lunes, 3 de octubre de 2011

Cuando la discriminación no es tal

(*) ANDREA FADELLI, Abogada de AMSE ESTACION LIMAY.

COMENTARIO REALIZADO POR EL DR. MARCELO ANTONIO ANGRIMAN EN EL DIARIO RIO NEGRO.


Con fecha 20/9/11 el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro confirmó el fallo dictado por la Cámara Civil, Comercial y de Minería de Cipolletti en los autos "Fabi José María y otra c/Provincia de Río Negro s/ Apelación. Ratificó así el rechazo de la demanda contencioso administrativa iniciada por los padres de una menor contra el CPE de Río Negro (citando como tercero a la AMSE Estación Limay) a los fines de que se revocara el subsidio que se le acuerda a un colegio público de gestión privada y se dispusiera el cese de los aportes o cooperación económica que percibe dicho establecimiento educativo por todo concepto.
La demanda se basaba en la denuncia de supuestos hechos de discriminación, desinterés y exclusión por parte de la institución escolar hacia su hija menor con síndrome de Down.
Para llegar a tal conclusión, el primer voto de Víctor Sodero Nievas tuvo en cuenta el dictamen de la procuradora general, quien concluyó que "no se evidencia acreditado el absurdo en la convicción de los magistrados, o la mencionada falta del fundamento y consecuente motivación del fallo".
Interpreta luego que al no acreditarse la existencia de un hecho puntual discriminatorio no puede concluirse que resulte razonable la quita del subsidio que el Estado otorga con fines generales y que como tal expande beneficios a un colectivo que se vería así privado de los mismos.
Señala que con anterioridad tanto el Inadi como la Defensoría del Pueblo dieron por solucionado el problema y por archivadas las actuaciones.
A su vez, el decisorio afirma que las diferencias de enfoques técnicos no pueden sustentar la nulidad de un subsidio a una institución sobre la cual no se ha logrado acreditar que tenga actitudes discriminatorias con sus alumnos y a la cual la niña al tiempo de interponerse la demanda ya había dejado de concurrir.
Sin perjuicio de lo expuesto, el tribunal cimero provincial dedica algunos párrafos de la sentencia para reivindicar el derecho a la educación "al que todos los niños y niñas son titulares de derechos básicos y el Estado está obligado a garantizar la educación de una persona con síndrome de Down, o que padece una severa disminución física, como de quien posee un coeficiente intelectual apabullante" y que "el rechazo de la demandada no significa que este tribunal desconozca la plena vigencia del derecho a una educación inclusiva tal como nuestra Constitución provincial lo garantiza en los artículos 36, 62 y 63".
La resolución del STJ resulta esclarecedora a la hora de diferenciar un acto discriminatorio –los que merecen mi más categórico repudio– de otro que no lo es.
Amerita asimismo una reflexión la estrategia perseguida por la demanda al intentar despojar a una mutual de un subsidio que permite estudiar a muchos de los alumnos que a ella concurren.
Tal error propositivo supone una verdadera paradoja ya que, en aras de reivindicar la inclusión educativa, de haberse alcanzado el objetivo pretendido cientos de estudiantes totalmente ajenos a la situación planteada podrían haberse visto compelidos a abandonar la institución.
Coincido plenamente con quienes, como el Dr. Luis Bulit Goñi, opinan que "la inclusión educativa es un proceso, un camino que hay que ir construyendo todos los días". Para ello la sociedad en general debe madurar y derribar muchos prejuicios. Mas disiento en cuanto a que tal loable fin se alcance con planteos como los expuestos –quita de subsidio a una escuela–, que lejos de lograr una permeabilización fundamentada y razonable en la sociedad consiguen un efecto totalmente inverso.
Tampoco son felices las expresiones vertidas por el mencionado profesional –a la postre presentado como amicus curiae en la causa– en un artículo publicado por este diario el 20/10/10, titulado "La noche de los muertos vivos", al criticar la decisión de la cámara y una columna del suscripto llamada "Discriminación e inclusión escolar" (5/10/10).
En ellas Bulit Goñi de manera desafortunada sostiene que las mismas "contribuyen a mantener el mapa cultural en el que se esconde –aun de buena fe, reitero– la violación a los derechos humanos", para cerrar diciendo: "Y peor aún es contribuir a que la discriminación que declamamos desterrada de nuestras escuelas, como en una película de terror, vuelva a la vida con la grotesca máscara de una mera diferencia de criterios que se burla del derecho".
Pues bien, tanto el Inadi como la Defensoría del Pueblo, la Cámara Civil y la corte provincial han resuelto, luego de ahondar en los hechos, que el acto discriminatorio alegado no se ha configurado, con lo cual es absolutamente impensable hablar de violación de derecho alguno.
Tampoco es sano y hasta resulta ofensivo que por los medios se den por sentados ciertos hechos o calificaciones cuando los mismos no han sido debidamente probados.
Cabe decir al respecto que mientras las denuncias y los clichés rimbombantes no vayan acompañados por hechos constatables, dirigidos correctamente ante quienes corresponda, flaco favor se le hará a la invocada inclusión educativa.
La inclusión educativa supone un ejercicio de tolerancia, tal como el que hay que poner en práctica ante opiniones diferentes o a las decisiones de quienes tienen a su cargo la administración de justicia. Ello, en la convicción de que en un Estado de derecho cuando las partes no llegan a un avenimiento es la Justicia la que debe velar por resolver los conflictos –concretos, no abstractos– sobre la base de proposiciones bien planteadas y pruebas conducentes que surjan del expediente, con absoluta prescindencia de declamaciones, presiones mediáticas, citas dogmáticas o títulos efectistas.
(*) Abogado. Profesor Nacional de Educación Física. marceloangriman@ciudad.com.ar