viernes, 10 de abril de 2009

Fallo GOGOLA: Tribunal invalida un Acuerdo de desvinculación laboral celebrado ante el SECLO

por Andrea Fadelli.
  • En el fallo “Gogola Jorge c/ FE. ME. S.A. s/ cobro de salarios”, la Cámara laboral invalidó un acuerdo de desvinculación laboral celebrado en sede administrativa ante el Servicio Laboral de Conciliación Obligatoria (SECLO). Este fallo coloca a los empleadores en una situación cierta de indefensión, genera inseguridad jurídica, contraría lo resuelto en el plenario LAFALCE y desdibuja el Art. 241 de la Ley Contrato de Trabajo.
  • El artículo 241 de la ley citada establece, en cuanto a las formas y modalidades, que “las partes, por mutuo acuerdo, podrán extinguir el contrato de trabajo. El acto deberá formalizarse mediante escritura pública o ante la autoridad judicial o administrativa del trabajo”.
  • Por otra parte en el plenario Lafalce se resolvió que si el trabajador manifiesta que nada más tiene que reclamar de la demandada por ningún concepto emergente del vínculo laboral que las uniera, ello hace cosa juzgada en juicio posterior donde se reclama un crédito que no fue objeto del proceso conciliado (conf. CNAT, Plenario N° 137, Septiembre 29 de 1970, “Lafalce, Angel c/ Casa Enrique Schuster S.A.”, Carpetas DT 820) - CNTRAB - EN PLENO - 29/09/1970.
  • El sentido y alcance que corresponde acordarle a las mencionadas disposiciones, no puede admitir ninguna vacilación, ello es así, desde que homologado un acuerdo, en sede judicial o administrativa, el mismo tiene los alcances de la Cosa Juzgada, y la única excepción es que hubiera existido Cosa Juzgada Irrita.
  • El Fallo completo: "Gogola Jorge c/ FE.ME. s/ cobro de salarios".
En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 29 DE DICIEMBRE DE 2008, reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso interpuesto contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:
El doctor Héctor C. Guisado dijo: Vienen estos autos a la alzada a propósito de los agravios que, contra la sentencia de primera instancia de fs. 830/833, formula la demandada a fs. 839/849.//- Los letrados intervinientes por la parte actora a fs. 835 recurren sus emolumentos por estimarlos bajos.-
I. Se agravia la demandada en primer término por el rechazo de la excepción de cosa juzgada.- Cuestiona que el "A quo" haya entendido que el acuerdo celebrado entre el actor y FE. ME. SA ante el Seclo, y homologado por dicho organismo, no alcanza a los créditos reclamados en autos.- Cita jurisprudencia y el Fallo Plenario CNAT nro. 137 "Lafalce Ángel y otros c/ Casa Enrique Shuster S.A."
-Anticipo que -a mi modo de ver- a la recurrente le asiste razón.- Hago tal afirmación en virtud de las siguientes consideraciones: La demandada al interponer la defensa en cuestión afirmó que, el actor ratificó en sede administrativa un acuerdo transaccional espontáneo, que luego fue homologado y en el cual el accionante manifestó que una vez percibidas las sumas ofrecidas nada más tendrá que reclamar por ningún otro concepto emergente de la relación laboral que los uniera.- Ahora bien, de la instrumental acompañada por la accionada a fs. 49/51, como así también de la prueba informativa agregada a fs. 735/786 surge que Gogola y FE. ME. SA celebraron un convenio, que se encuentra debidamente homologado por la autoridad administrativa del trabajo de conformidad con el art. 15 de la LCT, mediante Disposición Nro. 18.620 (cfr. fs. 779).- En dichos instrumentos se convino que el actor recibiría de la demandada una suma de dinero, y el actor manifestó que, "una vez percibidas … nada más tendrá que reclamar por ningún otro concepto emergente de la relación laboral que las uniera" (cfr. fs. 769 cláusula décimo primera).- Precisado ello, estimo que los acuerdos suscriptos en sede administrativa y debidamente homologados por dicha autoridad con arreglo a lo dispuesto por el art. 15 de nuestra ley laboral general sustantiva, tienen plenos efectos y, a la luz de la doctrina sentada por esta Excma. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en el acuerdo plenario nro. 137 autos "Lafalce, Ángel c/ Casa Enrique Schuster SA", obstan a todo reclamo posterior, como el aquí impetrado.- En efecto la doctrina referida prescribe: "La manifestación de la parte actora en un acuerdo conciliatorio de que una vez percibida íntegramente la suma acordada en esta conciliación nada tiene que reclamar de la demandada por ningún concepto emergente del vínculo laboral que las uniera hace cosa juzgada en juicio posterior donde se reclama un crédito que no fue objeto del proceso conciliatorio".
-En este contexto, resulta de aplicación el art. 15 de la LCT, el cual no obstante la irrenunciabilidad de derechos que prevé el art. 12 de dicho cuerpo legal, admite la concertación de acuerdos liberatorios entre las partes que integran la relación laboral, cuando éste se ajusta a los recaudos previstos en la norma y siempre que haya mediado la intervención de la autoridad administrativa o judicial, la que mediante el dictado de una resolución homologatoria, fundada en la justa composición de derechos e intereses de las partes, ejerce el control jurisdiccional de dicho acuerdo.- Amadeo Allocatti, destacó la autoridad de cosa juzgada de los acuerdos celebrados ante la Comisión de Conciliación o el Juez (arts. 57 y 133, DO), o vigente el CPL, ante el Juez u homologado por éste (art. 69), y, con el criterio de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en pleno[1][1] y aun de la Corte Suprema de Justicia[2][2], de los realizados ante el Ministerio de Trabajo (cfr Tratado de derecho del trabajo, 2da. edición actualizada y ampliada, dirigido por Mario L. Deveali, Tº V, pág. 465/466, Bs. As. La Ley 1972).- Apréciese que el actor no impugnó la homologación administrativa por motivo alguno, ni adujo que su voluntad estuvo viciada, así como tampoco planteó que éste estuviere afectado por nulidad alguna.- Por lo demás, el Fiscal General del Trabajo Dr. Eduardo Álvarez, en ocasión de dictaminar en un caso de aristas similares al presente, expresó que "este Ministerio Público ha sostenido reiteradamente, siguiendo la doctrina sentada por la Cámara en pleno en los autos "Corujo, Osvaldo Enrique c/ Doncourt Hnos." (ver Acta Nº 393 del 26 de junio de 1953) y lo claramente dispuesto por el art. 15 de la LCT, que los acuerdos transaccionales homologados por la autoridad administrativa pasan en autoridad de cosa juzgada (Cfr. Dictamen Nº 46.717 del 19/08/08 en autos "Baigorria Cesar Raúl c/ Seguridad JB s/ Diferencias de Salarios", Expte. 24.198/2006 del registro de la Sala III).-En mérito a todo lo expuesto, propicio acoger favorablemente la queja y en consecuencia revocar el pronunciamiento de grado.- Lo precedentemente propuesto, torna inoficioso el tratamiento de las restantes quejas.-
II. El nuevo resultado del pleito conduce a dejar sin efecto la imposición de costas y regulaciones de honorarios, y proceder a su determinación en forma originaria (art. 279 del Cód. Procesal), lo que torna abstracto el tratamiento de las apelaciones de honorarios.- Consecuentemente y atento la naturaleza de la cuestión traída a debate, y que el actor pudo -en razón de la dificultad jurídica de la cuestión y la existencia de jurisprudencia favorable a su postura- considerarse con mejor derecho para litigar propongo imponer las costas de ambas instancias en el orden causado (arts. 68, 2da. parte Cód. Procesal).-
III. Respecto de los honorarios, en virtud del resultado del pleito, a la calidad y extensión de las tareas desempeñadas por los profesionales intervinieres y a lo dispuesto por los arts. 6, 7, 8, 9 y conc. ley 21.839, 38 L.O. y 3º y conc. dect. ley 16.638/57 como así también las demás normas arancelarias vigentes, sugiero regular en el 13 %, 16 % y 7 % del monto reclamado, los honorarios de la representación letrada de la parte actora, de la demandada y del perito contador respectivamente.-
En síntesis de prosperar mi voto, correspondería: 1) Revocar la sentencia recurrida; 2) Dejar sin efecto el pronunciamiento sobre costas y la regulación de honorarios determinadas en la instancia anterior; 3) Imponer las costas de ambas instancias en el orden causado (art. 68 in fine CPCCN); 4) Regular los emolumentos por su actuación en la instancia anterior de la representación letrada de la parte actora, de la demandada y del perito contador en el 13 %, 16 % y 7 % del monto reclamado respectivamente, y 5) Fijar los honorarios de los profesionales intervinientes en la Alzada en el 25 % de lo que les corresponda percibir por su actuación en la instancia anterior (art. 14 ley 21.839).-
El doctor Oscar Zas dijo: I.- Disiento respetuosamente de la solución propuesta por mi distinguido colega preopinante y en tal inteligencia me explicaré.-
II.- En cuanto a la excepción de cosa juzgada planteada por la accionada en función del acuerdo celebrado entre las partes en el SECLO y homologado por dicho organismo (ver fs. 49/51) y pedido de aplicación al caso de lo dispuesto en la sentencia plenaria de la CNAT nº 137 del 29/9/70, recaída in re “Lafalce, Angel y otros c/ Casa Enrique Schuster S.A.” invocada oportunamente en el escrito de responde (ver fs. 56 vta.), considero que no puede obtener favorable recepción.- Resulta dable recordar que el mentado plenario sentó la siguiente doctrina: “La manifestación de la parte actora en un acuerdo conciliatorio de que una vez percibida íntegramente la suma acordada en esta conciliación nada más tiene que reclamar de la demandada por ningún concepto emergente del vínculo laboral que los uniera hace cosa juzgada en juicio posterior donde se reclama un crédito que no fue objeto del proceso conciliado”.- Ahora bien, tal como tuve oportunidad de exponer en la causa “VIVAS MIGUEL ANGEL C/ PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A. S/DESPIDO” (S.D. nº 68441 del 19/05/2006, del registro de la Sala V) – a cuyos fundamentos me remito en honor a la brevedad – la doctrina fijada en el precitado plenario es aplicable sólo a los acuerdos conciliatorios homologados en sede judicial, ya que el fallo plenario hace alusión al “proceso conciliado” y al “juicio posterior”, situaciones que inequívocamente se refieren a causas judiciales.- Sentado lo anterior propicio confirmar la sentencia de primera instancia en este aspecto en cuanto rechaza la excepción planteada.-
III.- Tampoco le asiste razón al recurrente en lo referido a la excepción de prescripción.- En efecto, la demandada dirige su agravio a la prescripción referente a la entrega del certificado de trabajo y cita jurisprudencia a tal efecto pero lo cierto es que en la sentencia de primera instancia no incluye condena alguna al respecto, por no que al no haber perjuicio corresponde desestimar dicha excepción en este aspecto.- Por lo demás, si bien es cierto que el sentenciante de grado omite expedirse sobre la excepción de prescripción sobre los demás rubros en virtud del art. 278 C.P.C.C.N. diré que, ni en el reclamo de fs. 57 vta./58 ni en los agravios, no encuentro un reclamo concreto dirigido a cuestionar la indemnización del art. 1 de la ley 25.323, ni la integración del mes de despido, ni la indemnización del art. 45 de la ley 25.345 –únicos rubros de condena en primera instancia-. En efecto, en todo momento la recurrente realiza un reclamo general sin especificar ni individualizar los rubros en cuestión ni mencionar fechas a tomar en cuenta.- Por todo lo expuesto corresponde también desestimar la excepción de prescripción en este punto.-
IV.- Corresponde ahora analizar la cuestión de fondo.- En primer lugar la demandada se agravia porque el juez de primera instancia condena a pagar la indemnización del art. 1 de la ley 25.323.- No asiste razón a la recurrente.- En efecto, el art. 1° de la ley 25.323 específicamente establece que: “Las indemnizaciones previstas por las leyes 20.744 (t.o.), artículo 245 y 25.013, artículo 7, o las que en el futura las reemplacen, serán incrementadas al doble cuando se trate de una relación laboral que al momento del despido no esté registrada o lo esté de modo deficiente” (el subrayado y la negrita me pertenecen).- La previsión legal aludida no requiere como requisito previo la intimación al empleador para que registre la relación a diferencia de la ley 24.013.- Por lo demás, estimo que lo restante de este agravio no fue una cuestión oportunamente opuesta a consideración del juez de primera instancia por lo que no corresponde su tratamiento en la alzada (conf. art. 277 C.P.C.C.N.).-
V.- En lo que respecta al agravio referido a la indemnización del art. 80 L.C.T. diré que tampoco asiste razón a la recurrente. Si bien es cierto que el actor recibió el certificado de trabajo en junio de 2000, también lo es que luego intima a la demandada para que le entreguen un nuevo certificado que refleje la real remuneración del actor, por lo que al no ser cuestionada la correcta intimación para la entrega de un nuevo certificado resulta procedente la indemnización del art. 80 L.C.T.- En consecuencia propicio confirmar la sentencia de primera instancia en este punto.-
VI.- En lo que respecta al agravio de la integración del mes de despido diré que esta cuestión no ha sido planteada oportunamente ante el juez de primera instancia, por lo que no corresponde su tratamiento en esta instancia (conf. art. 277 C.P.C.C.N.).-
VII.- Igual suerte correrá el agravio referido al premio prestación efectiva de la jornada de completa de trabajo puesto que no ha sido una cuestión planteada al juez de primera instancia por lo que no corresponde el tratamiento en la alzada (conf. art. 277 C.P.C.C.N.).-
VIII.- Por último diré que es sabido que las normas sobre consolidación de deuda pública son de orden público, por lo que el principio de preclusión procesal cede en estos casos.-
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señala­do: "...no resulta acertado el fundamento de la alzada de hacer predominar principios procesales y de equidad por sobre una norma de orden público, máxime si se tiene en cuenta que V.E. reiteradamente ha declarado –acerca del régimen de conso­lidación de deudas dispuesta por la ley 23.982, al que remite expresamente la ley 25.344 –que, a fin de analizar su validez constitucional, es imprescindible tener en cuenta su carácter de legislación de emergencia (Fallos 318:1887;; 321:1948, entre otros). En este sentido, cabe recordar que el nuevo régimen de consolidación, al igual que el anterior, implicó la extinción de todos los efectos legales inmediatos, mediatos o remotos que la imposibilidad de cumplir sus obligaciones por cualquie­ra de los organismos, pudiera provocar o haber provocado (conf. Art. 3, inc. b, del anexo IV, del decreto 1116/00) por lo cual...no es válido concluir que el hecho de estar los fondos disponibles a la orden del juez, genere una suerte de excepción basada en aspectos procesales incompatibles con los efectos buscados por la norma de emergencia..." (del dictamen del Procurador Nicolás Eduardo Becerra, cuyos fundamentos hizo suyos el máximo tribunal in re: "Hulytego S.A. c/ Fisco Na­cional-Dirección General Impositiva", causa H.132.XXXVII del 16 de noviembre de 2004).-
Sentado ello, señalo que el recurso será acogido, pues le asiste razón a la apelante en cuanto a que el crédito de autos se encuentra alcanzado por la consolidación dispuesta en el art. 13 de la ley 25.344, por lo que corresponde dejar sin efecto la intimación y el apercibimiento dispuesto por el juez de primera instancia.-
IX.- Por todo lo expuesto propicio confirmar la sentencia de primera instancia en lo principal que ha sido materia de recurso y agravio de la parte demandada.-
X.- En atención a la modificación que postulo está referida a la consolidación del crédito en orden a lo normado por el art. 279 C.P.C.C.N. no estimo necesario modificar lo decidido en materia de costas y honorarios en la instancia anterior.-
XI.- Postulo imponer las costas de alzada a cargo de la demandada vencida (conf. art. 68 C.P.C.C.N.).-
Propicio regular los honorarios a los profesionales actuantes en la alzada en el 25% de lo que en definitiva le corresponda percibir por su actuación en la anterior instancia (conf. art. 14 de la ley 21.839).-
La doctora Estela M. Ferreirós dijo: Por compartir sus fundamentos adhiero al voto del Dr. Zas.-
Por ello, el Tribunal RESUELVE:
I.- Confirmar la sentencia de primera instancia en lo principal que ha sido materia de recurso y agravio de la demandada.
II.- Dejar sin efecto la intimación y el apercibimiento dispuesto por el juez de primera instancia de conformidad con lo dispuesto en el considerando VIII del primer voto.
III.- Confirmar la imposición de costas y los honorarios regulados en la anterior instancia.
IV.- Imponer las costas de alzada a cargo de la demandada vencida.
V.- Regular los honorarios a los profesionales actuantes en la alzada en el 25% de lo que en definitiva le corresponda percibir por su actuación en la anterior instancia.-
Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase./-
FDO.: OSCAR ZAS - HÉCTOR C. GUISADO - ESTELA M. FERREIRÓS ANTE MI: SILVIA SUSANA SANTOS, Secretaria.

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