martes, 3 de febrero de 2009

NUEVAS NORMAS LABORALES

  • A qué normas deberán prestar atención los empresarios para evitar conflictos laborales.
  • Tras la sanción de leyes -como el marco de pasantías y delitos informáticos- las empresas deberán extremar recaudos en el control de su personal.

El 2008 fue un año muy agitado en lo que se refiere a actividad legislativa -se sancionaron 66 leyes- algunas de las cuales, de acuerdo a la opinión de los especialistas, tendrán un alto impacto en los departamentos de Recursos Humanos y legales de las empresas.

Así, el nuevo régimen de pasantías y la Ley de Delitos Informáticos, más la reforma del principio “in dubio pro operario” -sólo por citar algunos ejemplos- podrían redundar en un aumento del riesgo empresario derivado de la promoción de nuevas demandas, teniendo en cuenta el espíritu tuitivo que la mayoría de esas normas presentan.

Especialistas consultados por iProfesional.com destacan que en períodos signados por avatares económicos, las normas deberían ofrecer herramientas que ayuden a fortalecer la seguridad jurídica y así brindar certidumbre, algo que, destacan, no siempre ocurre al momento de sancionar las leyes.

  • Proteger la formación.

La nueva Ley 26.427 de pasantías entró en vigencia el 31 de diciembre pasado y establece que el tiempo máximo de extensión de esa práctica se limita al año. También fija una jornada laboral de cuatro horas diarias -como máximo 20 semanales-, además de incorporar nuevas exigencias para las empresas. A su vez, estipula el pago de un monto no remunerativo para los pasantes no menor al salario básico de convenio colectivo que se aplica al establecimiento donde se realiza la práctica laboral en forma proporcional a la carga horaria. La ley establece además que este régimen no se podrá usar para crear nuevos empleos, cubrir vacantes o reemplazar personal. Y sostiene que en caso de incumplimiento de la empresa o de duda se entenderá que la relación es de naturaleza laboral, por lo que corresponderán las sanciones e indemnizaciones de una relación laboral no declarada.

Los especialiastas indican que las empresas deberán ser sumamente cuidadosas al momento de cumplir la nueva normativa, puesto que la menor desatención podría dar lugar a reclamos de naturaleza laboral. Por ejemplo, advierten que el exceso indiscriminado en las renovaciones de estos contratos creará un indicio de relación de dependencia.

"Si bien este nuevo marco legal resuelve de un modo más consistente algunas de las debilidades que exhibía el régimen anterior, en especial en lo atinente a la cobertura de salud del pasante y los porcentajes de retención sobre la asignación estímulo a aplicar por las distintas universidades, aparecen otras inconsistencias que lucen periféricas pero sobre las cuales habrá que adoptar ciertas prevenciones”, explicó Héctor A García, socio de García, Perez Boiani & Asociados.

El principal fundamento de la norma es proteger el carácter formativo de los pasantes estudiantes de Educación Superior, de Adultos y de Formación Profesional. Para ello, propone limitar su duración a un año y brindar a los pasantes cobertura de salud y aporte económico.

La ley puntualiza que las pasantías educativas "no originan ningún tipo de relación laboral entre el pasante y la empresa u organización" en la que éstas se desarrollan.

  • Recaudos

García destacó que no podrá extenderse la relación jurídica entre el pasante y la empresa por más de 12 meses, vigencia que excepcionalmente se extenderá por 6 meses adicionales, en tanto los contenidos del plan formativo así lo exijan.

"Se estipulan en este nuevo esquema las licencias y régimen de asistencia de los pasantes, las situaciones de enfermedad o accidente, la cobertura de la propiedad intelectual, pero el aspecto quizás más relevante es la exigua cantidad de horas semanales que tiene como límite este nuevo marco, ya la carga horaria semanal será de hasta 20 horas, concluyó García.

  • Críticas

Para Daniel Funes de Rioja, asesor letrado de la Unión Industrial Argentina (UIA), este sistema no sirve para vincular educación y producción. Así, el abogado explicó que con la nueva ley, los pasantes reciben todos los beneficios de un empleado como salario, obra social, beneficios regulares y licencias, según el convenio colectivo, pero "no son trabajadores y no pueden realizar sus actividades". Con lo cual concluyó que “el costo que generará un pasante será suficientemente representativo para inhibir su inclusión, salvo actos de filantropía inspirados en principios de responsabilidad social empresaria”, enfatizó.

  • Ante la duda, a favor del trabajador

La última semana de diciembre, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial la Ley 26.428 que refuerza el principio conocido como “indubio pro operario”, que postula que en caso de duda sobre la aplicación e interpretación de normas legales, e incluso en la valoración de la prueba se favorecerá al trabajador.

Si bien el precepto de aplicar la norma más favorable a favor del trabajador ya estaba contemplado en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), la nueva norma extiende ese concepto a la interpretación de las normas y de las pruebas aportadas en los procesos laborales. La consagración de este concepto jurídico era resistida por las cámaras empresariales, por considerar que éste les reduciría el nivel de defensa en el fuero laboral. El concepto jurídico restaurado con esta nueva ley había sido eliminado de la legislación laboral durante la última dictadura militar.

El diputado Héctor Recalde -autor de la ley- explicó que el nuevo artículo extiende el principio referido a la interpretación o alcance de la ley y la apreciación de la prueba, al disponer que los jueces o encargados de aplicarla se decidirán en ese sentido.

Para García, esta iniciativa "condiciona aún más el criterio judicial, tal como viene aconteciendo, y refleja muchos pronunciamientos en la Justicia del trabajo".

Además, el profesional añadió que la norma "no responde de modo alguno a las expectativas que el mercado laboral espera del Estado ante la crisis y su impacto en el nivel de empleo", y añadió que es una reforma que sólo facilitará el rol de los profesionales que litigan laboralmente al momento de diseñar los medios para acreditar los hechos que se invocan en el pleito.

”Mientras la energía se siga focalizando en la restitución de la fisonomía que exhibía la LCT en 1974, no habrá razones para cambiar la expectativa de pesadumbre y pesimismo en torno a la efectividad de estas reformas, las que definitivamente no protegen al trabajador, que pretende que los actores sociales y el Estado implementen acciones para defender la fuente de trabajo, más que facilitarle de algún modo el tránsito judicial del reclamo que articule”, concluyó el abogado.

  • Límites al uso de e-mail laboral

La Ley de Delitos Informáticos (LDI) fue sancionada en junio pasado y tuvo por objeto incorporar al Código Penal la protección de las nuevas tecnologías asociadas a la informática.

Así, la reciente ley estableció que es delito “el acceso indebido” a un “sistema o dato informático de acceso restringido” y trajo como consecuencia para las empresas el desafío de ver de qué manera se llevará, a partir de su sanción, la fiscalización de las herramientas laborales de los trabajadores, a fin de que ese control empresario se realice de manera tal que no sea considerado delito y no afecte la intimidad de los dependientes.

Y estos controles resultan inevitables ya que, de acuerdo a estadísticas globales, las empresas pierden en promedio u$s22.000 millones anuales a causa del uso indebido de Internet.

Por otra parte, los especialistas indican que la incorrecta utilización de las herramientas laborales genera innumerables contingencias para las empresas, como por ejemplo, saturación del ancho de banda, pérdida de productividad, perjuicio de la imagen de la compañía y daños causados a terceros.

Es por eso que señalan que, en este contexto y con la reciente sanción de la LDI, las empresas deberán ser extremadamente cuidadosas al momento de implementar políticas de control y fiscalización de las herramientas informáticas suministradas a sus empleados.

“Deben controlar de forma tal que su accionar no constituya un obrar antijurídico”, puntualizó Pablo Perego, abogado especialista en derecho laboral e informática.

El experto indicó que debe recurrirse a “acuerdos de partes” o “reglamentos internos” en donde queden delimitados el uso y control de las herramientas laborales.

El especialista indicó que otra forma de control puede consistir en que sea la empresa quién otorgue al empleado la clave de acceso a la red de correo electrónico. “De esta forma, el trabajador no tiene expectativa de privacidad al saber que su password es habilitado por la propia empresa”, añadió.

“Se debe controlar las comunicaciones o archivos que sean más pesados, puesto que esos justamente son los que nada tienen que ver con la actividad comercial de las empresas”, dijo el abogado.

Y añadió que para otorgar todas las garantías del caso “los controles deben ser realizados en presencia del trabajador, de un delegado gremial y un escribano”.

El especialista remarcó que en estos procesos de fiscalización del uso de las herramientas laborales siempre es importante la notificación previa al trabajador. “Al ingresar a una compañía el empleado debe estar anoticiado respecto de las reglas de uso y los controles de los instrumentos de la firma”, señaló Perego.

Por último, destacó que en las facultades de control empresaria siempre debe estar presente el componente de la razonabilidad. “Si por el servidor de la compañía pueden rastrearse la ruta de los mails y los destinatarios, será razonable el acceso o intervención de la cuenta por parte del empleador de aquellos mails que hubieran sido, por ejemplo, dirigidos a la competencia”, manifestó.

Daniela San Giovanni© iProfesional.com

FUENTE: http://abogados.infobaeprofesional.com/secciones/imprimir.php?idx=76865

1 comentario:

PROFESOR COCCA dijo...

UNIVERSIDAD ARGENTINA JOHN F. KENNEDY, CONDENADA por DISCRIMINACION y DESPIDO,
SENTENCIA DEFINITIVA E INAPELABLE, FALLO FIRME.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados….

Sentencia definitiva por Discriminación, en perjuicio del profesor Eduardo Marcelo Cocca, Juzgado 12 de la Justicia Laboral de la Capital Federal, condenando a la Universidad John F. Kennedy, Tanbién son condenados en el juicio laboral. Que oportunamente le iniciara el profesor Cocca. Fallo de diciembre 2008

SENTENCIA N* 22.232 en el siguiente link :

http://sentenciafallo.blogspot.com/





" Lo mas atroz de las cosas malas, es el silencio de la gente buena "-

Mahatma Gandhi


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Ley 26.032


Establécese que la búsqueda, recepción y difusión de información e ideas por medio del servicio de Internet se considera comprendida dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión.


Sancionada: Mayo 18 de 2005

Promulgada de Hecho: Junio 16 de 2005


El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc.

sancionan con fuerza de Ley:

ARTICULO 1°

— La búsqueda, recepción y difusión de información e ideas de toda índole, a través del servicio de Internet, se considera comprendido dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión.

ARTICULO 2°

— La presente ley comenzará a regir a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTICULO 3°

— Comuníquese al Poder Ejecutivo.


—REGISTRADA BAJO EL N° 26.032—


DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS DIECIOCHO DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL CINCO.


EDUARDO O. CAMAÑO. — MARCELO A. GUINLE. — Eduardo D. Rollano. — Juan Estrada.