lunes, 8 de julio de 2013

Control de los límites de embargabilidad del salario (FALLO INÉDITO).


Organismo: Camara Laboral 1, Sec 2

Ciudad: Cipolletti

N° Expediente: 14596

N° Receptoría: 14596

Fecha: 2013-07-04

Carátula: LUCINI ERNESTO ALFREDO C/ BANCO PATAGONIA S.A S/ ACCION DE AMPARO (ART. 43 C. PCIAL)

Descripción: AMPARO

En Cipolletti, Provincia de Río Negro, a los días del mes de Julio del año Dos Mil Trece, reunidos en acuerdo los Sres. Jueces de la Cámara del Trabajo de la Cuarta Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, con asiento de sus funciones en esta ciudad, para resolver en los autos caratulados: “LUCINI ERNESTO ALFREDO C/ BANCO PATAGONIA S.A. S/ AMPARO” (Expte. Nº14.596-CTC-2013).-----------------------------

VISTOS: Los autos precitados, puestos a despacho para su resolución, en los que a fs. 1/16 vta., se presenta el amparista Sr. Ernesto Alfredo Lucini, con patrocinio letrado y constituyendo domicilio procesal, iniciando formal Acción de Amparo contra el Banco Patagonia S.A., a fin de que le libere/restituya los fondos depositados por su empleador, el Consejo Provincial de Salud de la Provincia de Río Negro, en concepto de haberes y en su cuenta sueldos en fecha 6 y 7 de mayo de 2013, que resultaran ilegítimamente retenidos por dicha entidad bancaria. Solicita se declare la ilegitimidad e ilegalidad de la medida. Argumenta la urgencia de lo peticionado por el carácter alimentario del salario y por no contar con otro medio de vida que no sea su profesión dependiente. Alude a la competencia de este Tribunal para entender en el presente trámite. Relata que es agente público, médico de planta permanente en el área de salud, prestando servicios en el Hospital Cipolletti. Que percibe sus haberes mediante una cuenta sueldos que individualiza, abierta en el Banco Patagonia S.A. –agente financiero del Estado rionegrino-. Que dicha cuenta se utiliza sólo para el depósito de sus haberes. Que asimismo contaba con tarjetas de crédito Visa y Mastercard y un préstamo personal otorgados por la entidad bancaria. Que por situaciones personales se le inhibieron las referidas tarjetas con un saldo deudor que debe afrontar y que detalla respecto a cada tarjeta. Que con los salarios de Abril/2013 el Banco efectuó un bloqueo de $6000 en su cuenta sueldos para imputarlo al pago de la tarjeta Mastercard, lo que motivó que notificara al banco su voluntad de cese de los descuentos que excedieran los $2000, a efectos de renegociar el pago adeudado y a su vez permitirle atender sus necesidades elementales, y solicitó al banco le restituyera lo retenido en exceso. Que formalizó propuestas de pago, que al principio el banco se pronunció por la viabilidad de alguna modalidad de pago consensuada, pero que luego rechazó telefónicamente el día viernes 3 de mayo de 2013. Que pese a la orden de cesar con los débitos, el banco le retuvo el 100% de su salario para imputarlo al cobro de sus acreencias. Que luego en fecha 7 de mayo, y al depositarle su empleador las horas extras trabajadas, el banco volvió a bloquear y retenerle el 100% de lo depositado esta vez para cubrir en parte las obligaciones de la tarjeta Visa -$4930,51- y el saldo -$2301,53 fue imputado a amortización del préstamo otorgado, cuyo mecanismo de pago habitual no es el débito en cuenta. Que el banco se irroga facultades de juez ejecutivo. En síntesis, manifiesta que el banco retiene el total del salario sin intervención ni control judicial alguno, haciendo caso omiso al decreto 6754/43 ratificado por ley nacional 13.894. Que la conducta del banco es abusiva y perjudicial para su economía de asalariado y que vulnera los más elementales derechos del ciudadano. Cita diversos fallos judiciales. Fundamenta los requisitos formales de admisibilidad de la acción de amparo. Ofrece prueba documental. Funda en derecho. Solicita como medida cautelar la acreditación en cuenta y libre disponibilidad de los haberes depositados en fechas 6 y 7 de mayo de 2013, arguyendo que se dán los presupuestos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora, ofreciendo como contracautela la caución juratoria. Peticiona en consecuencia.--------------------

A fs. 17, se lo tiene por presentado, parte y con domicilio constituído, por iniciada acción de amparo, y en cumplimiento del art. 43 de la Constitución Nacional se requiere mediante oficio un pedido de informes al Banco Patagonia S.A. Suc. Cipolletti, el que a fs. 20 es reiterado por el Tribunal para que dicha entidad bancaria cumplimente lo solicitado, bajo apercibimiento de una multa diaria y remisión a la justicia penal por incumplimiento a una orden judicial.------------------

A fs. 22, el amparista denuncia como hecho nuevo haber advertido otro débito de su cuenta sueldos, en fecha 24/5/2013, esta vez por la suma de $1563,32, correspondiente y aplicado a amortización sobre el préstamo adeudado, aclarando que su cuenta sueldo en dicha oportunidad se encontraba en cero, y que luego de ese nuevo descuento la cuenta ha quedado con saldo negativo, es decir vulgarmente se encuentra “en rojo”.--------------------

A fs. 23/24, el Banco Patagonia S.A. contesta el pedido de informes solicitado por este Tribunal.--------------------------

A fs. 25, se fija audiencia de conciliación para el día 5 de junio de 2013 a las 12.00 hs., en uso de las facultades del art. 12 de la L.1504.----------------------------------------

A fs. 27 y vta., el amparista se presenta nuevamente y solicita el dictado de una medida cautelar con pronto despacho, a efectos de que el Banco Patagonia S.A. no efectúe otros descuentos en su caja de ahorros hasta tanto se dicte sentencia en autos, fundamentando el pedido en su angustiante situación, por la que ya no cuenta con el dinero mínimo para solventar sus necesidades más esenciales; a lo que a fs. 28, el Tribunal resuelve librar oficio al Banco Patagonia S.A. Sucursal Cipolletti, a fin de que proceda a suspender los descuentos efectuados sobre los fondos que tenga depositados el amparista, hasta tanto se resuelva la cuestión planteada en autos.------------------------------------

A fs. 35/36, el amparista denuncia el incumplimiento de la orden judicial por parte de la entidad bancaria, efectuándole nuevos descuentos.----------------------------------

A fs. 38, obra acta de la audiencia de conciliación, a la que asisten el Sr. Lucini con su letrado patrocinante el Dr. Larrion, y por la demandada lo hace el Dr. Jorge Gómez, constituyendo domicilio, y comprometiéndose a regularizar la situación en un plazo de 48 horas dando debido cumplimiento a la orden judicial y restituyendo al actor en su cuenta las sumas indebidamente descontadas con posterioridad al 30 de mayo de 2013, con la rendición y acreditación en autos de su debido cumplimiento dentro del mismo plazo. Asimismo se compromete a acompañar, en un plazo con vencimiento en fecha 12 de junio, la documentación suscripta por las partes y relacionada con todos los productos bancarios que el Sr. Lucini tenga con el banco demandado. En ese estado las partes solicitan la suspensión del trámite hasta dicha fecha a los fines de posibilitar un acuerdo que ponga fin a la controversia planteada, a lo que el Tribunal resuelve tener presente lo manifestado y acordado por las partes.---------------------------------------------------------

A fs. 39/42 y vta., el Dr. Gómez acredita personería en representación del Banco Patagonia S.A., acompaña resumen de cuentas y hace saber que su representada devolvió la suma de $3740 debitada al amparista el 5/6/2013 en concepto de cuota de amortización del préstamo adeudado, y en cumplimiento de la orden judicial emanada de este Tribunal. Realiza además apreciaciones que surgen de las registraciones existentes en dicho resumen, en particular hace mención a cuatro extracciones por cajero automático realizadas por el actor y diferentes débitos automáticos, indicando que el accionante intenta frustrar al banco el cobro de su crédito.-----------------------

A fs. 44, el amparista, ante la inexistencia de tratativas de acuerdo, solicita se dicte sentencia, y en un “otrosi digo”, a mano alzada, agrega que lo que el banco interpreta como un intento de frustrar su crédito por parte del actor, son sencillamente gastos de subsistencia que se solventan mediante extracciones por cajero.----------------------------------------

A fs. 45/93, el apoderado del banco accionado, acompaña documentación en cumplimiento a lo dispuesto en la audiencia de fecha 5/6/2013. En su escrito, bajo el título de Antecedentes, hace mención y detalla los productos y servicios que el Sr. Lucini tiene contratados con el banco en un sistema denominado “Patagonia Plus”, y que ofrece: cuenta corriente, caja de ahorro, tarjeta de débito, tarjetas de crédito Visa y Mastercard, crédito en cuenta corriente, préstamo personal y un anticipo de fondos proporcional al sueldo que se denomina “Patagonia Anticipo”. Especifica y se refiere en extenso a las cláusulas contractuales pactadas, algunas de las cuales transcribe en su escrito, y a las condiciones y compromisos asumidos por las partes del sinalagma. Dedica un apartado al préstamo gestionado y otorgado al amparista, que detalla y sobre lo cual adjunta documental, transcribiendo las condiciones pactadas que regulan dicho préstamo bancario. En otro punto, se refiere a la deuda por tarjetas de crédito y al acuerdo de crédito en cuenta corriente. Y como corolario, sostiene que la cuestión ventilada es de naturaleza comercial, vinculada con la actividad bancaria, y que esta vía excepcional del amparo no es la idónea para vehiculizar la pretensión actoral. Que el amparo no es la herramienta para revisar el contenido de los contratos, ni para ser utilizado como un proceso concursal contra ciertos y algunos acreedores. Que tampoco puede corregir o neutralizar desequilibrios financieros provocados por una mala administración del propio deudor. Y concluye, diciendo que el amparista es deudor del banco. Que el banco tiene derecho a cobrar las deudas impagas a través de los mecanismos contractuales pactados. Que el banco está autorizado a debitar de cualquiera de las cuentas del deudor los créditos a cobrar. Que el amparista actuó de mala fé al querer frustrar la cobranza de sus deudas, instruyendo a su empleador para que no le descontara más la cuota del préstamo, sustrayendo los fondos acreditados en sus cuentas, y luego promoviendo este amparo invocando urgencia y necesidad con la finalidad de impedirle al banco que cobre sus legítimas acreencias. Por último, que el Banco Patagonia no es responsable del endeudamiento del actor, ni de su mala administración, por lo que no corresponde que sus derechos sean postergados. Solicita el cese de la medida cautelar y el rechazo de la demanda de amparo.-------

A fs. 94, se corre traslado al actor por el término de ley, quien se presenta a fs. 95 y vta. para contestar. Impugna la documentación acompañada por el banco, por abusiva, que el banco ofrece un producto financiero específicamente ideado para trabajadores dependientes que perciben sus haberes a través del Banco Patagonia. Que cualquier afectación del salario por encima de los límites legales resulta de dudosa legalidad. Que los contratos bancarios deben ceder ante el Orden Público y que de ninguna manera sus cláusulas pueden importar una renuncia a derechos indisponibles del trabajador. Que su carácter de deudor no aparece controvertido, ni se ha cuestionado el derecho del banco acreedor a percibir su crédito. Sólo se agravia por la modalidad con que el mismo ha procedido. Ratifica para el caso la idoneidad de la vía del amparo. Que a la demandada puede resultarle razonable y hasta justo la retención total del salario a una persona en cumplimiento de compromisos asumidos, pero esa razonabilidad surge evidentemente encontrada con la verdadera legalidad y el más elemental criterio de justicia. Que no ha actuado de mala fé. Que innumerables veces concurrió al banco a efectos de buscar una solución previo a solicitarle a su empleadora la suspensión de los débitos. En resumen, dice que no justifica el banco en qué normativa se escuda para disponer sin juicio de la totalidad del salario de un trabajador.------------

A fs. 97, se le tiene por contestado el traslado, y se pasan los autos al Acuerdo para Resolver; y ------------------------------

CONSIDERANDO: que atento a la plataforma fáctica predescripta, lo que surge de la documental acompañada y agregada a la causa, y conforme ha quedado trabada la litis, primeramente corresponde indicar los hechos no controvertidos, del que son contestes las partes, muchos de los cuales se encuentran documentados, y que resultan de relevancia para resolver el remedio impetrado dentro de su limitado marco cognitivo y con la celeridad y urgencia que la situación amerita, a saber:----------------------------------

a)Que el amparista es un empleado público de planta permanente, dependiente del Consejo Provincial de Salud de la Provincia de Río Negro, y que en tales condiciones, ejerciendo su profesión de médico, presta servicios en el Hospital de Cipolletti.-------

b)Que consecuentemente, como en el general de los casos y el común de los empleados públicos provinciales, percibe sus haberes mediante depósito en una cuenta sueldo –caja de ahorro- abierta a tales fines en el Banco Patagonia S.A. –como agente financiero del Estado Provincial-, por su empleador el Consejo Provincial de Salud.--------------------------------------------

c)Que asimismo el Sr. Lucini, además de la mencionada cuenta sueldo, tiene contratado con dicha entidad bancaria otros productos y servicios, como son: cuenta corriente, tarjetas de debito y crédito, y ha gestionado y se le ha otorgado un préstamo personal; todo lo cual surge de la respectiva documental que al efecto fuera acompañada en autos por el Apoderado de la entidad bancaria.---------

d)Que el Sr. Lucini reconoce ser deudor de la entidad bancaria, por deudas de tarjetas de crédito Visa y Mastercard, y por el préstamo personal otorgado.-----------

e)Que las sumas depositadas al amparista, lo son exclusivamente en concepto de haberes, por acreditación plan sueldos, y por ser el banco accionado el agente financiero del Estado provincial empleador del actor.----------------------------------------

f)Que en fecha 6/5/2013 y 7/5/2013, el banco le bloqueó y le debitó al Sr. Lucini el 100% (ciento por ciento), es decir la totalidad, de las sumas depositadas en su cuenta sueldo, bajo la descripción “acreditación plan sueldos”, o sea en concepto de haberes, para imputar al pago de lo adeudado por tarjetas de crédito Visa y Mastercard y amortización préstamo otorgado (véase los últimos movimientos de cuenta a fs. 6).--------------

g)Que con posterioridad, y durante la tramitación de la presente acción, el banco demandado realizó otros débitos de la cuenta sueldo del actor, y luego dio cumplimiento a la orden judicial emanada de este Tribunal de que se suspendan los descuentos al actor hasta que se resuelva la causa, reversando –por ende- lo debitado a posteriori del 30/5/2013.----------------------------

h)Que el amparista solicitó a su empleador cese el descuento que le venía realizando en sus haberes para el pago de la cuota del préstamo bancario mencionado.-----------------------------------

Por su parte, ya adentrándonos en el análisis sobre la procedencia procesal y sustantiva del remedio intentado, cabe señalar a modo de introducción del tema, que el Amparo previsto en el art. 43 de la Constitución Provincial y Nacional, constituye una vía de excepción y es de carácter restrictivo, que exige la imprescindible acreditación de los requisitos de urgencia, gravedad, ilegalidad manifiesta, irreparabilidad del daño y afectación a un derecho constitucional, como así también la configuración de una situación que ante la urgencia y la arbitrariedad evidenciada no pueda encontrar remedio en otra vía idónea disponible más rápida y efectiva.-----------------------

Sobre el punto, y siguiendo la télesis que hace a la ya referida esencia excepcional del recurso que se promueve, cabe resaltar entonces que el Amparo no es la única acción judicial con que cuenta quien se considera afectado para acudir en protección de los derechos que cree vulnerados, sino que este recurso es un remedio excepcional y urgentísimo, para superar un daño actual y presente que constituya una lesión que no pueda revisarse por algún otro medio previsto en la legislación vigente, que requiere de urgencia y de una solución inmediata por el perjuicio que dicha lesión le ocasiona al afectado por la medida dispuesta.-----------

En este orden de ideas y con carácter de regla de principio, tiene dicho esta Cámara que “el amparo en nuestra Constitución Provincial resulta una garantía utilizable frente a la violación palmaria y manifiesta de un derecho constitucional, ante lo cual se otorga el de pedir judicialmente que se remueva el obstáculo. Reclama por ello urgencia, manifiesta violación a un precepto magno y libertad humana, y a su vez, la inexistencia de otras vías alternativas, que encausen el conflicto posible” (conf. Sentencia del 23-04-12, autos “SOTO NORBERTO ANTONIO Y OTROS S/ AMPARO”, Expte. Nº 13922/2012).- Destácase en este sentido, el carácter excepcionalísimo que tiene la medida intentada, que requiere un análisis restrictivo, reservado por exclusión para casos de lesividad actual o inminente, cuya ilegitimidad sea manifiesta, evidente y que no puedan resolverse por ninguna otra vía o medio, toda vez que el amparo solo es utilizable contra actos administrativos que muestran arbitrariedad manifiesta en los cuales el desconocimiento de los preceptos legales pertinentes sean lo suficientemente claros e inequívocos como para imponerse de una manera palmaria, sin que ello permita sustituir o obviar las instancias ordinarias a la que deben someterse las partes cuando consideran afectados sus derechos.--

"Las acciones procesales específicas (arts. 43 a 45 de la Constitución Provincial) quedan reservadas para los casos de extrema urgencia y de una gravedad tal que habilitan al Juez a proveer el amparo del derecho vulnerado…Así, se ha dicho que la acción de amparo sólo procede cuando se han cercenado derechos y garantías constitucionales que no encuentran adecuados medios para su defensa. Puesto que en las acciones previstas en los arts. 43, 44 y 45 de la Constitución Provincial son de imprescindible acreditación los requisitos de urgencia, gravedad, irreparabilidad del daño e ilegalidad manifiesta, requisitos que adquieren valor jurídico cuando caracterizan una violación a un derecho constitucional…Esta garantía…sólo está contemplada para aquellas situaciones que ante la urgencia y la ilegalidad o arbitrariedad manifiesta no puedan hallar remedio en otras vías idóneas disponibles (STJRNCO in re “SACHETTO” Se. 34/06 del 29-03-06; Se. Nº 6/11 en autos “A., P. J. A. Y OTROS S/ MANDAMUS”; entre otras).---------------------

En el sub-exámine, a prima facie, consideramos cumplimentados los requisitos exigidos por la norma y la doctrina de nuestro máximo Tribunal para habilitar la procedencia de la acción como única vía idónea por su urgencia, pero en el limitado marco excepcional y cognoscitivo que tiene el amparo, y aunque en la especie, conforme ha quedado trabada la controversia, no va a ser posible arribar a una solución en lo que hace al fondo del conflicto planteado que versa sobre cláusulas contractuales pactadas, al menos en esta instancia y por intermedio de este remedio judicial, para lo cual va a ser necesario otra acción de mayor conocimiento, con amplio debate, debido ejercicio del derecho de defensa y producción de prueba que permita resolver dicha cuestión de fondo, y que es un derecho que le asiste tanto al banco accionado como al propio amparista.------------

En este cuadro de situación, dentro del marco regulatorio que impone la acción de amparo, y hasta tanto la partes ejerzan sus derechos mediante otras posibles acciones habilitadas a sus efectos y conforme ut-supra se expuso, en el sub-lite deberá resolverse, al menos lo que es urgente, atañe y es materia del fuero laboral, dentro del régimen protectorio del Derecho del Trabajo y sus normas de Orden Publico, toda vez que puede observarse con meridiana claridad, que sin una orden judicial que lo autorice, el banco acreedor, de motus propio, unilateralmente y sin el debido consentimiento del amparista, con el solo argumento de las cláusulas contractuales convenidas, ha procedido a realizarle débitos de su cuenta sueldo en el ciento por ciento de las sumas percibidas en concepto de “Salario/Haberes”, lo cual encontramos comprobado en autos al menos en dos ocasiones, en fechas 6 y 7 de mayo de 2013, respectivamente; lo que sin perjuicio de las cláusulas contractuales que pudieron las partes pactar, ello es palmariamente violatorio del Orden Público Laboral en el marco tutelar del Derecho del Trabajo, dentro del cual rige el principio protectorio de irrenunciabilidad a favor de los derechos del trabajador (Art. 12, RCT), que entre otros le dá especial protección al salario que percibe por su indiscutida intangibilidad y estricta naturaleza y carácter alimentario que detenta, siendo que en el común de los casos no puede verse afectado –ante una deuda contraída por el trabajador- más allá del veinte por ciento, por disposición legal y previa orden judicial.-------------------------------------------------------

Entre los principios y caracteres que fundamentan el Derecho del Trabajo, encontramos: 1) el de suficiencia: concepto que supone la idea de que el salario sea suficiente para el sustento no sólo del trabajador, sino de su familia, suministrándole lo necesario para satisfacer sus necesidades normales de alimentación, habitación, vestuario, asistencia sanitaria, entre otros rubros. De esta manera el elemento de suficiencia integra, necesariamente, el de justicia. Esto implica que no resulta posible que el trabajador se vea obligado a cobrar la suma de pesos cero, como lo ocurrido en el caso que nos ocupa. Ello porque no solamente se ve comprometida su propia subsistencia, sino la de su propio grupo familiar. Este planteamiento sobre el "salario subsistencia", entronca con las propias enseñanzas de la Doctrina Social de la Iglesia. 2) El carácter alimentario del salario, que significa que se encuentra protegido en la forma que la ley establece en cuanto a su tutela, semejante a los créditos alimentarios. 3) La irrenunciabilidad: esto significa que las condiciones laborales establecidas por las leyes, no pueden desactivarse por otras leyes, ni convenios, ni acuerdo de partes.---------------------------------------------------------

Uno de los pilares del Derecho del Trabajo se asienta sobre el principio protectorio, de reconocida raigambre constitucional (art. 14 bis de la Const. Nac.), del cual se desprenden, entre otros, el de irrenunciabilidad que postula la imposibilidad jurídica de las partes para convenir la supresión o reducción de los derechos que conforman el denominado Orden Público Laboral, es decir, los reconocidos por las normas integrantes del bloque de legalidad laboral (Ley de Contrato de Trabajo, Estatutos Profesionales y Convenciones Colectivas de Trabajo; arg. art. 12 L.C.T.). En sentido estricto, dicha directiva informa todo el ordenamiento jurídico laboral y se proyecta en cada una de las instituciones que lo conforman (jornada, vacaciones, suspensiones, remuneración, indemnizaciones por extinción, etc.).----------------------------------------------------------

Desde esta perspectiva puede decirse que el sueldo o la remuneración goza de la protección brindada por el principio de irrenunciabilidad de modo tal que, prima facie, no resulta legalmente admisible que las partes del contrato de trabajo celebren a su respecto ningún negocio derogatorio o liberatorio que altere, restrinja o suprima, en perjuicio del trabajador, los derechos que normativamente le han sido reconocidos; lo cual también deviene aplicable frente a terceros, como ocurre en el analizado caso de marras.---------------------------------------

Nuestro máximo Tribunal, la Corte Suprema de Justicia de Nación, ha admitido que las prestaciones de índole salarial, tienen un rasgo distintivo común dado por la naturaleza alimentaria de tales prestaciones, lo que determina la necesidad de una eficaz protección legal y, de ser necesario, jurisdiccional.-----------

Por el contrario, entender que la voluntad de las partes se encuentra antes y por encima de las disposiciones constitucionales y supra legales protectorias, menoscaba el Orden Público, concepto éste, receptor de los cuatro elementos del bien común (social, cultural, económico y político) que debe ser respetado siempre, mientras tengan vigencia las normas aludidas; no pudiendo los particulares, ya sea en forma unilateral o conjunta -con su equívoca voluntad-, derogar la protección constitucional mínima del salario o remuneración.----

A mayor abundamiento, si bien el trabajo prestado a favor del Estado -sea nacional, provincial o municipal- está regulado por regímenes laborales específicos y a los que, en principio, no les resultan aplicables las reglas de la LCT, la retribución que los agentes estatales reciben como compensación por sus servicios, posee las mismas características que el “salario” del dependiente privado y, consecuentemente, merece similar tutela, máxime frente a terceros acreedores del trabajador.-------------

"El trabajador dependiente también debe ser protegido, en cierta medida, contra sus posibles acreedores para que éstos, mediante el embargo, no puedan afectar el crédito de remuneración de tal modo que el trabajador se vea privado de sus recursos necesarios de existencia" (KROTOSCHIN, Ernesto, Tratado práctico de Derecho del Trabajo, 3 ' ed., Depalma, Buenos Aires, 1977, vol. I, ps. 302 y 304).--

En razón de lo antes fundamentado, surge de modo diáfano, que la conducta desplegada por la entidad bancaria para con el amparista, en principio, deviene arbitraria y de manifiesta ilegalidad, ya que ha obrado a sabiendas de que lo retenido es el salario íntegro y en su totalidad del actor, no pudiendo escudarse en disposiciones contractuales que violentan el Orden Público, normas constitucionales y pacífica jurisprudencia que en este sentido no generan duda alguna ni posible discusión en lo que a este respecto y en materia salarial incumbe, lo cual el Juzgador no puede soslayar ni permitir siquiera con el consentimiento del propio actor (lineamiento que emana de normativa tal como el Art. 12, 131, 133, ley de Contrato de Trabajo, Constitución Nacional y Tratados Internacionales de rango supra legal de protección del salario en sus diversas formas), por su claro efecto lesivo, en violación a derechos amparados en la Carta Magna (Arts. 14, 14 bis, 17, 18 y cdtes.), y de gravedad tal que exige un pronunciamiento jurisdiccional urgente y de excepción como lo es la acción de amparo a resolver, sin perjuicio de futuras acciones que podrán promover las partes involucradas en defensa de sus derechos, además de toda posible renegociación extrajudicial que puedan consensuar para dirimir el conflicto.--------------------------------------

Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE:--------------------------

I.- Hacer lugar parcialmente a la Acción de Amparo interpuesta, ordenándole al Banco demandado le restituya al amparista, dentro del plazo perentorio de 48 hs. de notificado, mediante reintegro por depósito en su cuenta sueldo, las sumas que indebidamente le fueran debitadas en fecha 6 y 7 de Mayo de 2013, respectivamente, y que consisten en el excedente del 20% (veinte por ciento) de los importes acreditados en su cuenta en dichas fechas y en concepto de haberes; bajo apercibimiento de ley y de sanciones conminatorios para el caso de incumplimiento de la orden judicial impartida.---------------------------------------

II.- Asimismo, deberá reintegrarle, bajo la misma modalidad dentro del mismo plazo y bajo el mismo apercibimiento, la suma también debitada de su cuenta sueldo en fecha 24/5/2013 y por $1.563,32, en razón de la naturaleza salarial de dicha cuenta y por no registrar saldo suficiente a la fecha del débito realizado que lo justifique, conforme la constancia de los movimientos de la cuenta obrante a fs. 21.----------------------

III.- Disponer para el futuro, en el marco del Amparo y de los fundamentos legales citados, que el Banco demandado sólo podrá realizarle bloqueos y/o débitos en la cuenta sueldo del amparista para el cobro de su acreencia derivada de cualquier contratación celebrada entre las partes, únicamente en la oportunidad que se le acrediten al mismo sus haberes en cuenta y por sumas que no podrán exceder el 20% (veinte por ciento) de lo depositado en dicho concepto.------------------------------

IV.- Atento la excepcionalidad del recurso y el modo en que se resuelve, las costas causídicas deberán ser soportadas en el orden causado.----------------------------------

V.- Regúlense los Honorarios profesionales de los letrados intervinientes en representación del amparista, Dr. Javier Larrion y Dra. Andrea Fadelli, en la suma de PESOS XXXXXX ($.XXXXX.-) (cinco JUS) en conjunto; y los del Dr. Jorge A. Gómez, en representación del Banco demandado, en PESOS XXXXX ($.XXXXXXX.-) (cinco JUS).-

VI.- Cúmplase con el aporte a la Ley Nº869 de Caja Forense.-----

VII.- Regístrese en (S).- Notifíquese.--------------------------

Con lo que terminó el acuerdo firmando los Sres. Jueces Dr. Raúl F. Santos, Dr. Luis F. Mendez y Dr. Luis E. Lavedan, por ante mi que certifico.-------------------------

DR. RAUL F. SANTOS DR. LUIS F. MÉNDEZ DR. LUIS E. LAVEDAN

Juez de Cámara Juez de Cámara Juez de Cámara

DR. JORGE A. BENATTI

Secretario de Cámara.