europea, la Commonwealth Secretariat y con más de 80 grupos editoriales independientes de todo el mundo. vLex cuenta hoy con más de 15.000 clientes en más de 40 países, quienes acceden diariamente a una base de datos formada por más de 23 millones de documentos jurídicos. En vLex trabajan más de 150 personas de 30 nacionalidades distintas. Las oficinas centrales de vLex se encuentran en Barcelona (España).
Para más información:
José Daniel Soto
vLex Networks, S. L.
Calle Consell de Cent. 334
C.P. 08009
(Barcelona) España
Tel. +34 932 722 685
Fax +34 934 882 256

martes, 3 de febrero de 2009

NUEVAS NORMAS LABORALES

  • A qué normas deberán prestar atención los empresarios para evitar conflictos laborales.
  • Tras la sanción de leyes -como el marco de pasantías y delitos informáticos- las empresas deberán extremar recaudos en el control de su personal.

El 2008 fue un año muy agitado en lo que se refiere a actividad legislativa -se sancionaron 66 leyes- algunas de las cuales, de acuerdo a la opinión de los especialistas, tendrán un alto impacto en los departamentos de Recursos Humanos y legales de las empresas.

Así, el nuevo régimen de pasantías y la Ley de Delitos Informáticos, más la reforma del principio “in dubio pro operario” -sólo por citar algunos ejemplos- podrían redundar en un aumento del riesgo empresario derivado de la promoción de nuevas demandas, teniendo en cuenta el espíritu tuitivo que la mayoría de esas normas presentan.

Especialistas consultados por iProfesional.com destacan que en períodos signados por avatares económicos, las normas deberían ofrecer herramientas que ayuden a fortalecer la seguridad jurídica y así brindar certidumbre, algo que, destacan, no siempre ocurre al momento de sancionar las leyes.

  • Proteger la formación.

La nueva Ley 26.427 de pasantías entró en vigencia el 31 de diciembre pasado y establece que el tiempo máximo de extensión de esa práctica se limita al año. También fija una jornada laboral de cuatro horas diarias -como máximo 20 semanales-, además de incorporar nuevas exigencias para las empresas. A su vez, estipula el pago de un monto no remunerativo para los pasantes no menor al salario básico de convenio colectivo que se aplica al establecimiento donde se realiza la práctica laboral en forma proporcional a la carga horaria. La ley establece además que este régimen no se podrá usar para crear nuevos empleos, cubrir vacantes o reemplazar personal. Y sostiene que en caso de incumplimiento de la empresa o de duda se entenderá que la relación es de naturaleza laboral, por lo que corresponderán las sanciones e indemnizaciones de una relación laboral no declarada.

Los especialiastas indican que las empresas deberán ser sumamente cuidadosas al momento de cumplir la nueva normativa, puesto que la menor desatención podría dar lugar a reclamos de naturaleza laboral. Por ejemplo, advierten que el exceso indiscriminado en las renovaciones de estos contratos creará un indicio de relación de dependencia.

"Si bien este nuevo marco legal resuelve de un modo más consistente algunas de las debilidades que exhibía el régimen anterior, en especial en lo atinente a la cobertura de salud del pasante y los porcentajes de retención sobre la asignación estímulo a aplicar por las distintas universidades, aparecen otras inconsistencias que lucen periféricas pero sobre las cuales habrá que adoptar ciertas prevenciones”, explicó Héctor A García, socio de García, Perez Boiani & Asociados.

El principal fundamento de la norma es proteger el carácter formativo de los pasantes estudiantes de Educación Superior, de Adultos y de Formación Profesional. Para ello, propone limitar su duración a un año y brindar a los pasantes cobertura de salud y aporte económico.

La ley puntualiza que las pasantías educativas "no originan ningún tipo de relación laboral entre el pasante y la empresa u organización" en la que éstas se desarrollan.

  • Recaudos

García destacó que no podrá extenderse la relación jurídica entre el pasante y la empresa por más de 12 meses, vigencia que excepcionalmente se extenderá por 6 meses adicionales, en tanto los contenidos del plan formativo así lo exijan.

"Se estipulan en este nuevo esquema las licencias y régimen de asistencia de los pasantes, las situaciones de enfermedad o accidente, la cobertura de la propiedad intelectual, pero el aspecto quizás más relevante es la exigua cantidad de horas semanales que tiene como límite este nuevo marco, ya la carga horaria semanal será de hasta 20 horas, concluyó García.

  • Críticas

Para Daniel Funes de Rioja, asesor letrado de la Unión Industrial Argentina (UIA), este sistema no sirve para vincular educación y producción. Así, el abogado explicó que con la nueva ley, los pasantes reciben todos los beneficios de un empleado como salario, obra social, beneficios regulares y licencias, según el convenio colectivo, pero "no son trabajadores y no pueden realizar sus actividades". Con lo cual concluyó que “el costo que generará un pasante será suficientemente representativo para inhibir su inclusión, salvo actos de filantropía inspirados en principios de responsabilidad social empresaria”, enfatizó.

  • Ante la duda, a favor del trabajador

La última semana de diciembre, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial la Ley 26.428 que refuerza el principio conocido como “indubio pro operario”, que postula que en caso de duda sobre la aplicación e interpretación de normas legales, e incluso en la valoración de la prueba se favorecerá al trabajador.

Si bien el precepto de aplicar la norma más favorable a favor del trabajador ya estaba contemplado en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), la nueva norma extiende ese concepto a la interpretación de las normas y de las pruebas aportadas en los procesos laborales. La consagración de este concepto jurídico era resistida por las cámaras empresariales, por considerar que éste les reduciría el nivel de defensa en el fuero laboral. El concepto jurídico restaurado con esta nueva ley había sido eliminado de la legislación laboral durante la última dictadura militar.

El diputado Héctor Recalde -autor de la ley- explicó que el nuevo artículo extiende el principio referido a la interpretación o alcance de la ley y la apreciación de la prueba, al disponer que los jueces o encargados de aplicarla se decidirán en ese sentido.

Para García, esta iniciativa "condiciona aún más el criterio judicial, tal como viene aconteciendo, y refleja muchos pronunciamientos en la Justicia del trabajo".

Además, el profesional añadió que la norma "no responde de modo alguno a las expectativas que el mercado laboral espera del Estado ante la crisis y su impacto en el nivel de empleo", y añadió que es una reforma que sólo facilitará el rol de los profesionales que litigan laboralmente al momento de diseñar los medios para acreditar los hechos que se invocan en el pleito.

”Mientras la energía se siga focalizando en la restitución de la fisonomía que exhibía la LCT en 1974, no habrá razones para cambiar la expectativa de pesadumbre y pesimismo en torno a la efectividad de estas reformas, las que definitivamente no protegen al trabajador, que pretende que los actores sociales y el Estado implementen acciones para defender la fuente de trabajo, más que facilitarle de algún modo el tránsito judicial del reclamo que articule”, concluyó el abogado.

  • Límites al uso de e-mail laboral

La Ley de Delitos Informáticos (LDI) fue sancionada en junio pasado y tuvo por objeto incorporar al Código Penal la protección de las nuevas tecnologías asociadas a la informática.

Así, la reciente ley estableció que es delito “el acceso indebido” a un “sistema o dato informático de acceso restringido” y trajo como consecuencia para las empresas el desafío de ver de qué manera se llevará, a partir de su sanción, la fiscalización de las herramientas laborales de los trabajadores, a fin de que ese control empresario se realice de manera tal que no sea considerado delito y no afecte la intimidad de los dependientes.

Y estos controles resultan inevitables ya que, de acuerdo a estadísticas globales, las empresas pierden en promedio u$s22.000 millones anuales a causa del uso indebido de Internet.

Por otra parte, los especialistas indican que la incorrecta utilización de las herramientas laborales genera innumerables contingencias para las empresas, como por ejemplo, saturación del ancho de banda, pérdida de productividad, perjuicio de la imagen de la compañía y daños causados a terceros.

Es por eso que señalan que, en este contexto y con la reciente sanción de la LDI, las empresas deberán ser extremadamente cuidadosas al momento de implementar políticas de control y fiscalización de las herramientas informáticas suministradas a sus empleados.

“Deben controlar de forma tal que su accionar no constituya un obrar antijurídico”, puntualizó Pablo Perego, abogado especialista en derecho laboral e informática.

El experto indicó que debe recurrirse a “acuerdos de partes” o “reglamentos internos” en donde queden delimitados el uso y control de las herramientas laborales.

El especialista indicó que otra forma de control puede consistir en que sea la empresa quién otorgue al empleado la clave de acceso a la red de correo electrónico. “De esta forma, el trabajador no tiene expectativa de privacidad al saber que su password es habilitado por la propia empresa”, añadió.

“Se debe controlar las comunicaciones o archivos que sean más pesados, puesto que esos justamente son los que nada tienen que ver con la actividad comercial de las empresas”, dijo el abogado.

Y añadió que para otorgar todas las garantías del caso “los controles deben ser realizados en presencia del trabajador, de un delegado gremial y un escribano”.

El especialista remarcó que en estos procesos de fiscalización del uso de las herramientas laborales siempre es importante la notificación previa al trabajador. “Al ingresar a una compañía el empleado debe estar anoticiado respecto de las reglas de uso y los controles de los instrumentos de la firma”, señaló Perego.

Por último, destacó que en las facultades de control empresaria siempre debe estar presente el componente de la razonabilidad. “Si por el servidor de la compañía pueden rastrearse la ruta de los mails y los destinatarios, será razonable el acceso o intervención de la cuenta por parte del empleador de aquellos mails que hubieran sido, por ejemplo, dirigidos a la competencia”, manifestó.

Daniela San Giovanni© iProfesional.com

FUENTE: http://abogados.infobaeprofesional.com/secciones/imprimir.php?idx=76865