viernes, 24 de julio de 2009

Tecnología, puerta abierta a los delitos informáticos

  • por Andrea Fadelli.
  • Los avances tecnológicos son magníficos para el desarrollo de la sociedad pero, a la vez, suponen la puerta de entrada a la violación de nuestra intimidad. En los países que se encuentran a la vanguardia de la legislación sobre delitos informáticos estas intromisiones son castigadas con el Código Penal.
Con el transcurrir de los años los delitos han ido sufriendo diferentes transformaciones, llegando en la actualidad hasta la informática. Así, han surgido los que hoy conocemos con el nombre de "Delitos informáticos", "Delitos con medios informáticos", "Delitos electrónicos" y "Delitos a los medios informáticos".
Los delitos informáticos pueden adoptar diferentes formas y pueden comprender una amplia gama de posibilidades, que van desde lo elemental hasta llegar a extremos impensados. De la forma que sea, está claro que el ingreso ilegítimo a sistemas informáticos, al correo electrónico o a los archivos de una computadora sin la pertinente autorización, causa una invasión a la esfera privada y a la intimidad del individuo, por lo que el acceso ilegal a ellos constituye una violación a derechos personalísimos.
  • Delitos castigados por el Código Penal
    El mundo entero atraviesa actualmente una revolución de la informática y hace tiempo ya que se habla de este tema, así como de los mercados de venta de datos.
    La informática ha determinado que los avances tecnológicos se conviertan en una de las herramientas más poderosas de la sociedad actual. Justamente, de las tecnologías de la información deriva un enorme caudal intelectual que constituye una forma de poder. Hoy en día, la información es un elemento de poder que ejerce una especie de dominio y control sobre quien no lo detenta.
    Llegados a este punto, los avances de la tecnología son magníficos, ya que otorgan crecientes beneficios a la sociedad. Pero también debe tenerse en cuenta que este desarrollo ha abierto la puerta a diferentes conductas delictivas, que se manifiestan de formas inimaginables para quienes desconocen la materia. Por ello, en estos momentos los países buscan prevenir y reprimir delitos informáticos, y la comisión de irregularidades en el tratamiento y transmisión de los datos, a través del dictado de leyes, reglamentaciones y creando organismos de protección.
    Aquellos países que se encuentran a la vanguardia de la legislación de delitos informáticos han establecido en sus normas que el acceso indebido a un correo electrónico, o a un sistema o dato indebido, es un delito castigado por el Código Penal. También han determinado que el término "documento" comprende toda representación de actos o hechos, con independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento, archivo o transmisión. Asimismo, los términos "firma" y "suscripción" comprenden la firma digital, la creación de una firma digital o firmar digitalmente. De igual manera han establecido en sus leyes que los términos "instrumento privado" y "certificado" comprenden el documento digital firmado digitalmente.
    Las legislaciones modernas tipifican los delitos informáticos y establecen que serán reprimidos con pena de prisión quienes abrieren o accedieren indebidamente a una comunicación electrónica, que no les esté dirigida; o se apoderaren indebidamente de una comunicación electrónica, aunque no esté cerrada; o indebidamente suprimieren o desviaren de su destino una correspondencia o una comunicación electrónica que no les esté dirigida.
  • Cuidado con la información privada que divulgamos
    Las nuevas normas consideran como delito al acceso indebido a un banco de datos, e incluyen a Internet como medio posible para la comisión de delitos contra la integridad sexual y contra la privacidad. Además, contemplan penas de prisión para quienes a sabiendas accedieren, sin la debida autorización o excediendo la que posean, a un sistema o dato informático de acceso restringido. Entre otros.
    Las prohibiciones de acceso a la correspondencia privada y las prohibiciones a la violación de morada son supuestos que han servido de manera análoga a la regulación de la privacidad en Internet.
  • ¿Quién no ha tenido alguna vez la sensación de que nos "espían" por Internet? No se trata de una sensación descabellada, si tenemos en cuenta que la amenaza más evidente, de la que todo el mundo es consciente, consiste en los ataques a la confidencialidad, autenticidad e integridad del correo electrónico. Hoy por hoy es muy común el hackeo de cuentas aunque por otra parte se puede hacer frente a estos ataques mediante los protocolos de comunicaciones basados en procedimientos criptográficos.
    Sin embargo, muchas veces no somos conscientes de la cantidad de información privada que, de forma inadvertida e involuntaria, revelamos a terceros, al hacer uso de Internet.
    Informática y Derecho son dos áreas en estrecha relación. Las repercusiones de una sobre otra son cada vez más significativas. Por ello es importante que todos los países legislen al respecto, regulando el uso de la información en el ciberespacio y llenando los vacíos legales en sus ordenamientos. Sólo de esta forma podremos asegurar una verdadera protección a los derechos de los ciudadanos. Es menester que se establezcan medios de prevención, averiguación, sistemas probatorios sobre los delitos informáticos, elementos constitutivos de los mismos y, finalmente, sanciones.
  • FUENTE: Esta nota ha sido publicada en LEGAL TODAY.
  • Agradezco infinitamente la colaboración y generosidad de Lorena P. Colturi (Periodista).
  • Esta nota también fue publicada en el DIARIO RIO NEGRO, Edición impresa, pág. 12.

miércoles, 22 de julio de 2009

Se pagará sólo parte de la factura de gas (Decreto 2067/08)

  • La medida cautelar dictada por el Juzgado Federal de Roca a pedido de la defensora del Pueblo rige sólo para la jurisdicción que incluye Catriel, los valles Alto y Medio y Río Colorado.

Los usuarios de gas ubicados en la jurisdicción del Juzgado Federal de Roca podrán exigir a Camuzzi Gas del Sur que les tome como válido el pago parcial de su factura del servicio, descontando el cargo creado por el decreto 2067/08 y el IVA e intereses que se calculen sobre ese monto. Además, Camuzzi no podrá cortar el servicio de gas invocando la falta de pago de esos importes, aunque sí del consumo.
Así lo dispuso la jueza Federal María del Carmen García, al hacer lugar a la medida cautelar que le solicitó la defensora del Pueblo de Río Negro.
En la resolución, la magistrada admitió analizar el amparo sobre la cuestión de fondo que planteó Ana Piccinini contra el Estado Nacional, el Ente Nacional Regulador del Gas y, en forma subsidiaria, contra Camuzzi Gas del Sur, contra el cargo que el ministerio de Planificación Federal de la Nación creó por decreto presidencial como "tarifario" y que la defensora calificó de "tributario".
La jueza ordena al Estado Nacional, Enargas y Camuzzi "aceptar el pago de las facturas de gas excluyendo de las mismas el ´cargo decreto 2067/08´, ´IVA Decreto 2067/08´, ´Int. Cargo Decreto 2067/08´ e ´Int. Ret. Cargo Dec. 2067/08´, absteniéndose de proceder al corte o interrupción del suministro de gas motivado en la falta de pago de dichos conceptos hasta tanto se dicte sentencia definitiva en el presente trámite, bajo apercibimiento de aplicarle sanciones conminatorias".
García circunscribió la medida a su jurisdicción que abarca los valles Alto y Medio, Catriel y Río Colorado. Debido a esto, la defensora del Pueblo señaló a Río Negro que realizará presentaciones ante los juzgados federales de Bariloche y Viedma para pedir que actúen en similar sentido.
Piccinini partió hacia Buenos Aires a fin de notificar a los organismos demandados personalmente "para que no se dilate porque hay facturas que están venciendo. Reitero a los vecinos que por favor no paguen hasta el último vencimiento", indicó ayer a RN On Line.
La defensora consideró muy importante el reconocimiento que la jueza Federal hizo de su legitimación para accionar en defensa de los intereses colectivos de los habitantes de Río Negro. En varias causas de similar tenor que inició ante la Justicia provincial, había sido puesta en cuestión esa legitimidad por parte de la Fiscalía de Estado rionegrina.
En el fallo, la jueza García señaló que como las resoluciones ya producían efectos, la medida cautelar debía ser dictada con carácter innovativo, para lo cual debía expedirse sobre los requisitos de que generen perjuicio irreparable, que haya peligro en la demora en resolver y que sea verosímil el derecho invocado por la accionante. Consideró demostrado -por el contenido y alcance de las resoluciones- "la desproporción entre lo facturado por el servicio público y el incremento que éste sufre por aplicación del "Cargo dec. 2067/08" e "IVA Cargo dec. 2067/08".
También estimó que la medida cautelar es necesaria para evitar que los usuarios se vean privados de gozar del servicio de gas por la interrupción a quienes no paguen el cargo. Por eso, ordenó a Camuzzi cobrar las facturas restando los montos referidos al decreto 2067/08 y abstenerse de cortar el servicio por falta de pago de esos rubros.
Ahora, la empresa y los organismos demandados tendrán 11 días para informar al Juzgado sobre los antecedentes y razones que merituaron al crear el cargo.

Usted puede acceder al Decreto 2067/08 y sus modificatorias en la siguiente dirección web: http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/145000-149999/148001/norma.htm