jueves, 26 de febrero de 2009

Digo yo: ¿Leen? Por suerte, a veces si

  • Por Alejandro Díaz Lacoste.
  • La Corte Suprema de la Nación ha asumido la señera posición que cabe a un tribunal de garantías que resguarda, como máximo órgano constitucional de un estado en crisis, la vigencia de aquellas tutelas sin las cuales el sistema jurídico mismo sucumbe: el debido proceso y la defensa en juicio. Ninguna libertad, salvaguarda o prerrogativa tanto como ningunas de las facultades, potestades ciudadanas colectivas y/o derechos singulares de los habitantes, pueden mantenerse inalterados si, en los hechos, la excelsa protección de la Corte Suprema no se mantiene incólume a lo largo del tiempo.
Suelo afirmar que el debido proceso emerge como una "garantía hipostasiada" a partir del racionalismo normativista, algo así como un "lindo cuentito" literario. Pese a ello, y aunque también pueda entendérsela como una tautología: preguntémonos sino ¿qué es lo debido del proceso sino el cabal cumplimiento de la ley o las leyes que lo rigen?, lo cierto es que su vigencia refleja una importancia mayúscula si de considerar que el sistema formal de reglas inferiores se nutre de propia efectividad.
En efecto, si cualquiera de las "pautas normativas derivadas" (Art. 30 y 31 de la Constitución Nacional) no satisfacen el debido proceso (sustantivo o formal), no pueden sostenerse como reglas válidas del sistema, perdiendo este gran parte de su propia "eficacia". Y si, a su vez, los órganos que han de aplicarlas, tampoco satisfacen ese principio, el ordenamiento todo se resiente en sus parámetros más básicos: universalidad, logicidad, coherencia, publicidad, entre otros axiomas que operan como mecanismos de ajuste de una (por cierto utópica) "funcionalidad cuasi perfecta".
Poca reflexión exige, por caso, considerar que si un juez, llamado a dictar sentencia, lo hace sin haber leído los autos -por sí, sin intermediarios- esta poniendo en ejercicio una delegación no prevista en la ley (que rige las formas prescriptas para el acto) y suscribe entonces un texto "vacío de sustancialidad" constitucional. Su responsabilidad profesional u orgánica, si la hubiere, es harina de otro costal. Pero la vigencia del debido proceso, como garantía del justiciable, ya ha quedado frustrada; y nada puede sustituir o recomponer la alteración del sistema jurídico que ello trajo aparejado.
Es en tal marco que hoy traemos a colación dos modelos de jueces que enaltecen la vigencia de principios y de las pautas operativas más básicas por las que bregamos hace años.
De un lado, la Corte Suprema de la Nación ha resuelto -sin leer nuestra columna de Fojas Cero-, que es nula -y que debe declararse aún de oficio- la sentencia que refleja que ninguno de los órganos preintervinientes en el legajo, en forma grosera, dio lectura a elementos básicos del sumario. Véase su texto completo en "Domínguez, Alcides Armando s/ causa Nº 525" - CSJN - 11/12/2007. Conforme a esta señera decisión, un juez convocado a integrar como vocal subrogante un tribunal, no advirtió que había pre-intervenido como defensor y que nadie tampoco se había ocupado de despachar los planteos que, in pauperis, había realizado el imputado indefenso en forma y sustancia. Concluyendo que "…a partir de la sentencia condenatoria, se fueron sucediendo una serie de circunstancias que vulneraron el derecho federal a una efectiva asistencia legal del encausado, provocándole un estado de indefensión que invalida todo lo actuado"; derecho este "cuya protección no es función exclusiva de esta Corte, sino que debió ser objeto de atención por parte de los jueces de los tribunales inferiores…"
De otro lado, la Cámara de Apelaciones en lo Civil del Departamento Judicial de San Martín (Provincia de Buenos Aires) ha venido recientemente a satisfacer la ineficacia sustantiva de un certificado bancario ejecutivo, cuya indebida emisión y utilización posibilitó una medida cautelar que obstaculizó hace 10 años -vigente el reglamento del Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires de 1934- la asunción como Juez de grado y/o como Juez de Cámara de Apelaciones de un antiguo funcionario judicial. La revocación que la Sala Segunda ha hecho del fallo de grado, en pieza jurídica que refleja profundo análisis por parte del juez de primer voto, ha venido a recomponer el previo déficit de lectura y de comprensión de los jueces civiles y penales preintervinientes en el caso, así como sentar señero precedente en materia de abuso de derecho bancario en ocasión del ejercicio de las facultades de fedación conferidas por el polémico artículo 793 del Código de Comercio.
El debido proceso, tardíamente satisfecho, jamás logra por cierto recomponer el sistema jurídico desviado en los hechos por operadores jurídicos, tal vez ligeros, talvez inescrupulosos.
*alejandrodiazlacoste@yahoo.com.ar

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